Cataratas: desplazaron al intendente del Parque Iguazú

POSADAS. -El intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio “Ruso” Acosta, será desplazado luego del incidente donde tres guardaparques retuvieron la cámara y borraron la memoria del aparato de Sixto Fariña, uno de los fotógrafos más reconocidos de Misiones, en un tenso episodio que fue presenciado también por el hijo de 13 años del profesional.

El Ministerio de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales (APN) se tomaron un par de días para estudiar a fondo lo que había pasado el viernes pasado en las Cataratas y resolvieron desplazar a Acosta.

“La APN reafirma su decisión de discontinuar la gestión del Intendente del PN Iguazú, Sergio Acosta, situación que le había sido comunicada en el mes de diciembre con independencia del hecho acaecido con el Sr. Fariña”, señaló un comunicado emitido esta tarde por la cartera que dirige Juan Cabandié, de quien depende la APN.

Sin embargo, fuentes del Ministerio consultadas por LA NACION afirmaron que el incidente protagonizado por Fariña, enviado por el diario El Territorio a las Cataratas a realizar una cobertura el viernes, fue decisivo para la salida de Acosta, quien asumió como titular de ese parque en 2019.

Además, “las autoridades de APN están evaluando un cambio en la reglamentación (que data de 2018) para ciertos casos específicos”, señala el comunicado, en referencia a las muy estrictas normativas que regulan el trabajo de los fotógrafos y medios de comunicación en las Cataratas.

El incidente puso en evidencia ciertas arbitrariedades o manejos discrecionales por parte de los guardaparques de Iguazú, que tienen poder para elaborar sus propias resoluciones, más allá de los lineamientos generales que baja la APN.

Al ser el Parque Nacional más popular del país, con un récord de 1.635.000 visitantes en 2019, las Cataratas también son una enorme caja cuyos fondos sirven para mantener el parque y aportar a otros con mucho menor caudal de visitantes.

Actualmente las disposiciones particulares del Parque Iguazú elaboradas en 2018 le dan la exclusividad para sacar fotos “comerciales” en el mejor sector de la Garganta del Diablo a una asociación de fotógrafos que paga un canon anual. LA NACION consultó a distintas fuentes de la APN cuánto se paga por ese canon y a dónde va el dinero, pero hasta el momento no obtuvo respuestas. En tanto, Acosta en ningún momento contestó a los requerimientos de LA NACION y otros medios.

Ese negocio, además, llevó a las autoridades del Parque Nacional Iguazú a establecer una suerte de “corralito” con una cadena y prohibir el acceso al mejor sector del balcón de la Garganta del Diablo, dejándolo en exclusividad para los fotógrafos permanentes de las Cataratas.

Estos fueron quienes denunciaron a Fariña cuando se encontraba tomando imágenes en ese lugar, hasta que aparecieron tres guardaparques que lo llevaron a una pequeña oficina donde estuvo en un tironeo que duró horas, ya que el reportero, con 46 años de trayectoria, se negaba a entregar su equipo de trabajo o a que le borraran la memoria.

Al final Fariña decidió dejar una de sus cámaras, que recuperó 48 horas después, con la memoria borrada.

El dinero recaudado por los cánones que cobran los fotógrafos no va a la misma caja que los tickets que se cobran por el acceso al Parque Nacional Iguazú.

Esto lo confirmó a LA NACION Roberto Enríquez, el empresario que maneja Iguazú Argentina, la principal concesionaria en Cataratas y la empresa que realizó las inversiones para la renovación de las pasarelas, el tren ecológico y la principal infraestructura del parque.

El fotógrafo Fariña también realiza trabajos freelance para Iguazú Argentina y tiene excelente relación con Enríquez y el gerente del concesionario que trabaja en Cataratas, que nada pudieron hacer para evitar que al reportero le retuvieran la cámara y le borraran la memoria. Tampoco sirvieron los llamados de las máximas autoridades de Misiones.

Misiones no tiene ninguna injerencia sobre el Parque Nacional Iguazú, aunque esté en su territorio. En el año 2008 la provincia intentó crear con una ley para recuperar algo de control sobre el río e islas adyacentes, pero la APN fue a la Corte Suprema, que declaró la inconstitucionalidad de la norma que le daba creación a ese espacio.