Claves de la investigación del delito

Raúl Plee
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28 de agosto de 2011  

Como todo quehacer humano, la puesta en marcha y el desarrollo de una investigación criminal por parte de los órganos encargados de persecución penal y judiciales –en tanto los jueces por regla general son los directores del proceso en materia de delitos federales–, obedece a pautas culturales que se repiten inexorablemente.

Salvo honrosas excepciones (escasísimos casos), los investigadores en una causa de narcotráfico se empeñan en ubicar para su aprehensión a los autores del delito, así como tratan de obtener la incautación de la mayor cantidad posible de elementos que constituyen el instrumento del delito (p. ej: pasta base, precursores, droga elaborada, "cocina", elementos de corte, elementos para el fraccionamiento, etc.).

Mas, uno de los factores más importantes para la lucha contra el narcotráfico, la más de las veces pasa inadvertido. Me refiero a la obtención de elementos de prueba que permitan dirigir también la investigación hacia el producto del delito, es decir, la ganancia. Eso obedece, inobjetablemente, a un fenómeno cultural, que puede y debe cambiar. De hecho, algo se está haciendo en el ámbito del Ministerio Público.

Es que, cuando se presenta como hipótesis de trabajo en una investigación criminal la posible existencia de una organización delictiva de características transnacionales o, aunque vernácula organizada de manera extremadamente peligrosa, es imprescindible reconocer que muchos de sus miembros (los de menor jerarquía) pueden ser, inclusive, fungibles para la organización, pero que sus ganancias son su único objetivo defendible. En otras palabras, existe una verdadera "economía criminal" que subyace como objetivo último de la actividad delictiva de las organizaciones criminales.

El fiscal o el juez que se encuentren frente a una investigación orientada a desentrañar todos los detalles de una organización criminal y a la individualización de sus miembros, también tiene que reconocer que en esa asociación ilícita se presenta (además de una identidad criminal) un verdadero "perfil empresarial".

Una vez que seamos capaces de reconocer que estamos frente a una empresa criminal y no frente a un grupo de delincuentes, será el momento en que hayamos dado un giro en la cultura judicial (englobando en ella a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad que actúan en las investigaciones subordinadas a aquéllos).

Un esfuerzo institucional plausible se concretó recientemente, cuando en el orden federal, el procurador general de la Nación dispuso a través de la Resolución PGN N° 134

09 del 13 de octubre de 2009. A través de esta instrucción general: "Instruir a los señores fiscales para que, a partir de la notificación de la presente resolución, en el marco de las investigaciones que se lleven a cabo por hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y demás delitos relacionados con la criminalidad económica, realicen –en forma simultánea a las medidas destinadas a lograr el esclarecimiento del hecho ilícito–, la investigación patrimonial de cada una de las personas involucradas..."

Todavía cuando en muy pocos casos se ha visto concretada esta disposición –probablemente por la necesidad de contar con órganos auxiliares especializados en ese tipo de investigación– esa metodología se convierte en un salto cualitativo de enorme trascendencia, en tanto marca cómo debería en el futuro encaminarse la investigación del lavado de dinero del tráfico de drogas.

Por un lado, en tanto, atacando a sus ganancias se ataca a la esencia de la organización delictiva; y por el otro, en razón de que se evitaría la integración de fondos ilícitos al circuito legal, lo cual afectaría seriamente el orden socioeconómico.

El autor es fiscal de la Cámara de Casación Penal y titular de la UFI-Lavado

Por: Raúl Plee
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