Los escándalos en la Justicia. Con diferencias avanza el juicio político contra el juez Oyarbide

Diputados se aprestaba a girar al Senado los casos de Tiscornia y Pisarenco

24 de Septiembre de 1998

El proceso de enjuiciamiento contra el juez federal Norberto Oyarbide transita ahora por los tramos finales en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. El oficialismo, que habría decidido promover su acusación, le corrió traslado de los diversos cargos que se le imputan y le otorgó el plazo formal de cinco días para presentar su última defensa.

Los miembros de la Alianza, si bien coinciden con sus pares del PJ en impulsar la acusación del magistrado, difieren en cuanto los cargos imputados. Consideran que son insuficientes, por que se eludió la presunta vinculación entre Oyarbide y agentes de la Policía Federal en una supuesta red de protección a prostíbulos.

El magistrado, que actualmente goza de licencia, está acusado de haber amenazado de muerte al recepcionista del restaurante El Mirasol de la Recova, Zinedinne Raschem. Esa causa destapó su supuesta concurrencia a prostíbulos masculinos y al expediente se incorporó un video donde un hombre con las facciones similares a la del juez aparece en una habitación que sería del local Spartacus.

Asimismo, fue acusado de recibir dinero a cambio de otorgar protección judicial a una supuesta red de establecimientos clandestinos que se dedican a la oferta sexual. La denuncia fue realizada por Luciano Garbellano, dueño de Spartacus, y otros testigos de la causa.

Sin embargo, el disparador del escándalo que involucró a Oyarbide fueron las presuntas amenazas proferidas Rachem. La denuncia derivó en un pedido de enjuiciamiento formulado por el juez Fernando Rodríguez Lubary, el cual forzó a los integrantes oficialistas de la comisión a deponer su actitud de dilatar el caso y a promover la apertura del enjuiciamiento contra Oyarbide.

Entre los cargos que el oficialismo le formuló a Oyarbide figuran:

Haber incurrido en una falta de ética que viola el Reglamento de la Justicia Nacional al ir en varias ocasiones al local Spartacus, lo cual compromete la dignidad de su investidura.
Haber omitido denunciar la comisión del delito de promoción y facilitación de la prostitución.
Haber omitido denunciar el tráfico de influencias del que se valía Garbellano haciéndose pasar por familiar suyo para obtener distintos beneficios.
Haber incurrido en presunto enriquecimiento ilícito por sobrepasar en exceso los pagos efectuados por distintos conceptos con relación a los ingresos percibidos por su función.
Haber incurrido en amenazas de muerte contra el argelino Rachem.

El juez Oyarbide contará, a partir de la notificación de los cargos, de cinco días hábiles para presentar de manera voluntaria su defensa. Si sus argumentos no resultan convincentes, la comisión promoverá su acusación en el recinto. Posteriormente será el Senado el que defina la suerte del magistrado.

Dos que siguen esperando

La Cámara de Diputados postergó para la sesión de la semana próxima la aprobación y envió al Senado de los pedidos de juicio político de los jueces Guillermo Tiscornia y Jorge Pisarenco.

En el dictamen emitido por la Comisión de Juicio Político los diputados del oficialismo y de la oposición acusaron al juez Tiscornia por no haber investigado en la causa por la mafia del oro, una investigación por evasión en el comercio de carnes y en otra que investigó a la empresa Angelo Paolo.

Pisarenco está acusado de haber entregado a un prófugo un cargamento de oro que había secuestrado.

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