Condenaron a un joven por una falsa amenaza de bomba en una escuela

Tenía 16 años cuando llamó al 911 y dijo que en una escuela de Ciudad Jardín había una bomba. Fue una falsa alarma, pero cansado de que este tipo de casos se repitieran una y otra vez, el municipio de Tres de Febrero se presentó ante la Justicia como particular damnificado. Ahora, el juez Ramón Bogado Tula, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil Nº 2 de San Martín, declaró al joven penalmente responsable. El magistrado se basó en el artículo 211 del Código Penal, que hace referencia al delito de intimidación pública.

En una primera instancia -como el proceso de responsabilidad penal juvenil se divide en dos fases- el adolescente deberá seguir un tratamiento tutelar. Pero en un año, cuando se realice la nueva audiencia, se le podrá determina una pena que podría ir de dos a seis años de prisión.

En el reciente fallo dictado por el juez se mencionan obligaciones como concurrir a un centro socio comunitario departamental con regularidad, continuar asistiendo a la escuela, seguir un tratamiento psicológico y asistir en forma quincenal a la sede judicial. También, el joven deberá ir a los talleres en la Dependencia de Explosivos de San Martín, y concurrir a una entrevista en el sistema 911 "para comprender cabalmente la labor de estos organismos ante hechos de emergencia, y cuáles son las consecuencias negativas que generan estas falsas amenazas", se establece en el texto del fallo.

Además, por la vía civil correrá la sentencia relacionada con el daño económico para resarcir a la Municipalidad de Tres de Febrero por los recursos estatales que deben ponerse en acción ante estas situaciones.

¿Qué sucede cada vez que alguien llama al 911 y denuncia que hay una bomba en una escuela? Se activa un protocolo en el Ministerio de Seguridad y se avisa a la Dirección de Explosivos, que va de inmediato a inspeccionar el lugar. Al mismo tiempo, interviene personal de la comisaría más cercana para evacuar el establecimiento. En cada maniobra de este tipo se movilizan brigadas de explosivos, bomberos y personal de Defensa Civil, además de ambulancias. Y se pone en alerta a los hospitales de la zona.

"El perjuicio que esto ocasiona es muy grande. En 2017, cuando se convirtió en algo frecuente, no dábamos abasto -recuerda el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela-. No solamente se ponen recursos económicos en juego; también esto provoca un caos en la continuidad de los días de clase, el caos y el estrés de los maestros y directores ante una evacuación. El miedo de los chicos. No es una broma. Por eso decidimos tomar el toro por las astas y dejar bien claro que hacer esto constituye un delito. No es gratis y hay consecuencias".

La investigación fue realizada por el Ministerio Público Fiscal, que hizo allanamientos y determinó que el joven estuvo involucrado en ese hecho que ocurrió en agosto de 2017, en una escuela de Ciudad Jardín. Durante el juicio, declararon autoridades de la institución educativa, personal policial, miembros de la Brigada Antibombas de San Martín y funcionarios de las carteras de Seguridad, Educación y Legal y Técnica de la Municipalidad.

Hace dos meses, la Fiscalía de Estado confirmó a LA NACION que tramita al menos 1000 expedientes para hacer pagar a los responsables de estos hechos.

En marzo pasado se dictó la primera condena contra un joven que hizo amenazas en una escuela pública de Morón. Debió pagar $60.000 y realizar tareas comunitarias.