Contrabando: ordenan un millonario embargo

Decisión: el juez que investiga el fraude a la Aduana, dispuso la medida sobre la firma Murchison, que administra depósitos fiscales.

26 de octubre de 1996

El juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, que investiga el millonario fraude al fisco mediante la evasión de controles aduaneros, trabó ayer un embargo preventivo de 20.000.000 de dólares a la empresa Terminal Containers Operator , que administra depósitos fiscales en el puerto metropolitano.

El magistrado también dispuso la libertad por falta de mérito de uno de los miembros del directorio de esa firma, Guillermo Murchison, detenido durante un allanamiento efectuado anteanoche en las oficinas de la empresa investigada, en Suipacha y la avenida Castillo, de la zona portuaria.

Consultado al respecto por La Nación, Guillermo Murchison dijo que "la empresa posee toda la documentación de los contenedores en regla y su salida de los depósitos fue verificada por un vista de la Aduana".

El procedimiento fue realizado por personal la Brigada de Investigaciones de Quilmes de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario inspector Rolando Machuca, que colabora con el juez Tiscornia desde el comienzo de la causa.

Los policías fueron los que descubrieron, hace ya algunos meses, un inusual movimiento de camiones con contenedores que circulaban por el conurbano bonaerense.

Así, luego de una labor de inteligencia que incluyó seguimientos y filmaciones, se descubrieron los hechos ilícitos que se cometían con esos contenedores . Estos llegaban al puerto metropolitano y a la Aduana de Ezeiza y eran luego retirados como "mercadería en tránsito".

Pero los productos transportados eran después comercializados en el mercado local, con lo que se evadían los controles aduaneros y el impuesto al valor agregado.

Sin intervención

A raíz de datos aportados por el fiscal de la Cámara de Casación Penal, Raúl Plee, quien fue designado por la Procuración General para colaborar en la investigación, se determinó que 16 contenedores habían salido de la terminal TCO sin que se diera intervención al Sistema Informático María, de verificación de la Aduana. A raíz de ello se resolvió allanar los depósitos y detener a dos empleados, pertenecientes a una línea jerárquica intermedia de la firma.

Sin embargo, Tiscornia creyó oportuno indagar a Murchison ya que, según se dijo, como responsable de la empresa no podía desconocer lo que ocurría en ella.

El directivo fue interrogado hasta la medianoche del miércoles último y, tras haber pernoctado en una dependencia del Departamento Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, Tiscornia ordenó su libertad por falta de méritos.

No obstante, dada la posibilidad de que se hubieran cometido hechos ilícitos con la salida de los contenedores que no fueron comunicados a la Aduana, se trabó un embargo preventivo contra la empresa administradora de los depósitos.

Una comprometida situación

Durante los últimos 18 meses hubo 18.000 bultos , salidos de Ezeiza y del puerto de Buenos Aires, que no llegaron a destino.

Así lo confirmó una alta fuente de la Administracional Nacional de Aduanas, que hizo el relevamiento que consta en un informe que será enviado en breve al fiscal de la Cámara de CasaciónPenal Raúl Plée, y a su adjunto, Gerardo Pollichita.

Ambos encabezan un equipo de cinco personas que coordina las actividades de los fiscales en todo el país.

Plée fue designado por el procurador general, Angel Agüero Iturbe, a requerimiento del presidente Carlos Menem.

La causa por el millonario contrabando en la Aduana porteña, que instruye el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, cobró impulso hace un mes y si bien no están imputados los más altos responsables del organismo durante las gestiones de los ex administradores Gustavo Parino y Walter De Fortuna, se sabe que la investigación de la responsabilidad de esas personas es el norte de la pesquisa.

La figura de la omisión

Según una alta fuente tribunalicia, no se descarta que su desempeño pudiera estar contemplado en lo que se denomina un delito por omisión. "No se puede argumentar desconocimiento sobre ninguna de las cosas que sucedieron durante su gestión", dijo un veterano funcionario del fuero penal económico. Aproximadamente unos 1450 bultos en tránsito, concepto que incluye tanto bultos como contenedores enteros, ingresaron sin control a través del puerto local y que otros 14.300 lo hicieron por Ezeiza, pero nunca llegaron a destino.

Si bien se supone que los altos funcionarios del organismo no participaron directamente en la maniobra, la Justicia podría analizar qué responsabilidad les cabe por haber dictado y aplicado una normativa contraria al Código Aduanero, que dificultó la realización de las tareas de control.

Juan Carlos Larrarte

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