Controversia por la ley de los tragamonedas

Fue aprobada anoche, con acusaciones
(0)
29 de mayo de 2003  

LA PLATA.- En medio de una ácida disputa, la Legislatura bonaerense sancionó ayer una nueva ley que autoriza el funcionamiento de las máquinas electrónicas tragamonedas en las salas de bingo de la provincia.

La controversia por la ley se disparó en la Cámara de Diputados, que aprobó el texto anteanoche, en menos de diez minutos. Desde el radicalismo y el ARI se denunciaron irregularidades en el llamado a sesionar y se cuestionó la actitud del oficialismo de no adelantar el texto del proyecto que iba a tratarse, obligatorio según el reglamento.

"Quórum comprado"

El radical Juan Pedro Tunessi fue más allá y consideró que "hubo un quórum comprado con legisladores que vinieron de prestado".

Hacía un año y medio que el gobierno conducido por Felipe Solá buscaba, sin resultados, regular la actividad. De hecho, los sucesivos retrasos y la indiferencia legislativa obligaron al mandatario provincial a dictar, en junio de 2002, un decreto (N° 1372/02) que dispuso la autorización para el funcionamiento de tragamonedas en los bingos y estableció algunas premisas para ordenar una actividad en la que se mueven $ 400 millones al año.

Si bien la iniciativa convertida en ley ayer por el Senado se basa en el decreto del gobernador, se incorporó una comisión bicameral con injerencia para otorgar las concesiones a las salas de juego que no es aceptada por el gobierno ya que "interfiere en facultades exclusivas del Ejecutivo", dijeron fuentes del Instituto de Lotería y Casinos provincial.

La norma autoriza el funcionamiento de las tragamonedas en los 46 bingos existentes en el territorio provincial y estipula que las máquinas sólo podrán retener como ganancia el 15% de las apuestas o, lo que es lo mismo, fija el porcentaje destinado a premios para los jugadores en 85%. Según el texto, el 34% de las utilidades brutas -monto total ingresado menos los premios- irá a parar a las arcas del Estado provincial y el resto quedará para los empresarios que, a su vez, deberán repartir esa recaudación con las entidades de bien público, verdaderas titulares de las salas de juego.

Las concesiones tendrán un plazo máximo de 15 años y autoriza una máquina cada dos puestos del bingo tradicional; obliga a las firmas a contratar un empleado por máquina en funcionamiento, y permite habilitar sólo una sala de bingo por distrito.

Además, se establece que los $ 50 millones que los empresarios del sector habían adelantado a la provincia, se transformará en un monto "resarcitorio", por lo que no pagaron cuando funcionaron amparados por la Justicia, ante la vigencia de una ley que los inhabilitaba. A través del artículo 12°, se crea una Comisión Bicameral Especial, con seis legisladores -tres de cada Cámara-, para control del sistema, dictaminar sobre las nuevas radicaciones de salas y prórrogas de concesiones.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Sociedad

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.