Córdoba y Mendoza apuestan al control civil de las fuerzas

Sostienen que, desde que hay tribunales externos, hay menos cesanteados

20 de abril de 2009

Los organismos que revisan los asuntos internos de las policías de Córdoba y de Mendoza sostienen que, a juzgar por las estadísticas, no hay graves problemas de inconducta o de corrupción entre los uniformados. Destacan que eso es así desde que la integridad en el desempeño policial es controlada por un tribunal civil de gobierno, pero externo a la fuerza.

En la provincia mediterránea fueron cesanteados en el último año 11 policías, mientras que en el distrito cuyano, durante 2008, hubo un exonerado y 22 cesanteados.

La situación, así expuesta, parece contrastar con lo que sucede con la policía bonaerense, cuya credibilidad sufrió este año un duro golpe con la detención de varios policías por su presunta vinculación con el secuestro del empresario Leonardo Bergara, cautivo durante 33 días.

En febrero pasado, un informe de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense notificaba que durante 2008 habían sido investigados por irregularidades 5989 policías, prácticamente el 1% de la planta total de la fuerza, que asciende a 54.000 efectivos. El año pasado, según consta en ese informe, fueron suspendidos 901 agentes, de los cuales 579 fueron exonerados.

En la policía cordobesa no se ha detectado la existencia de nichos de corrupción o de grupos organizados para delinquir, según se informó en el Tribunal de Conducta Policial, organismo civil del gobierno. Su directora, la abogada Ana Becerra, reveló a LA NACION que, entre mayo de 2008 y este mes, fueron cesanteados 11 policías por actos penados por la ley. Becerra agregó que hasta diciembre pasado se habían aplicado sanciones por indisciplina o incumplimiento de sus deberes, entre cesantías y suspensiones, a entre el 6 y el 7% del plantel de 1600 efectivos, entre policías y agentes penitenciarios.

En Mendoza, según informó a LA NACION Félix Pesce, director de la Inspección General de Seguridad (otro organismo gubernamental civil que controla la integridad en el desempeño policial), hubo durante 2008 un policía exonerado y 22 cesanteados por la comisión de ilícitos, además de medio centenar de agentes que cometieron faltas e infracciones de distinta gravedad, de los cuales 11 recibieron hasta 10 días de suspensión y 44 fueron sancionados con suspensiones de entre 11 y 60 días.

Hubo policías acusados en casos resonantes, como una pareja de uniformados detenida por su presunta participación en un asalto a un camión de caudales en Guaymallén, el 1° de septiembre de 2008, durante el cual fue asesinado el cabo Eduardo Correa; o los dos policías acusados de haberse quedado con parte del botín de un robo a una joyería, que había sido encontrado en la calle por una vecina, o, más recientemente, el oficial y el agente que quedaron acusados de integrar una banda que robaba autos para vender repuestos.

lanacionar

Conforme a los criterios de

Más información