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CORDOBA.- Todo comenzó con una denuncia de un laboratorio de Villa María (Córdoba) y la investigación detectó que dos bioquímicas cobraban y emitían certificados falsos de testeos de coronavirus. Medio centenar de personas habrían sido engañadas por Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero, quienes están presas desde hace 14 días acusadas de estafa y uso de documento privado falso en concurso real. En horas se sumaría la imputación de asociación ilícita.

La investigación que llevó a las detenciones estuvo a cargo del fiscal Gustavo Dalma, quien también imputó a Florencia Galetto por el delito de falsificación de documento privado, y a Javier Luján Zapata y Rodolfo Adrián Galetto como partícipes necesarios del delito de estafa. Los tres siguen en libertad y ya declararon ante la Justicia.

Pablo Gornitz, titular de Laboratorio Gornitz, contó que hicieron la denuncia después de que un hombre de Córdoba, en enero último, los llamara para consultarlos sobre el estudio de Covid-19 realizado a su hijo.

A esa persona le había llamado la atención la velocidad con que estuvieron los resultados y después advirtió que el teléfono que figuraba en el membrete era de la ciudad de Córdoba y el laboratorio era de Villa María.

La bioquímica había ido a hacer el análisis al domicilio convocada por el hombre –a quien le habían dado el dato– porque su hijo tenía síntomas de coronavirus. La investigación transparentó que las dos bioquímicas emitían certificados falsos con el nombre del laboratorio villamariense; la médica que firmaba no existía.

La investigación determinó que el laboratorio está fuera de toda sospecha; Gornitz también alertó al Colegio de Bioquímicos de Córdoba. Lo que se analiza es si el accionar de las dos bioquímicas afectó y cómo la salud de los analizados y de sus grupos de contacto, porque podrían haber generado contagios.

La Justicia detectó que los testeos nunca se procesaban y los resultados que entregaban siempre daban negativos. Ya se identificaron a 30 personas estafadas, aunque se supone que hay entre 20 y 30 más. Además, se pagaban entre $6.000 y $11.000 por los estudios a domicilio.

Villalón y Lucero están alojadas en la cárcel de mujeres, mientras en la Fiscalía continúa la toma de declaraciones. Ellas serían indagadas esta semana. Las estafas detectadas hasta el momento se realizaron en el segundo semestre del año pasado, en los meses en que se exigían certificados para realizar determinadas actividades o viajar.

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