Coronavirus: ordena la Justicia medidas para atender psiquiátricos

La Justicia ordenó ayer al gobierno de la ciudad adoptar en forma urgente medidas para la protección de los derechos humanos de las personas internadas y atendidas en forma ambulatoria en los hospitales neuropsiquiátricos porteños: Borda, Moyano, Tobar García y Alvear.

El Juzgado Contencioso Administrativo 12, a cargo de la jueza Alejandra Petrella, dispuso que el gobierno porteño dote a pacientes y personal de los equipos de protección (barbijos y/o cubre bocas) y elementos de higiene y seguridad (jabón, toallas, alcohol en gel) tanto en servicios como en pabellones y consultorios externos.

La Justicia ordenó elaborar un protocolo de actuación para los hospitales psiquiátricos monovalentes que considere la situación de las personas internadas.

Así, la magistrada hizo lugar a un pedido de amparo colectivo que el Centro de Estudios Legales y Social (CELS) presentó el 7 de este mes por la situación de los pacientes de estos hospitales.

Acerca de la cautelar, fuentes del Ministerio de Salud porteño dijeron a LA NACION que los directores de los cuatro hospitales acreditaron judicialmente que en ninguno faltan elementos de protección personal y que se explicó "de manera didáctica" la necesidad de medidas de cuidado, higiene personal y distanciamiento social a los pacientes.

Las mismas fuentes agregaron que se activaron los protocolos de actuación sanitaria de los gobiernos local y nacional y se capacitó al personal profesional y no profesional de esos hospitales.

Luego de conocerse el lunes último el primer contagio de Covid-19 en el Borda, el CELS reiteró la necesidad de identificar casos sospechosos y realizar testeos entre los residentes de los servicios 21 y 23 del Pabellón Siglo XXI del hospital, en uno de los cuales vivía el paciente afectado, internado en el Penna.

El CELS resaltó que "las personas internadas en los hospitales psiquiátricos constituyen un grupo de riesgo alto por las condiciones de vida manicomial y la invisibilización de sus problemáticas, aun en la pandemia".

La medida cautelar de la jueza Petrella ordenó informar y acreditar las tareas de desinfección y fumigación y la provisión de repelentes. Además, determinó que deberá garantizarse el derecho a la comunicación de los pacientes con sus familias y defensores y que, de no concretarse, se arbitrarán los medios para exigir que se lo cumpla.

Sin embargo, desde la cartera sanitaria porteña se informó que la comunicación entre los usuarios y sus familiares o tutores legales se realiza a través de teléfonos fijos y móviles destinados a tales fines por el gobierno porteño y que todos los efectores cuentan con wifi.