Procesaron a los responsables de una clínica de Vicente López por propagar el coronavirus

Una investigación judicial que comenzó para determinar las causas del fallecimiento de Fátima Cellini, una mujer internada en el Centro de Salud Norte (CSN), situado en Villa Adelina, en Vicente López, puso al descubierto una presunta asociación ilícita que tenía como objetivo lucrar con la salud de los pacientes, en su mayoría afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). El accionar delictivo, en medio de la pandemia de Covid-19, habría tenido como consecuencia que 36 personas fueran contagiadas del coronavirus y dos hayan fallecido.

Así se desprende de una resolución de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado donde procesó al sindicado dueño del CSN, Benjamín Teitelbaum; el director médico, Jorge Pinzetta Martínez, y la coordinadora médica, Ana Bellusci. La magistrada trabó fabulosos embargos sobre los bienes de los imputados hasta cubrir sumas de entre 500 y 2000 millones de pesos.

Los imputados fueron procesados por integrar una asociación ilícita y por los delitos de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para la salud, en este caso Covid-19, y de falsedad ideológica de instrumentos públicos.

"Existía entre Teitelbaum, Pinzetta Martínez, Bellusci y otras personas cuya participación se encuentra en curso de investigación, un acuerdo de voluntades que perduró en el tiempo cuya finalidad era lucrar con la salud de los adultos mayores y de un deficitario servicio de salud, que mutó en un delictivo manejo del CSN, en perjuicio de sus pacientes y, en la actualidad, en virtud de la pandemia que nos acecha, también derivó en la afectación de la salud de sus trabajadores (médicos y no médicos) y familiares, de personas que directa o indirectamente tuvieron contacto con el sanatorio y, dada la alta volatilidad del virus, de personas indeterminadas", afirmó Arroyo Salgado en su resolución con fecha del 12 de este mes, según explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

Teitelbaum y Pinzetta Martínez fueron procesados con prisión preventiva. Bellusci, que declaró como arrepentida ante el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, sin prisión preventiva. En su declaración como imputada colaboradora, la médica sostuvo: "El CNS no es un lugar en que haría atender a mi padre. Hay muchas deficiencias. En invierno la gente se muere de frío y en verano se muere de calor", según dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

La causa comenzó con una denuncia de la familia de Cellini, una paciente de 65 años que falleció el 6 de abril pasado después de haber estado internada un mes en el CSN. Según un dictamen del fiscal Domínguez, "pese a haber manifestado síntomas que produce el Covid-19 no le realizaron el correspondiente hisopado para confirmar o descartar la presencia de dicho virus". Finalmente se confirmó que la mujer se vio afectada por el coronavirus. No fue la única: hubo otra paciente fallecida a la que se detectó el virus.

En el dictamen donde había pedido la detención de los sospechosos, el fiscal Domínguez sostuvo que hubo una serie de "conductas desplegadas por quienes tienen bajo su responsabilidad el funcionamiento de dicho centro de salud, que propiciaron las condiciones para el surgimiento de un foco altamente infeccioso [de Covid-19] con un impacto lesivo de incalculables dimensiones".

Después de la confirmación de que Cellini murió de Covid-19 se ordenó testear a todos los familiares de la víctima, al personal de la casa velatorio que se encargó del sepelio, a los ambulancieros y a empleados del CSN. Los estudios médicos determinaron que la mayoría de las personas dieron positivo de coronavirus. Además hubo una segunda paciente fallecida.

Maximizar ganancias

"Con el afán de maximizar sus ganancias únicamente se enfocaban en ello, desatendiendo la salud de quienes más necesitaban la aplicación de la medicina", afirmó Arroyo Salgado en su resolución, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales.

La jueza Arroyo Salgado señaló a Teitelbaum como jefe de la presunta asociación ilícita. "Se logró determinar el rol que cada uno ocupaba en esta empresa delictiva, en donde Teitelbaum lideraba y Pinzetta Martínez con la colaboración de Bellusci ejecutaban y disponían las acciones para sostener el plan criminal", dijo la jueza en la resolución, según dijeron fuentes con acceso al expediente.

Para la jueza la sindicada organización delictiva estaba bien aceitada lo que demuestra "la permanencia y habitualidad, en la que cada integrante tenía un rol determinado, lo que simplificaba su funcionalidad".

A lo largo de sus 346 páginas, la jueza Arroyo Salgado fue contundente para con el presunto accionar delictivo. "[Los imputados] deliberada y despiadadamente propagaron la pandemia del virus Covid-19, sin importar si los afectados eran sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, otras personas que indirectamente tomaran contacto con ellos sabiéndose positivos del coronavirus. En consecuencia, los protocolos que Jorge Pinzetta Martínez manifestó haber confeccionado para aplicar en la clínica que médicamente dirigía, en el plano de la realidad, nunca fueron puestos en práctica, de ahí las nefastas consecuencias acaecidas y acreditadas en este expediente", afirmó la magistrada, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

En la resolución se habló de la falta de provisión de equipos de protección "adecuados al personal médico y no médico de la institución y la prohibición de su uso". Un enfermero que declaró como testigo sostuvo que le comentó a una supervisora que se iba a comprar él mismo los barbijos profesionales y como respuesta recibió que no se lo iba a permitir porque si lo utilizaba "iba a alarmar a los familiares de los pacientes".

Para la jueza, según los voceros consultados, "no puede perderse de vista que las conductas se llevaban adelante en el marco de un centro de salud al que cada paciente era derivado por el PAMI para que atendieran sus dolencias. Es decir, ingresaban en un nosocomio con la confianza que se le dispensaría el cuidado adecuado, pero muy lejos estaba de que ello aconteciera, solo basta con repasar el estado de las instalaciones y la actuación falaz en las historias clínicas, lo que demuestra el desprecio de quienes se encontraban a cargo de la clínica para con la vida de las personas, en su gran mayoría, vulnerables".