La licencia por violencia de género cada vez se aplica en más ámbitos

Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli / LA NACION
Evangelina Himitian
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22 de noviembre de 2018  • 18:30

Cada vez que el tsunami de la violencia se desata en su casa, Sofía M., de 42 años y empleada de una cerealera, tiene que inventar una excusa para su jefe. Que su hijo está enfermo, que algo que ella comió le cayó mal. O se pide días de sus vacaciones. Lo cierto es que muchas de esas ausencias, que a su jefe le parecen excesivas, se deben a que los gritos y las agresiones de su marido no la dejaron dormir, o incluso a que fue a hacer o a ratificar la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica. En su trabajo nadie sabe el calvario que está viviendo. Y si lo supieran, poco podrían hacer porque hasta hoy, la ley no contempla qué deberían hacer Sofía y su empleador.

El reclamo por la creación de las licencias pagas para víctimas de violencia de género fue una de las banderas del último 8 de marzo, en el Día de la Mujer. Y a pesar de que todavía no se trató el proyecto de ley de equidad de género que envió el presidente Mauricio Macri al Congreso (que incluye, entre otros puntos, el otorgamiento de diez días de licencia por violencia de género), cada vez son más los ámbitos que ya incorporaron esa figura: los docentes porteños, las fuerzas de seguridad y, días atrás, se anunció que los empleados de la administración pública nacional podrán hacer uso de esa figura legal a partir de 2019.

La medida, que será publicada en el Boletín Oficial el 12 de diciembre próximo, beneficiará a unos 140.000 empleados de la administración pública, aunque su alcance indirecto sería mucho mayor: se trata del primer paso para que la legislación nacional incorpore las licencias por violencia de género a los derechos de los trabajadores en relación de dependencia. Y aunque el proyecto de ley todavía debe pasar por las dos cámaras legislativas, ya existen varias empresas que incorporaron estas licencias para sus empleados.

Fuente: AFP - Crédito: Eitan Abramovich

A partir del año próximo, los empleados de la administración pública nacional podrán pedir una licencia laboral de hasta un mes por año si son víctimas de violencia de género. La resolución se firmó hace una semana en la Secretaría de Modernización del Estado, a cargo de Andrés Ibarra, de donde depende la Dirección de Empleo Público, con el acuerdo de los gremios ATE y UPCN. La medida, además, impulsará a que otras administraciones, provinciales y municipales, la incorporen.

El texto que va a regir para las licencias de la administración pública nacional prevé 15 días anuales para personas en situación de violencia de género con goce íntegro de haberes, que pueden ser corridos, y con el requisito de que haya una denuncia policial o judicial. Además puede ser otorgada una extensión de 15 días más "si la situación lo amerita".

Protocolos y ordenanzas

En paralelo, el miércoles se conoció que el Ministerio de Seguridad firmó la resolución 931, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, para que los empleados de esa área, incluidos quienes trabajen en las fuerzas de seguridad, puedan tomarse licencia si son víctimas de violencia de género, y dispuso la creación de un equipo multidisciplinario para dar contención a quienes la soliciten.

El año último se aplicó un programa especial en ese sentido dentro de las fuerzas de seguridad y casi 150 víctimas solicitaron la licencia.

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

En 2014, en el sector estatal, cuando se le concedió ese beneficio por primera vez en el país a una docente de Chubut, el reclamo logró cierto consenso en determinados gremios, en especial en aquellos sectores donde las mujeres son mayoría.

Si Sofía M. fuera docente porteña, o diera clases en alguna de las escuelas bonaerenses, ya podría hacer uso del beneficio, vigente en los respectivos estatutos desde hace más de un año. Como empleada municipal también: en la actualidad son varios los distritos en distintas regiones del país que incluyeron protocolos o impulsan ordenanzas para incorporar la misma figura.

Hasta ahora, el argumento que algunas víctimas utilizan durante el proceso de denuncia es pedir una licencia psiquiátrica, lo cual es inexacto y perjudica a la víctima. "Es sumamente importante que existan licencias por violencia de género -dice Ada Rico, presidenta de la ONG La Casa del Encuentro-. Por un lado, visibiliza la situación en el trabajo. A la mujer le da vergüenza contar lo que le está pasando. Para realizar la denuncia se necesita tiempo, luego hay que ratificarla y afrontar los trámites judiciales. Esa mujer está en un estado de vulnerabilidad extrema; muchas veces hay hijos de por medio y es terriblemente injusto que en su legajo se le abra una carpeta psiquiátrica. Con eso solo estigmatizan a las víctimas".

Y agrega: "Cuando un juez tiene que tomar una decisión con respecto del cuidado de los hijos, la existencia de las carpetas psiquiátricas en un legajo laboral no hace otra cosa que favorecer al agresor".

Crédito: Shutterstock

En el sector privado, aunque aún persisten algunas resistencias, hay varias empresas que se adelantaron a la iniciativa oficial y se animaron a incorporar las licencias para sus empleados: es el caso de la firma de cosmética Avon, de Natura, Farmacity y Carrefour, entre otras.

En 2017, La Casa del Encuentro participó junto con algunas empresas en la elaboración de protocolos para otorgar este tipo de licencias. El programa Alza la Voz contra la Violencia de Género, de la Fundación Avon, ya tiene más de diez años. Pero en agosto del año pasado se incorporó esta nueva licencia de diez días hábiles, que requirió de forma previa capacitaciones a todo el personal. Desde ese momento, las consultas internas por violencia de género en la compañía se duplicaron.

"Desde hace varios años que de manera informal damos contención y asistencia a las trabajadoras. Pero ahora tenemos un marco legal. Lo más importante es que sepan que pueden pedir ayuda y que hacer la denuncia judicial no es requisito excluyente para pedir la licencia", cuenta Florencia Yanuzzio, directora ejecutiva de Fundación Avon.

En 2015, y como parte de un programa de clima y bienestar laboral, los 20.000 empleados de Carrefour completaron una encuesta: un alto porcentaje mencionó la violencia de género. Entonces, hace un año, decidieron implementar esta licencia.

Víctimas que callan

Las cifras surgen de un estudio de la Universidad Abierta Interamericana

  • 17% de las mujeres encuestadas sufrieron violencia de género
  • 90% sufrió violencia psicológica
  • 50% sufrió violencia física

48% no hizo nada: a pesar de sufrir agresiones en forma permanente, no denunció, ni se fue, ni le pidió al violento que se fuera del hogar

28,7% se fue del hogar: la segunda respuesta más frecuente es que la víctima de violencia de género es la que decidió abandonar el hogar

84,6% sin contención: este amplio porcentaje de mujeres dijo que no se sintió contenida cuando hizo la denuncia policial o judicial

36,2% nadie sabe: es el porcentaje que dijo que su entorno más cercano no estaba al tanto de la situación que estaba viviendo

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