Crearon un registro para controlar a los policías exonerados

El gobierno bonaerense hará pública desde hoy la información sobre 8500 policías exonerados. Esos datos incluirán a los agentes dados de baja por faltas graves desde 1966, aunque el núcleo más importante del listado será representado por los 1400 efectivos expulsados desde diciembre de 2015. Las autoridades buscan que la difusión de ese registro permita evitar que policías dejados de lado por corrupción o robo puedan reinsertarse en lugares vinculados con la seguridad, como agencias privadas, o se transformen en asesores de políticos o empresarios. Un potencial empleador no podrá ahora ampararse en el supuesto desconocimiento del caso.

"Es importante que los policías sepan que ante actos ilícitos no solo habrá una condena administrativa, sino también social", es la idea que llevó a la gobernadora María Eugenia Vidal a exponer el registro de policías expulsados e inhabilitados.

Para la mandataria bonaerense resulta importante marcar una clara línea entre los agentes deshonestos y aquellos que cumplen con esfuerzo personal sus cotidianas tareas. Por eso también se destaca en la gobernación el reconocimiento dado en los últimos meses a 72 agentes por diversos actos de servicio, desde una policía rural que permitió el decomiso de más de 300 kilos de cocaína hasta los policías marplatenses ascendidos tras ser hostigados por un juez laboral durante un procedimiento.

La gobernadora considera que no es posible una política de seguridad con policías corruptos, pero que esa lucha no implica poner en duda el trabajo de la mayoría de la fuerza bonaerense. Sí, en cambio, se buscaron reformas que evitasen focos de corrupción, por lo que fue bancarizado el manejo de las comisarías y el sistema de adquisiciones quedó en manos de funcionarios políticos.

"Los policías tienen que saber que están para cuidar a la gente y no para administrar recursos" es una de las frases usadas por Vidal para graficar el cambio de doctrina interna. Para los funcionarios bonaerenses esa situación es una señal del quiebre de un viejo pacto entre la política y la policía, que garantizaba favores en épocas electorales a cambio de la autogestión de la fuerza.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confía en que el cambio llegará con una mayor capacitación policial. La mayoría de los agentes recibió un reentrenamiento en los últimos meses. Para los funcionarios, exponer a los exonerados y mejorar las condiciones laborales de los policías forma parte de un proyecto para que la fuerza provincial recupere la confianza del vecino. Y dentro del esquema policial también se estimula un sistema para premiar a quienes tienen la mejor capacitación, cambiándose la forma en que se deciden los ascensos.

Etchecolatz, en la nómina

Fomentar la vocación de los uniformados aparece entre los funcionarios bonaerenses como una tarea tan importante como separar a los agentes que no cumplen adecuadamente con el servicio de cuidar a los vecinos. En ese registro figurarán once exonerados que fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Entre ellos estará Miguel Etchecolatz –que reclamó por haber perdido su estado policial, en una carta a Ritondo que firmó como "prisionero de guerra"–, pero habrá un seguimiento especial de los casos resueltos en los últimos años.

La Auditoría Interna, a cargo Guillermo Berra, iniciará un trabajo de cruce de datos para determinar qué ocurre con esos efectivos dados de baja, ya que se detectaron casos en agencias privadas de seguridad, no solo como vigiladores, sino como propietarios.

Esa Auditoría Interna inició 27.000 sumarios y apartó a 11.500 policías desde diciembre de 2015, aunque el registro incluirá solo a los 1400 exonerados.