Prostitución y esclavitud. Crece la explotación de personas

“Ahí te la mando a la Rosita. Cuidámela, no dejés que ande en la ruta, yo sé que con vos va a estar bien, alimentámela bien.” Las palabras no pertenecen a una madre que encomienda a su pequeña a un pariente cercano, sino a una ex prostituta de Chaco durante una conversación con su ex patrón, en un prostíbulo de Córdoba.

En la Argentina la trata de personas es un delito que ha crecido en los últimos años, de la mano de la pobreza y del aumento de la marginalidad. Si bien no hay cifras oficiales debido a que aún no está tipificado en el Código Penal, los especialistas hablan de un incremento sostenido desde la crisis de 2001.

El Departamento de Estado norteamericano realizó un crítico diagnóstico sobre la situación en la Argentina. Entre otras apreciaciones, en su informe anual sostiene: "Es un país de destino para la trata de hombres, mujeres y niños con fines de explotación. Inmigrantes de países vecinos son llevados ilegalmente para ejercer todo tipo de trabajo forzado".

La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral es uno de los temas vinculados con los derechos humanos que más preocupan a la comunidad internacional. Es el tercer negocio redituable del planeta, luego del tráfico de drogas y de armas, con una facturación anual de 12.000 millones de dólares.

Localmente, la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima de Delitos, que depende de la Procuración General de la Nación, envió al Congreso un proyecto de ley para tipificar la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral como delito. La iniciativa es analizada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Vilma Ibarra (Frepaso-Capital).

La Red No a la Trata, ONG fundada en 2003 por "personas preocupadas por esta nueva forma de esclavitud del siglo XXI", tal como se presentan, también envió dos proyectos al Congreso.

La trata de personas recorre cuatro pasos: la captación, mediante engaño o violencia; el traslado; la recepción, y la explotación, que puede ser laboral y sexual. En otros países se dan también casos de niños usados con fines bélicos y para el tráfico de órganos.

Propuestas engañosas, promesas de trabajo con sueldos tan tentadores como inconcebibles, más una "generosa" cuota de seducción por parte de quienes cumplen el papel de captadores, son las marcas de las redes de explotación de hombres, mujeres y niños que operan en todo el mundo. El maltrato físico o psíquico, y la humillación son la única paga cuando se cae en la trampa.

"Acá, el fenómeno comenzó a notarse a partir de 1999. La pobreza y la falta de oportunidades son el caldo de cultivo de este tipo de delito. Quien no tiene opción es el que cae en este sistema macabro", explicó a LA NACION Eugenio Freixas, director general de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, "punto focal" en el tema de la trata de personas.

Córdoba, un imán

Córdoba es una de las mayores receptoras de mano de obra para la prostitución. En diálogo con LA NACION, la fiscal provincial Eve Flores, que mandó a juicio a dos policías y a otras personas por tráfico de mujeres paraguayas, describió a las víctimas: "En su mayoría, son analfabetas, indocumentadas y con poca contención familiar, lo que las convierte en discapacitadas sociales".

Pero no hace falta buscar a las víctimas fronteras afuera. "La crisis económica hizo que creciera la trata interna y que mermara la externa. En épocas de la supuesta bonanza, con la paridad cambiaria, hasta venían chicas de República Dominicana. Hoy, los afectados son los propios argentinos", dijo Freixas.

Las víctimas locales provienen de las provincias más pobres -generalmente, del Norte- que son trasladadas a los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde son despojadas de sus documentos y obligadas, mediante amenazas, a ejercer la prostitución y realizar trabajos forzados.

Programa en marcha

La Argentina se ha adherido a la Convención Internacional contra la Criminalidad Organizada Transnacional y al Protocolo de Palermo, que se refiere específicamente al problema de la trata de personas. Resta que ese compromiso se traduzca en hechos concretos, como la sanción de una ley que tipifique al delito de trata de personas, con penas previstas de hasta 20 años de prisión.

"Nosotros venimos trabajando en un programa de cuatro patas. La primera es asumir la obligación de tipificar el delito. Sin esta tipificación, se termina condenando a los responsables por otros delitos, generalmente menos graves, como facilitación de la prostitución o reducción a la servidumbre, que no responden a la naturaleza de esta problemática", expresó Freixas.

"En la democracia que estamos viviendo, la esclavitud está más firme que nunca con este tipo de delitos que, lamentablemente, no figuran en la legislación nacional", dijo a LA NACION Adriana Domínguez, referente en Córdoba de la Red No a la Trata, que trabaja en el caso de Margarita Verón, una joven tucumana supuestamente secuestrada por una red de prostitución hace ya cuatro años.

Entre otras cosas, piden que se condene también a los clientes. "Cuando logremos sentarlos a ellos en el banquillo de los acusados, vamos a lograr un quiebre en la historia de estas víctimas", confió Domínguez.

"Pero con lo legal solo no alcanza -expresó Freixas-; también hay que ver qué hacemos con las víctimas. En general, son personas que han cometido algún delito, como falsificación de documentos o ingreso irregular en el país. Pero estas conductas no pueden ser castigadas. Hay que ofrecerles el retorno a su país o provincia de origen dentro de un contexto de contención psicológica."

Además, la oficina dirigida por Freixas propuso crear una unidad especial para investigar el delito de trata de personas. "Esta unidad especializada ya está creada, pero no ha empezado a funcionar porque todavía no ha conseguido una sede donde operar. Pero su creación es un paso muy importante", sostuvo.

Se está llevando a cabo un programa de capacitación para las policías provinciales. "Nosotros pensamos que por las características de este delito, y porque el principal problema que tenemos no es la trata externa, sino la interna, es fundamental que sea un delito federal. Así se concentrarán los esfuerzos para ser eficientes", concluyó Freixas.