Crecen los conflictos con aborígenes por el reclamo de tierras

Franco Varise

LA NACION

El conflicto indígena por el reclamo de tierras, agudizado por la falta de aplicación de las leyes, es hoy una bomba de tiempo.

Las comunidades de pueblos originarios reclaman la restitución de unos 15 millones de hectáreas en todo el país, que representan la mitad de la superficie de la provincia de Buenos Aires.

El resurgimiento del indigenismo puede observarse a simple vista en hogares y establecimientos rurales de Jujuy, Neuquén y Río Negro, donde cada vez más se ve flamear la bandera del Tawantinsuyu (Imperio Inca), en el Norte, y la de los mapuches, en el Sur. Esos símbolos hablan de un anhelo más amplio que un simple lugar donde vivir: se refieren, prácticamente, a una "región independiente".

Comunidades diaguitas, collas y mapuches se definen como una "nación" distinta de la Argentina, a tal punto que algunos grupos radicalizaron sus posiciones mediante la toma de campos, amparados en su interpretación del artículo 75 de la Constitución nacional, reformada en 1994; en las leyes 23.302 y 26.160; en la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas (2007), y la adhesión argentina al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2002.

Con estas polémicas acciones sobre todo, en Neuquén y en Río Negro, varias comunidades mapuches, lograron visibilidad y el respaldo de organizaciones locales y del exterior. También se ganaron conflictos judiciales difíciles de zanjar, porque si bien para los propietarios de los campos se trata de usurpadores, la Constitución Nacional reconoce "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas" y señala que debe garantizarse "la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano".

Los numerosos litigios judiciales son, en este escenario, un camino sin salida, porque aún no avanzó casi nada el relevamiento oficial previsto en la ley 26.160 para definir cuánta tierra les correspondería a esas comunidades. Al no existir ese trabajo, demorado desde hace tres años en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, de la Nación, resulta imposible aplicar un criterio en los litigios, coinciden especialistas en derecho consultados por este diario.

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En 2006, el gobierno nacional anunció $ 30 millones para desarrollar el relevamiento, aunque hay pocas novedades concretas. "A la fecha, no se cuenta con datos certeros respecto del territorio por relevar a nivel nacional", reconoció a LA NACION, el presidente del INAI, Horacio Claudio Pascual Iramain. No obstante esa admisión, el funcionario opinó que el número extraoficial de 15 millones de hectáreas es "inexacto".

Darío Rodríguez Duch, actual legislador por ARI, de Bariloche, y durante tres años abogado de la Confederación Mapuche Neuquina, reconoce que hay zonas con dos dueños y, lo peor, es que ambas partes, supuestamente, tienen derechos sobre los terrenos.

"Así como está la situación es un caos absoluto y da para cualquier cosa: el Estado tiene un discurso sobre muchas cuestiones pero, en la práctica, no hace nada", dijo Duch, que admite suspicacias de ambas partes (propietarios oportunistas y comunidades indígenas alentadas para el conflicto). Ante ese escenario irregular, Duch advierte a los inversores que, antes de hacer cualquier compra de tierras en Neuquén o en Río Negro, analicen si está situada en una zona de conflictos. "Lo primero, si llegaran a tener una controversia, es armar una mesa de diálogo con la comunidad que lo reclama y, si no hay salida por esa vía, tienen que accionar legalmente contra quien les vendió la tierra o el propio Estado; otra opción no hay", dijo a LA NACION.

La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 reveló que hay 600.329 personas que se reconocen pertenecientes a pueblos originarios. La condición de indígena se logra por "autoadscripción". Los mapuches son el pueblo más numeroso, con unas 113.000 personas. Y son, además, los más vigorosos en cuanto a su nivel organizacional y sus reclamos.

El presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Juan Sorzana, explicó que en esa entidad son 50 los campos con conflictos indígenas. Se habla de cascos de estancias abandonados por sus dueños, accesos a campos petroleros y mineros clausurados; iglesias (como en Quila Quina, Neuquén, donadas y que no se pudieron inaugurar por oposición de la comunidad indígena de la zona), escuelas intrusadas, parques nacionales en litigio, tierras fiscales y del Ejército ocupadas; escaramuzas y cientos de causas judiciales con personas detenidas (los indígenas denuncian 90 presos por participar en intrusiones de tierras).

"Ellos dicen que no se rigen por la leyes argentinas, porque son mapuches; yo no tengo nada en contra de su pueblo, estoy en contra de que salgan a tomar campos: que hagan los trámites judiciales como cualquier otro", opinó Sorzana. Y agregó: "Yo no puedo decir «esto es mío» e invadirlo: la usurpación es un delito; el Estado es el primero que tiene que definir la situación, porque no puede haber dos dueños". Sorzana intuye que, detrás de las tomas de campos, "hay algo más que un señor que reclama la tierra de sus ancestros", dijo. En San Martín de los Andes, Neuquén, los indígenas piden como propio el cerro de la reserva municipal y hasta parte del Chapelco.

Hace bastante que corre el rumor del ingreso de activistas mapuches chilenos para participar en los conflictos en campos argentinos.

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Martín Maliqueo es huerkén (vocero) de la comunidad Lonko Purrán una de las 55 de Neuquén (hace diez años eran 28). Atiende a LA NACION desde su celular en el medio del campo, en algún punto entre Zapala y Cutral Có.

"Entendemos que vivimos dentro de un Estado que no desconocemos, pero vamos a luchar por nuestros derechos; hoy no hablamos de hacer una separación, porque la autonomía es una utopía y estamos muy lejos de eso; pero no somos ni chilenos, ni argentinos, somos mapuches y no nos sentimos representados", dijo al ser consultado sobre el alcance de sus reclamos. Maliqueo tiene 29 años y recuerda que su madre le prohibió aprender la lengua mapuche para no sufrir la misma discriminación.

Su comunidad salió absuelta en dos juicios por la ocupación de las tierras explotadas por la empresa petrolera norteamericana llamada curiosamente "Apache". Pero dice que los conflictos vuelven siempre. "Donde existe explotación petrolera tiene que haber una restitución de territorio, pero no vamos a aceptar tierras gastadas, sino las aptas y suficientes para nuestro desarrollo", afirmó Maliqueo. Y agregó: "Queremos la participación en la gestión de los recursos y estamos hablando también de los minerales".

A 15 años de la reforma de la Constitución, que en este punto fue pensada como una reparación y un reconocimiento histórico, el Estado no logró soluciones efectivas frente a los conflictos con los pueblos originarios, ni tampoco respecto de los derechos de quienes son propietarios de tierras en las zonas calientes. En definitiva, son personas en pugna por falta de reglamentación de las leyes. "Lo peor es que una cadena de conflictos de este tipo [la toma de campos] pueden generar en algún momento un desenlace trágico", sintetizó Rubén Ifran, activista indígena relacionado con las comunidades guaraníes. Y, lo más inquietante, es que nadie lo descarta