LA PLATA.– El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, fue ayer blanco de críticas por la situación de las comisarías bonaerenses, un día después de que un motín en la seccional de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, terminara con cuatro detenidos muertos y varios presos y policías hospitalizados. Tres de los uniformados están graves y uno de ellos, el oficial Marcelo Molina, permanecía en coma al cierre de esta edición.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió ayer un comunicado en el que responsabilizaba a "los tres poderes de la provincia de Buenos Aires por las muertes" ocurridas en la comisaría de Lomas del Mirador. "No cumplieron (por los citados poderes) con su obligación de velar por la vida e integridad de quienes se encuentran privados de su libertad", expresa el comunicado.
"Políticas regresivas"
Las muertes producidas por el motín (que derivó en un incendio generado por los detenidos) "son consecuencias directas de la política impulsada por el Gobierno provincial, que motivó reformas legales regresivas e insiste en mantener a los detenidos por varios meses en comisarías", según el CELS. Hasta noviembre pasado, el número de presos en las comisarías bonaerenses era de 4552.
"Esta política agravó las ya de por sí peligrosas condiciones de hacinamiento que caracterizaban a las comisarías bonaerenses y que las convirtieron en sitios no adecuados para controlar las situaciones propias de ámbitos de detención", sostiene el documento.
Por su parte, los diputados provinciales Walter Martello y Sebastián Cinquerrui, de la Coalición Cívica, acusaron a Scioli y a los ministros de Justicia, Ricardo Casal, y de Seguridad, Carlos Stornelli, de armar "una trampa mortal" al impulsar reformas legales para limitar las excarcelaciones, bajar la edad de punibilidad y ampliar el espectro de contravenciones.
"Quieren meter preso a todo el mundo y siguen manteniendo las mismas condiciones inhumanas de detención", dispararon.
Stornelli decidió ayer no responder a las acusaciones. Fuentes policiales y de la cartera de Seguridad dijeron a La Nacion que quienes tienen injerencia en la decisión del destino de los detenidos son el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, a cargo de Casal.
En tanto, un jefe policial, que prefirió mantener su nombre en reserva, se quejó de que el Servicio Penitenciario de la provincia no da curso a los pedidos de derivación de detenidos a prisiones y, por eso, las comisarías nunca pueden vaciarse de presos. En 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en respuesta a un recurso presentado por el CELS, ordenó a la provincia que los detenidos por la policía deben ser remitidos a las prisiones bonaerenses.
Ni Scioli ni Casal respondieron ayer a La Nacion sobre los cuestionamientos por lo ocurrido en la comisaría de La Matanza.
Voceros del Ministerio de Seguridad informaron que esa seccional está operativa, aunque ya no alberga detenidos porque éstos fueron derivados a otras dependencias. También indicaron que se inició un sumario administrativo paralelo a la investigación judicial, que está a cargo de la fiscal Mariana Sogio.
