Cromagnon: declaran que no había fondos para inspecciones

Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control y Gestión porteña, argumentó que sus superiores nunca le respondieron cuando pidió más presupuesto para su área

13 de abril de 200914:34

La ex subsecretaria de Control Comunal del Gobierno porteño, Fabiana Fiszbin, quien está siendo juzgada por la tragedia de Cromagnon, aseguró hoy que no contaba con suficiente presupuesto como para realizar inspecciones en los boliches y que, cuando pedía a sus superiores un aumento de fondos, no le atendían el teléfono.

"Se hacía lo que se podía, con los recursos y el personal que se tenía", dijo esta mañana Fiszbin en su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal 24, que tiene a su cargo el debate por el hecho ocurrido el 30 de diciembre del 2004, en el que murieron 194 personas.

"En la Secretaría de Hacienda jamás me atendieron el teléfono cuando pedíamos más presupuesto", lamentó ante el tribunal oral número 24, que la juzga por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras escuchar la primera parte de la declaración de Fiszbin, el TOC 24, a cargo del debate público en la sala de audiencias de la planta baja del Palacio de Justicia, ordenó un cuarto intermedio para continuar esta tarde con la exposición de la procesada.

La ex funcionaria tenía a su cargo el área gubernamental encargada de controlar y fiscalizar los comercios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos los locales bailables como el que se incendió el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de Callejeros, y que dejó 194 muertos.

Fiszbin está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero dos querellas también le imputan estrago culposo y homicidio culposo.

Los otros ex funcionarios acusados son Ana María Fernández, ex subsecretaria adjunta de Control y Gestión y a cargo de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), y Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización y Control. Fernández declaró en el juicio en agosto del año pasado y acusó a Fiszbin de saber que la UPI no contaba con personal y recursos suficientes para realizar inspecciones nocturnas, lo que le fue advertido a mediados de 2004 a través de una carta.

Otra declaración que complicó a Fiszbin fue la del defensor adjunto del pueblo porteño, Atilio Alimena, quien el miércoles sostuvo que en enero de 2004 se reunió con la funcionaria, días después de su asunción, y le advirtió sobre la necesidad de clausurar los locales que no cumplían con los requisitos de habilitación.

Alimena dijo que apenas entre un 10 y 12 por ciento de los locales cumplía con la habilitación, por lo que propuso darle un plazo de 10 días para regularizar la situación, a lo que Fiszbin respondió, según el testimonio: "No me pidas esto, se me escapa. No se puede cortar todo".

Otro funcionario de la defensoría que declaró el miércoles, Antonio Fernández, sostuvo que eran más de 100 los locales que no estaban en regla y recordó que en otra reunión Fiszbin les dijo que para clausurarlos "necesitaba una decisión política".

Por la tragedia también están siendo juzgados el ex gerenciador de Cromagnon Omar Chabán, su mano derecha Raúl Villarreal, los ocho integrantes de Callejeros y dos ex policías.

El juicio, que comenzó en agosto, está a cargo del Tribunal Oral Criminal 24 integrado por los jueces María Maiza, Raúl Llanos y Marcelo Alvero, mientras el fiscal es Jorge López Lecube.

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