Cuando la política agita la vieja sombra del complot

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17 de diciembre de 2009  

El ministro de Seguridad Carlos Stornelli sospecha que algunos de los más conmocionantes crímenes de los últimos tiempos no son simple fruto de la acción de delincuentes de desbocada violencia, sino el emergente de una conspiración urdida por policías desplazados para desestabilizar al gobierno bonaerense.

No se conoce, por ahora, que Stornelli haya aportado datos certeros o nombres. Por el momento, la creencia del ministro no se aleja mucho de las sospechas que, desde hace años, se tejen en torno de la presunta participación de policías en hechos delictivos o en favorecerlos. Así pasaba con la "maldita policía" en tiempos de la gobernación de Eduardo Duhalde y así fue cuando las grandes purgas seguidas de oleadas delictivas de magnitud durante el mandato de Felipe Solá.

Pero, fundamentalmente, sorprende Stornelli al argumentar que el plan desestabilizador provenga de sectores afectados por reformas impulsadas durante su gestión, cuando ésta se ha caracterizado fundamentalmente por devolver a la policía buena parte del poder perdido durante la administración de León Arslanian al frente del Ministerio de Seguridad.

Stornelli repuso la figura del jefe de policía y le devolvió poder a la cúpula, además del doble escalafón, con la reposición de las viejas jerarquías que esto implica y que tanto hacen a la esencia histórica de la bonaerense.

Tanto como no es nueva la sospecha de que la mano de policías corruptos está presente en hechos de seguridad (por autoría o por liberar zonas para que se cometan delitos) lo es el hecho de que Stornelli no es el primer encargado político de la administración de la seguridad que denuncia un complot desestabilizador en momentos en que, impulsada por la sucesión de delitos violentos, la sociedad realiza fuertes cuestionamientos a la gestión estatal en materia de prevención criminal.

Durante la última gestión del ex camarista Arslanian, dos veces ministro de Seguridad bonaerense (con Duhalde, luego de que el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas dejó al descubierto las corruptelas de la "maldita policía" a fines de los 90, y con Solá, cuando arreciaban los secuestros extorsivos, en 2004), su segundo, Martín Arias Duval, denunció ante la Justicia la presunta existencia de un complot para atentar contra el jurista que participó del juicio a las juntas, supuestamente pergeñado por jefes policiales de la zona norte del conurbano, molestos porque su actuación era puesta bajo la lupa del poder político del momento.

La gestión de Arslanian, en lo formal, tenía como marca propia la pretendida desarticulación del poder vertical de la policía: él hizo desaparecer la figura del jefe de la fuerza, a la que dividió en 18 jefaturas, una atomización que cosechó no pocos enemigos entre las filas de la policía, tanto entre los desplazados por las purgas como entre quienes continuaron en servicio.

Pero, antes incluso de las denuncias de Arslanian, en 2003, desde el gobierno nacional se daba crédito a la desconfianza en la honestidad profesional de ciertos policías, a instancias de los reiterados y extensos secuestros extorsivos, de los cuales el de mayor significación por su repercusión pública fue el que terminó con el asesinato de Axel Blumberg. El presidente Néstor Kirchner y quien era su ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Béliz, tampoco dieron precisiones entonces acerca de esas sospechas.

Más atrás aún, en 2002, el entonces viceministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, golpeaba el corazón del tradicional aparato peronista bonaerense al vincular la pelea interna justicialista de la época con la coyuntural oleada de crímenes violentos.

Saín hablaba de "delincuentes protegidos" por "minorías policiales corrompidas" que contaban con la complicidad de "grupos políticos". Sus afirmaciones eran demoledoras: "Hay un vínculo histórico entre la policía provincial y la política. Nadie puede negar el financiamiento policial de la política a través del narcotráfico, el juego o la prostitución".

Tantos años de denuncias no han encontrado resultados judiciales contundentes, excepto en algunos casos aislados que han revelado con pruebas concretas la existencia de una estructura corrupta de magnitud en la fuerza. Obviamente es necesario denunciar, pero la denuncia por sí misma no devuelve la confianza en la capacidad del Estado en materia de seguridad.

Las denuncias hay que sostenerlas con pruebas. Y las sentencias hay que rubricarlas con acatamiento.

Un menor preso por matar a una mujer

Un menor de 15 años fue detenido anoche acusado de ser el autor material del homicidio de la bioquímica Ana María Castro, ocurrido el 6 de este mes en Lanús. La mujer, de 54 años, había sido asesinada cuando dos ladrones intentaron robarle su automóvil Peugeot 307. Según informaron fuentes policiales a La Nacion, el sospechoso fue apresado al cierre de esta edición, en la esquina de Yapeyú y Pringles, de la ciudad de Monte Chingolo. La policía secuestró en su poder un revólver calibre 22, similar al utilizado para matar a la bioquímica.

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