Medios. Defendió el kirchnerismo el control de los comentarios en Internet

El kirchnerismo defendió fuertemente su iniciativa para controlar los comentarios en medios digitales y plataformas de Internet incluida en el proyecto de ley antidiscriminación, que ya tiene dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. "Una campaña mediática malintencionada se ha desatado diciendo que queremos penalizar los comentarios de Internet. Es decir, que el Frente para la Victoria quiere censurar", acusó en un comunicado la diputada Diana Conti, una de las legisladoras que acompañaron el proyecto de sus pares Remo Carloto y Andrés Larroque.

La iniciativa amplía enormemente el concepto de acto discriminatorio; obliga a las plataformas de Internet a dar de baja los comentarios que sus administradores consideren discriminatorios o ante el reclamo de cualquiera que se sienta afectado; invierte la carga de la prueba, u obliga a los sitios a publicar una advertencia sobre los riesgos de expresarse en términos discriminatorios. El texto de esa advertencia, que deberán incluir también Facebook, Twitter, YouTube y demás sitios que permitan comentarios, está redactado en el texto del proyecto.

La diputada Conti sostuvo que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión en la que se trató la semana pasada (en rigor, los diputados opositores Manuel Garrido y Myriam Bregman expresaron su disidencia) y acusó a LA NACION de desconocer que la ley antidiscriminación de 1988 ya había tipificado el delito de discriminación y le había fijado penas de entre un mes y tres años de prisión. En efecto, la novedad es la ampliación del alcance de esas penas al ámbito de los comentarios en páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias, medios de prensa, diarios online, revistas electrónicas y demás medios digitales.

Conti, que fue estos días la cara visible de la cerrada defensa de la iniciativa, justificó su contenido en diálogo con la periodista María O'Donnell en Radio Continental: "Si el dueño de la página web considera que un comentario es discriminatorio, lo tiene que sacar. Si no lo hace... la ley va a tener una autoridad de aplicación que será definida en la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo", explicó. En el texto de la ley no está definido cómo será esa autoridad.

Y, precisamente, allí está uno de los ejes de los cuestionamientos que recibe el proyecto, principalmente de especialistas en libertad de expresión y entidades que siguen de cerca la regulación de Internet. "A diferencia de lo que ocurre con los medios tradicionales, donde se estableció que no puede haber censura previa sino responsabilidad ulterior establecida por una autoridad judicial, acá se genera un canal para que los que provean espacios en Internet se autocensuren con el solo reclamo de los particulares, o sea, se abre el espacio a la censura privada", explicó el diputado Garrido.

Para Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, entidad nacida para impulsar el uso de software libre en Internet, "hay una definición extremadamente amplia de contenidos discriminatorios, hay tipos penales y además hay una reversión de la carga de la prueba, que hace que el que publica el contenido sea el que deba probar que no quiso discriminar. Es un cóctel explosivo".

Según explicó la diputada Conti, el proyecto ya fue girado a la Comisión de Legislación Penal, "donde [su presidente, Patricia] Bullrich se comprometió a darle tratamiento a favor, y en la Comisión de Comunicación va a ocurrir lo mismo porque [la iniciativa] representa a la mayoría parlamentaria". No obstante, sostuvo que tal vez no llegue a ser debatido antes de fin de año.