Denuncian que el Estado no asegura alimentación

Dos ONG extranjeras radicaron la acusación ante la ONU
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8 de mayo de 2003  

El Estado argentino fue denunciado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la presunta violación del "derecho a la alimentación adecuada de millones de sus ciudadanos". En la presentación, se resaltó el supuesto reparto de programas alimentarios "como dádivas de un sistema clientelista y de sujeción política".

Así lo informaron ayer las dos ONG consultivas de la ONU que radicaron la denuncia en la sede del organismo en Ginebra, FIAN (Food First Information & Action Network) y EED (el Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo).

La denuncia -se consignó en un comunicado de prensa- está basada en el resultado de una misión que especialistas de ambas ONG, oriundas de Alemania, concretaron en el país. Recorrieron poblaciones de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y del Gran Buenos Aires para "establecer el estado del derecho a la alimentación adecuada en la Argentina".

Justamente en Tucumán, entre noviembre y diciembre últimos, murió el mayor número de niños desnutridos en una serie de fallecimientos ocurridos en distintos puntos del país, principalmente en el Norte.

El informe con todos los datos recogidos -así como las recomendaciones elevadas al gobierno argentino- acompañó la denuncia hecha ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y ante el relator especial para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler.

En su gira por el país, los expertos visitaron tres comunidades afectadas: el centro comunitario Carballito, en Villa Muñecas, al norte de Tucumán; labradores del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), y desocupados de Lanús, Solano y Guernica, enrolados en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón.

Responsabilidad estatal

Entre las numerosas conclusiones de los técnicos, cabe destacar que "los programas alimentarios y de transferencias de ingresos existentes son absolutamente insuficientes para garantizar el derecho fundamental a estar libre de hambre y apenas han paliado parcialmente la vulnerabilidad alimentaria".

"Los beneficiarios de los programas siguen padeciendo hambre", señalaron. En opinión de los denunciantes, "los beneficios de los programas se reparten como dádivas de un sistema clientelista y de sujeción política que discrimina a los ciudadanos y las organizaciones que actúan de manera autónoma".

Para ellos, entonces, "el Estado argentino está en la obligación de demostrar que no ha violado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", del que es Estado parte, pues en 1994 fue incorporado a la Constitución nacional.

En los artículos 1 y 2 de dicho tratado queda constancia de que los Estados adheridos "tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad del derecho" a la alimentación, así como reconocen "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre".

Provincia por provincia

Entre otras observaciones, indicaron que en la zona de Tucumán que recorrieron "muchas de las niñas y niños sufren de desnutrición en segundo grado" y hasta señalaron que al momento de estar en la comunidad Carballito de visita "las familias llevaban dos días sin comer".

En cuanto a Santiago del Estero, observaron que hay denuncias de "hostigamientos sistemáticos y continuos de terratenientes y empresas inmobiliarias en complicidad con autoridades judiciales y de policía de la provincia, contra comunidades campesinas para usurpar sus tierras".

Como ejemplo pusieron "la actuación del Poder Judicial y la policía en el desalojo que sufrieron miembros de la central campesina Tortuga" y dijeron que constituye "una clara violación a la obligación de respetar el acceso que estas familias tienen a medios de vida (sus tierras) de los que deriva su sustento".

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