Detectan fallas de seguridad en la sede de la universidad

RIO CUARTO.- Con la faja de clausura en todo su entorno y la custodia permanente de dos policías federales, la planta piloto de la Facultad de Ingeniería permanece en el mismo estado en que quedó el 5 de diciembre, hace un mes, luego de la explosión e incendio que dejó el saldo de un estudiante y cinco científicos muertos.

La tragedia no sólo dio paso a una investigación judicial en la que se busca determinar si hay responsables por el derrame de un volátil solvente, lo que desencadenó la tragedia en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). También obligó a una auditoría que reveló numerosas falencias en materia de seguridad, ninguna de ellas determinante en el siniestro.

El portón de ingreso, semidestruido, sigue abierto; el interior y las ventanas ennegrecidas exhiben un tétrico cuadro de lo que antes fue un lugar privilegiado para la investigación y el aprendizaje, pero también una fuente importante de ingresos económicos para la entidad, pues allí se desarrollaban importantes trabajos para la industria oleaginosa.

La universidad clausuró el último viernes del año su actividad de 2007 sacudida por la muerte de la sexta víctima, el prestigioso investigador Miguel Mattea, cuyo sepelio fue acompañado por buena parte de la comunidad académica y estudiantil. Antes que él habían fallecido el estudiante Juan Andrés Politano y los docentes investigadores Liliana Giacomelli, Carlos Ravera, Damián Cardarelli y Gladys Baralla.

El juzgado federal local dispuso habilitar la feria judicial de enero para avanzar en la investigación, y el fiscal Alberto Saicsat recibió a mediados de esta semana el voluminoso expediente, con informes y peritajes y un centenar de testimonios de personas ligadas de uno u otro modo al escenario de la tragedia. Aún no han sido citadas las principales autoridades: el rector de la universidad, ingeniero Oscar Spada; el decano de Ingeniería, Diego Moitre, y el vicedecano y presidente de la Fundación de UNRC, Carlos Bortis.

"Por una cuestión de sanidad procesal se debe definir primero el grado de responsabilidad de quienes tenían a cargo la institución antes de definir algún tipo de citación", explicó el secretario penal Carlos Ochoa, que será juez subrogante durante la feria. Dijo: "El hexano es lo más relevante" para determinar la gravedad del hecho. Se refería al derrame de uno de los 15 tambores de aquel potente solvente, muy volátil y de alta combustibilidad, que provocó la explosión y el incendio.

Como se dijo, la tragedia pudo ser mayor. Mucha gente logró escapar a tiempo. Muchos estudiantes, por una confusión de fechas, no habían ido ese día a rendir examen. Aún así, hubo 24 heridos, seis de los cuales sufrieron gravísimas quemaduras que, con el correr de los días, les segaron la vida.

El mismo día de la tragedia, estudiantes y docentes se movilizaron para exigir medidas de seguridad y el esclarecimiento de lo sucedido. Proliferaron las denuncias y reclamos y salió a la luz que los mismos investigadores que después murieron sabían del peligro del almacenamiento y manipulación del hexano y que, a pesar de que habían advertido de los riesgos, nada se hizo para evitarlos.

El relevamiento

La presión de los claustros llevó al Consejo Superior a decretar la emergencia, suspender exámenes y toda la actividad académica y crear un comité interdisciplinario para evaluar los sistemas de seguridad en toda la universidad. El relevamiento, con la intervención de tres especialistas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT), concluyó el viernes 28 de diciembre.

Héctor Fernández, ex decano de Ciencias Exactas, integrante del comité, reveló a LA NACION que se detectaron numerosas fallas en materia de seguridad, tales como extinguidores con carga vencida o ubicados en lugares inapropiados, falta de escaleras, salidas o luces de emergencia.

"Este hecho desgraciado nos hizo abrir los ojos y revisar cómo están los sistemas de seguridad. Supongo que más de una universidad tendría que reflexionar sobre esto, por precaución. Debe primar la cultura de la seguridad", expresó el docente, que confió que un informe preliminar, con la recomendación de una serie de medidas fue entregado al Consejo Superior, que ya decidió instrumentarlas para garantizar el inicio normal del período lectivo 2008.

Entre otras, se propuso la creación de un departamento de seguridad e higiene laboral; la implementación de procedimientos para el manejo de materiales peligrosos, desde su ingreso hasta su almacenaje, y la realización de cursos obligatorios sobre seguridad e higiene en el trabajo y simulacros de evacuación para docentes, no docentes y estudiantes.

También se aconsejó la difusión, a través de la página web de la UNRC, de los proyectos de investigación, extensión y servicios, con una breve descripción de los posibles riesgos.

Spada reveló a LA NACION que ya destinó 500.000 pesos para comenzar a instrumentar las medidas de seguridad y que aguarda otro aporte de 715.000 del Ministerio de Educación. Anticipó que se reubicarán transitoriamente las dependencias que funcionaban en la planta destruida.

Por Orlando Andrada

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