Publicidad callejera. Disponen que se suspenda una licitación en la Capital
Los vecinos porteños son rehenes, nuevamente, de los vaivenes entre la administración local y la Justicia, por la renovación de los carteles de la publicidad callejera.
Tal como lo anticipó LA NACION, la Justicia procesó a dos empresarios, cuya compañía resultó adjudicataria de una de las zonas de la Capital y ordenó que se suspendiera la ejecución del contrato.
El fallo del juez de instrucción Luis Osvaldo Rodríguez, que procesó y embargó en 150.000 pesos, por el uso de documento ideológicamente falso, a los hermanos Orlando y Eduardo Terranova, propietarios de Publicidad Sarmiento SA, también obliga a la ciudad a suspender la ejecución del contrato.
Aunque ayer en el gobierno aún no se había definido si se apelará o no la medida cautelar, las evaluaciones sobre los perjuicios no estuvieron ausentes.
La publicidad callejera es un negocio que anualmente genera una facturación de alrededor de unos 100 millones de pesos, e incluye las paradas de colectivos, las pantallas y "chupetes" publicitarios de la ciudad de Buenos Aires. A Publicidad Sarmiento se le otorgó un tercio de los elementos que componen el mobiliario urbano, que, según la nueva división de zonas, compromete a toda la ciudad.
"Es la peor de las decisiones si se piensa en el vecino. Si se suspende el contrato, mientras dure la causa, convivirán paradas viejas y nuevas, del mismo modo que la cartelería. Además, del perjuicio económico: por año la empresa le paga al gobierno 3,3 millones de pesos", dijo a LA NACION, Juan Pablo Piccardo, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.
La decisión de la administración se conocerá pasado mañana, el plazo máximo que el gobierno tiene para apelar la medida judicial.
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