El 70% de las comunas debe los sueldos

Algunos intendentes admiten que están en cesación de pagos; las inundaciones agravaron la situación
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26 de diciembre de 2001  

LA PLATA.- El ahogo financiero, la crisis social, el colapso operativo y la efectiva cesación de pagos a empleados y proveedores se combinan en la mayoría de los 134 municipios bonaerenses y afectan particularmente a los distritos del conurbano provincial, donde las urgencias de sus habitantes se exhibieron con una expresión de extrema crudeza que transformó al Gran Buenos Aires en el centro de los saqueos masivos a supermercados.

Al menos el 70 por ciento de los municipios bonaerenses registra retrasos en los pagos de sueldos a sus agentes o a proveedores o a ambos, según dijeron a LA NACION los presidentes de los Foros de Intendentes radical y justicialista, que reúnen a los jefes comunales según su signo partidario.

El atraso en los pagos a los empleados municipales se ve agravado por niveles de desempleo que alcanzan, en promedio, al 18 por ciento de la población de esta provincia y registra picos superiores al 20 por ciento en algunos partidos del conurbano.

A la complicada situación financiera y el consecuente resentimiento operativo, se suma entonces una frágil situación social, que alcanzó su punto más crítico de violencia durante los disturbios en distritos como Moreno, José C. Paz, La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro o Zárate, donde más de 2700 personas resultaron detenidas por su intervención en saqueos.

Pero también llegó a ciudades del interior provincial como Nueve de Julio o Junín, cuyos problemas se profundizaron con los efectos de las inundaciones que, en total, afectaron a 59 distritos del noroeste y centro provincial.

La crisis ya comenzó a tener, también, consecuencias institucionales: el viernes último, el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora suspendió en sus funciones al intendente frepasista Edgardo Di Dío y lo acusó de no saber manejar los fondos públicos. Di Dío adeudaba dos meses de sueldos a los empleados comunales y su administración mantiene una deuda -en su mayor parte heredada- que compromete seriamente el presupuesto municipal.

Sin embargo, Lomas es apenas un botón de muestra. El intendente de Moreno, Mariano West (PJ), que preside el Foro de Intendentes del Justicialismo, estimó que el 70 por ciento de los distritos gobernados por dirigentes de ese partido, atraviesa por "una situación financiera regular o mala" y adeuda buena parte de sus compromisos.

El jueves último, West convocó a los vecinos de Moreno y de otros distritos vecinos a marchar hacia la Plaza de Mayo para mostrar la crisis a quienes hasta entonces estaban en el gobierno. La gravedad de los enfrentamientos en el microcentro lo hicieron desistir de la iniciativa.

Ricardo Jano, jefe comunal de Lobería y presidente del Foro de Intendentes Radicales, que agrupa a 63 distritos de la provincia, informó a LA NACION que más del 80 por ciento de los distritos gobernados por la Alianza tiene problemas con los pagos.

Según el jefe comunal, hay 40 comunas gobernadas por el radicalismo que aún no terminaron de abonar la primera mitad del aguinaldo. Y otras tantas adeudan parte de los sueldos de octubre y noviembre.

"Estamos en cesación de pagos, virtualmente en quiebra", dijo el jefe comunal de Ramallo, Roberto Filpo (UCR), que desde noviembre puso en marcha un plan de emergencia por el cual todo el gabinete dejó de percibir sus ingresos. "Nosotros debemos sueldos de octubre, noviembre, y pronto de diciembre. Si no llega ayuda urgentemente estará en peligro la paz social en Ramallo", advirtió Filpo.

Para Jesús Blanco (PJ), intendente de Nueve de Julio, "la situación social es muy delicada y con la crisis que soportan las comunas por la caída de la recaudación, todo se complica".

En Rojas, el intendente radical Gustavo Vignali debe sueldos de octubre y noviembre. En Chacabuco el municipio tiene un retraso de tres meses de salarios a los funcionarios de esa comuna y dos de haberes a empleados estatales. "Tenemos una situación crítica, agravada por la imposibilidad de pagar sueldos y obligaciones -dijo el jefe comunal de ese distrito, Horacio Recalde (UCR)-. Y agregó: "Nuestras gestiones se tornaron inviables. Tenemos que admitir que estamos en cesación de pagos".

La situación en Bragado

El intendente de Bragado, Orlando Costa (UCR), debe medio sueldo de noviembre a la planta permanente, dos meses de sueldo a unos 70 médicos y cuatro meses a funcionarios y a concejales. "Esto significa un atraso de más de 500.000 pesos", dijo.

Es que el gobierno provincial debe a los municipios una suma que asciende a 200 millones de pesos, según informó el diputado provincial, Marcelo Elías (UCR). La suma -que no fue confirmada por el Ministerio de Economía provincial- incluye envíos atrasados en concepto de coparticipación, bingos, lotería y descentralización tributaria.

No obstante, desde el gobierno provincial se enfatizó que el estallido social de la semana pasada responde a razones distintas que a los atrasos en los pagos de los sueldos.

Hambre

La grave y violenta situación social que presenta el conurbano no es algo que pueda resolverse sólo con la renuncia de Fernando de la Rúa, ni con la conformación del nuevo gobierno a manos de Adolfo Rodríguez Saá.

De manera urgente, el gobernador Carlos Ruckauf adoptó el viernes último dos medidas que apuntan a intentar "calmar el hambre" en el Gran Buenos Aires: solicitó al gobierno nacional el mantenimiento del estado de sitio (luego fue derogado) en territorio provincial y lanzó un plan alimentario de emergencia para los distritos más afectados.

También, Ruckauf reforzó durante el fin de semana último los envíos del plan Vida, destinado a mujeres embarazadas y a niños menores de cinco años, que fue creado durante la gestión de su antecesor, Eduardo Duhalde.

"Yo no veo solución. Aquí hay un estado de tensión evidente. La situación de conflicto sigue latente porque la pobreza y la exclusión derivan de un problema estructural", aseguró el intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus (UCR). Ese distrito fue uno de los que lideraron el ranking de hechos de violencia de los últimos días, con 58 saqueos, según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Por su parte, el intendente de José C. Paz, Mario Ishi, del Partido Justicialista, señaló que "el hambre de la gente todavía está. Y el malestar no va a parar si no hacemos una fuerte contención".

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