El año de los secuestros y robos a bancos

Se produjo la mayor cantidad de efectivos muertos de la Policía Federal desde 1976; los homicidios de Melmann y Perel
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30 de diciembre de 2001  

Las imágenes del centro de la ciudad de Buenos Aires transformado en el escenario de una guerra entre uniformados y manifestantes serán, sin dudas, un ícono histórico a la hora de recordar qué ocurrió con la seguridad de la gente en este año que termina. Más allá de cualquier análisis social o político, la represión de la manifestación que concluyó con la caída del presidente Fernando de la Rúa fue el último acto de la Policía Federal en la versión del comisario general Rubén Santos.

Fue ése el fin de una gestión que había prometido una policía más profesional y eficiente en la lucha contra el delito, con más controles internos para evitar abusos de la propia tropa y más comprometida con los reclamos y las necesidades de la gente. Pero que, al menos mientras se sientan los ecos de la reciente batalla, quedará signada por el fracaso en aquellas intenciones.

No le fue mucho mejor a la policía bonaerense. Totalmente relajada, por expresa orden de gobierno, ante los violentos saqueos a supermercados en su jurisdicción, fue la contracara de una Federal que pareció, en el final, desbordada y, a la vez, incontenible.

Pero esa pasividad no llegó a ocultar los casos de presunto gatillo fácil que, este año, la pusieron en la mira de organismos de derechos humanos e, incluso, de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que pidió investigar la muerte de 60 menores delincuentes, ante la sospecha de que se trató de "eliminaciones" propias de verdaderos "escuadrones de la muerte".

Como ocurrió con Santos luego de la represión de la Casa Rosada y el Congreso, el caso de los menores provocó en la provincia un cisma que derivó en la salida del comisario general (R) Ramón Verón del Ministerio de Seguridad bonaerense, y obligó a su reemplazante, el actual secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez, a hacer cirugía mayor en todos los niveles de la mayor fuerza policial del país.

Curiosamente, se eligieron caminos opuestos a la hora de redefinir las políticas de acción de la Federal y de la bonaerense. En la primera, la salida de Santos, "el policía científico", derivó en el regreso de la línea más dura y tradicional de la fuerza, aquella que casi desapareció tras la administración nacional de Carlos Menem.

En la provincia, en cambio, el breve paso de Alvarez -el nuevo ministro, Alberto Descalzo, sería un continuador de su línea- significó el regreso de la política de seguridad "legalista" que intentó imponer el ex juez Carlos Arslanian (en su gestión, Alvarez fue secretario de Relaciones con la Comunidad) cuando desarticuló aquella vieja estructura de la Bonaerense que pareció tener visos de restablecimiento durante el gobierno de Carlos Ruckauf.

En tanto, se verá ahora si las nuevas autoridades de la Federal logran extirpar ciertas prácticas que, a mediados de este año, pusieron al propio Santos como acusado ante la Justicia: se trata de la investigación judicial sobre presunta corrupción con horas de servicio de policía adicional. Eso, sin contar las afirmaciones que un ex subsecretario de Justicia porteño hizo sobre presuntas "coimas" cobradas institucionalmente a proxenetas y a prostitutas.

El año de los récords

En este contexto, y exclusivamente en cuestión de hechos criminales, el 2001 será recordado por dos récords que no podrán enorgullecer a nadie: el de más policías muertos en enfrenta-mientos, 55, y el de más bancos asaltados, 210.

Eso, dentro de niveles delictivos que se mantuvieron altísimos, aun cuando desde el Congreso se prometió que el aumento de facultades que se les dio a las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia serviría para reducir los índices de inseguridad. Algo que, por ahora, parece una utopía.

A principios de año, las peores noticias en cuanto a inseguridad llegaron desde la costa atlántica. Curiosamente el mismo día, 4 de febrero, fueron asesinados el financista Mariano Perel y su esposa, y la adolescente Natalia Melmann. El primero apareció con un balazo en la cabeza, en un apart hotel de Cariló. El cadáver de la menor fue encontrado una semana después, en Miramar, tras una sospechosamente infructuosa búsqueda policial: había sido violada y estrangulada.

Estos dos casos conmovieron a la opinión pública: el primero, porque la desaparición del financista dejó al des-cubierto inmensas maniobras de lavado de dinero que, hasta ahora, la Justicia no investigó con profundidad; el otro, porque reavivó las sospechas sobre los homicidios múltiples de mujeres en la zona de influencia de Mar del Plata que el imaginario popular atribuye a un inexistente asesino serial bautizado como "el Loco de la Ruta".

Pero, además, ambos casos enfrenta-ron con dureza a la fuerza de seguridad y a la Procuración General de la provincia. Tanto que mientras que en el caso de Perel la policía siempre sostuvo la hipótesis del suicidio y de la fiscalía, el del asesinato profesional, en el de Natalia la bonaerense acusó a un ladronzuelo ("el Gallo Fernández") y la Procuración persiste en su acusación contra uniformados de la costa atlántica.

Robos a taxis

En otro orden, los porteños sufrieron este año, una vez más, robos en autos de alquiler. Pero, sin dudas, el punto máximo de miedo ante esta modalidad delictiva se vivió a partir del 2 de noviembre último, cuando fue asesinado, mientras viajaba en un taxi, el marido de la actriz Georgina Barbarossa, Miguel Angel Lecuna. El caso y la investigación policial y judicial tuvieron vaivenes hasta la detención de los presuntos sospechosos.

También fue el año en el que regresó el fantasma de los secuestros. El caso más resonante fue el del empresario textil Abraham Awada, en San Martín, que luego de más de una semana de cautiverio fue liberado tras pagar un rescate de varios cientos de miles de dólares. Pero decenas de otros ciudadanos fueron víctimas de los llamados "secuestros express", esos en los que los cautiverios son breves y los rescates, accesibles para los angustiados familiares.

La frecuencia en este tipo de hechos comenzó a desacelerarse tras las elecciones de octubre último. Y casi se de-tuvo en diciembre, no por obra preventiva de la policía, sino por las restricciones a las extracciones de efectivo.

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