El aumento del presupuesto no corrige el desequilibrio entre las provincias

Más plata para la educación no significa necesariamente mayor igualdad educativa. Esa es una de las conclusiones de un estudio sobre el financiamiento de la educación pública en nuestro país que hizo el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Inequidad y el Crecimiento (Cippec) y al que accedió de forma exclusiva LA NACION.

Desde hoy el trabajo estará disponible para cualquiera que desee consultarlo en http://www.cippec.org/publicacion/gasto-educativo-y-salario-docente-la-inequidad-provincial/.

El documento consigna que aunque entre 2005 -año en que se promulgó la ley de financiamiento educativo (LFE)- y 2015 el presupuesto del área aumentó en más del 50%, pasando del 4,2% al 6,6% del PBI, persiste una fuerte inequidad en el gasto entre las diferentes provincias que vulnera el derecho igualitario a la educación.

La desigualdad se observa en tres ítems: el porcentaje de los fondos que cada provincia destina a la educación, el sueldo docente y la inversión por alumno que asiste a una escuela estatal. El análisis llega solo hasta 2015, porque ese fue el último año que el Ministerio de Educación de la Nación publicó información al respecto.

El apartado sobre la inversión por alumno es uno de los puntos fundamentales. "Es lo primero que uno tiene que mirar, porque mide comparativamente cuánto reparte el Estado en cada provincia, según la cantidad de alumnos que tiene. Eso nos muestra la desigualdad del federalismo argentino", explica Axel Rivas, doctor en Ciencias Sociales especializado en educación y uno de los autores de la investigación del Cippec.

Es aquí donde aparecen las diferencias mayores: a la cabeza del ranking están Tierra del Fuego ($75.459), Santa Cruz ($64.948) y Neuquén ($56.726), mientras que en el extremo inferior se ubican Corrientes ($20.361), Salta ($20.275) y Santiago del Estero ($16.070). El promedio nacional está apenas por debajo de los $30.000 invertidos anualmente en cada estudiante que cursa en una escuela pública.

La desigualdad persiste en el caso del salario docente. En los primeros lugares se encuentran Santa Cruz ($23.350), Tierra del Fuego ($21.772) y La Pampa ($17.283), y en los últimos, Catamarca ($10.747), Formosa ($10.398) y Santiago del Estero ($9471). Las cifras corresponden al sueldo de una jornada simple de nivel primario con 10 años de antigüedad. Mientras que entre 2011 y 2015 los salarios reales docentes tuvieron un aumento nacional promedio del 5%, en 2016 sufrieron una caída por ese mismo porcentaje. Es decir que ese año, los docentes volvieron al nivel salarial de 2011.

Hay un patrón que se verifica tanto en el gasto por alumno como en el nivel de sueldo de los maestros: las provincias patagónicas aparecen en las primeras posiciones y las del norte, en las últimas. Como el costo de vida -por razones históricas, logísticas y estructurales- es más alto en la Patagonia que en el noroeste argentino o en la región del Chaco, podría suponerse que esa es la razón principal para explicar tales diferencias. Rivas es muy claro al respecto: "El costo de vida es una dimensión para incorporar, aunque lamentablemente no hay datos comparativos disponibles sobre las provincias. Sí sabemos que hay variaciones, pero de ninguna manera explican las diferencias [en inversión educativa] que se observan, porque estas son muy amplias".

Esfuerzo educativo

El indicador del esfuerzo educativo financiero revela el porcentaje de los fondos que cada provincia destina a la educación. En el podio se ubican l Buenos Aires (36,1%), Río Negro (33,2%) y La Pampa (32,9%), mientras que las más rezagadas son Formosa (23,3%), la ciudad de Buenos Aires (22,4%) y, otra vez, Santiago del Estero (20,1%).

Son números que de alguna manera echan luz sobre la prioridad política que cada distrito le otorga al tema y sirven para matizar los datos duros de salarios e inversión por alumno. El caso paradigmático es el de Buenos Aires, que destina más de un tercio de sus ingresos fiscales al financiamiento de la educación y, sin embargo, apenas alcanza a invertir unos $27.627 anuales por estudiante, por debajo del promedio nacional y lejos de las primeras posiciones.

"Si la inversión de una provincia es baja no es necesariamente porque invierta poco. Desde hace muchos años Buenos Aires hace un esfuerzo grande, pero tiene una inversión por alumno baja, porque tiene muy pocos recursos estatales -explica Rivas-. Es, por lejos, la provincia más pobre del país". Según el estudio del Cippec, hay razones profundas que explican las diferencias de fondos disponibles que dependen de la estructura productiva y la riqueza de cada provincia, pero, sobre todo, de la coparticipación, es decir, de la distribución de dinero que hace la Nación.

La forma en que el Estado nacional invierte en educación cambió con las promulgación de la LFE (2005), que establece un piso del 6% del PBI para Educación, Ciencia y Tecnología. Del total del presupuesto educativo nacional, un 17% depende de los llamados fondos salariales: el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo de Compensaciones Salariales (FCS). Con esa plata, el Estado nacional colabora con las provincias en el pago de los sueldos, que en 2015 se llevaban el 79% del presupuesto educativo de cada distrito.

Los fondos salariales tienen alcances distintos. El Fonid fue pensado para mejorar el salario básico atrasado, pero, en palabras de Rivas, "no contempló las desigualdades existentes entre las provincias" porque se distribuye de forma igualitaria entre todas ellas. El FCS se creó para nivelar esa inequidad, pero según consigna el informe del Cippec "no ha tenido criterios transparentes de distribución".

En 2016, a pesar de la reducción en términos reales del gasto en Educación, se incrementó la inversión en Fonid a costa de las partidas de otros fondos educativos.

"En los últimos años hubo un descenso del FCS con respecto al Fonid. Esta visión amplía las desigualdades entre las provincias", dice Rivas. Y añade: "No estamos hablando de aumentar los recursos para la educación; hay un mecanismo concreto que ya existe para repartir mejor. Creemos que hay que ir en la dirección opuesta a la que se está yendo: aumentar el FCS y disminuir el Fonid. Hacer eso significa enfrentarse a los problemas del federalismo".

Cambiar desde la raíz

Consultado por LA NACION al respecto, el exministro de Educación porteño Mariano Narodowski opinó que la ley federal de educación "consolidó y aumentó un esquema injusto otorgándole más fondos" y argumentó que mientras ese sistema siga vigente, "las diferencias entre las provincias van a ser enormes".

Narodowski coincidió con Rivas en que hay un problema con la coparticipación fiscal, pero marcó distancia sobre los fondos salariales como el Fonid y el FCS, que clasificó como "muy marginales en cuanto al financiamiento educativo".

"La solución es cambiar el esquema de raíz -consideró el exfuncionario-. Las provincias que no tienen capacidad de financiar una educación de calidad deberían cogobernar su educación junto al gobierno nacional: hay que garantizar un mínimo igual para cada alumno del país. Para eso, el gobierno de la educación debe ser eficiente y el dinero no debe perderse en la maraña burocrática o corporativa".