El fuero penal económico no se quiere extinguir

Varios jueces afirmaron que la AFIP casi no hace denuncias y que son atacados injustamente
Ricardo Larrondo
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5 de junio de 2000  

A casi dos meses de la decisión del Senado de suspender al juez Guillermo Tiscornia en sus funciones, la incertidumbre sigue reinando en los tribunales del desacreditado fuero en lo penal económico, amenazado por un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Congreso y que restringirá su jurisdicción.

Este fuero entiende en denuncias por evasión fiscal, contrabando -incluso el de drogas-y en todo lo relativo a los delitos en perjuicio de la recaudación impositiva. De convertirse en ley el proyecto que está ahora en el Parlamento, la justicia en lo penal económico sólo quedaría ceñida a delitos menores, como denuncias de cheques sin fondos, entre otros.

En el impulso de esta iniciativa mucho tendrían que ver, según confiaron fuentes judiciales, las constantes diferencias que mantienen los responsables de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con varios jueces en lo penal económico.

Ahora, este frente de combate podría sufrir cambios. En algunos tribunales del fuero suspiraron aliviados el viernes último, al conocerse la noche anterior, por TV, el anuncio tajante del titular de la AFIP, Carlos Silvani: "Me voy definitivamente".

Según confiaron a La Nación fiscales y jueces, no son pocos los que creen que el proyecto de restringir el fuero surgió del seno de la AFIP.

En la última década, el fuero padeció todo tipo de embates, por lo que ahora se pretende casi extinguirlo por su ineficacia. El ejemplo más visible fue la suspensión de Tiscornia por cometer supuestas irregularidades en la millonaria causa de evasión de la "aduana paralela". En la vereda de enfrente quieren la supervivencia del fuero, pero sólo si continúa la depuración de funcionarios judiciales ineptos.

Los jueces en lo penal económico han tenido muchos casos con personajes resonantes durante los últimos años, pero, según se admite en los pasillos de tribunales, con un cuestionado común denominador: no se ha enviado a la cárcel a aquellos sobre los que realmente pesaba algo más que una sospecha.

Tal vez producto de todo esto, en el Congreso se le dio impulso a la iniciativa -que ya tiene media sanción en Diputados- de crear un nuevo fuero "penal tributario", por lo que se deja restringida la competencia del penal económico, que sólo atendería causas menores.

Según la iniciativa parlamentaria, se tendrá que invertir algo más de $ 27.000.000 para crear la estructura para alrededor de 122 cargos, si se tiene en cuenta que el actual presupuesto de Poder Judicial ya tiene un déficit que ronda los $ 200.000.000. A su vez, esto desentonaría con la firme convicción presidencial de ajustar al máximo posible los gastos del Estado.

Los jueces dicen que el enemigo es la ex Dirección General Impositiva, ahora AFIP, que hasta el viernes último conducía Silvani, designado durante la administración de Carlos Menem y confirmado en ese cargo por el presidente Fernando de la Rúa.

Desde la AFIP, principal ente recaudador del país, en los últimos años se han arrojado sucesivos dardos contra los jueces de primera instancia del fuero. Los acusan de demorar las causas judiciales y de no condenar con rigor a los evasores. Es más: según jueces y camaristas en lo penal económico consultados, fueron más allá y serían los que habrían impulsado en el Parlamento la creación del fuero penal tributario.

"Pueden ser ciertos algunos cuestionamientos que nos hace la AFIP, pero es claro que en las causas de contrabando o en las que figuraban personajes famosos la AFIP no hizo nada. En ninguna de ellas la ex DGI o la actual AFIP jamás han sido querellantes, tales como la de evasión de Omar Fassi Lavalle, la de Hard Communication (Susana Giménez), las dos causas por el posible contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, ni el presunto contrabando de autopartes y automóviles de Sevel.

"Son moneda corriente que los casos que denuncia la AFIP son de poca monta. Hace pocas horas me llegó una causa contra un quiosquero al que por no extender ticket por una compra de 21 pesos le clausuraron el local y le impusieron una multa de 9000 pesos. El hombre apeló y dispuse bajar la multa a 300 pesos. Contemplé que si ese comerciante tuviera que pagar la primigenia multa, no podría hacerlo ni aunque vendiera toda su mercadería y sus bienes personales, por lo que se convertiría en otro desocupado más", dijo a La Nación el juez Horacio Artabe.

Falta de control de drogas

Para el juez Jorge Brugo surge un asunto muy delicado que el gobierno nacional está empeñado en combatir, pero la Aduana parece no entenderlo así: el contrabando de drogas peligrosas.

"Hace más de un año y medio denunciamos cómo Silvani y su jefe de inteligencia, Carlos García Lorea, ordenaron desmantelar los controles aduaneros antidrogas. En dos años sólo entró en la Justicia una denuncia de la policía aduanera. Hoy, el aeropuerto de Ezeiza, como el puerto de Buenos Aires, es un inmenso queso gruyére por donde pasa de todo.

"Especialistas internacionales y agencias antinarcóticos, como la DEA norteamericana, han afirmado que en la Argentina se ha incrementado el tránsito de drogas y el riesgo del narcotráfico. Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué se relajaron los controles aduaneros antidrogas?

En cuanto a los dardos arrojados por la AFIP hacia el fuero penal económico, el juez Bernardo Vidal Durand sostuvo: "La cuestión es que ellos quieren tener una justicia funcional que se ajuste a sus deseos. No somos condenadores, sino hombres que juzgamos acciones. Creo que se equivocan, pues ellos piensan como recaudadores y no entienden que somos jueces".

Otro cascabel que suena mucho en el fuero es sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de algunos magistrados. Los cuatro jueces que dialogaron con La Nación dijeron que sus declaraciones de bienes "están al día" y no tenían problema alguno de que fueran "corroboradas" por cualquier autoridad o ciudadano que esté interesado. En cuanto a la llamada inacción en el fuero, durante los últimos cinco años la Cámara Nacional en lo Penal Económico ha registrado en sus estadísticas oficiales, a las que tuvo acceso La Nación , un 80 por ciento de procesamientos o condenas, al tiempo que también existe un porcentaje muy alto de apelaciones revocadas, según se agregó.

A modo de análisis, un veterano camarista confió que aún tiene esperanzas de que la crisis en el fuero encuentre una salida equilibrada.

"Es cierto -dijo- que nuestro fuero se ha convertido en un verdadero caos. Pero sería injusto poner a todos en la misma bolsa. La solución no es crear un nuevo fuero para ocultar el polvo debajo de la alfombra, sino que el Consejo de la Magistratura continúe avanzando a paso firme por los despachos de los funcionarios judiciales sospechados."

Pocas denuncias por evasión

La debilidad que desde el fuero penal económico se le achaca a la AFIP por no efectuar muchas denuncias se respalda, según los especialistas, en el artículo 19 de la ley tributaria 24.769, sancionada durante la gestión de Carlos Menem, por la cual la AFIP, según los casos, no siempre está obligada a denunciar posibles delitos impositivos.

Esto se evidencia, según estadísticas proporcionadas a La Nación por cuatro de los ocho juzgados de primera instancia (los números 1, 4, 5 y 8), en que entre 1997 y 1999 se tramitaron 3420 causas, pero la AFIP denunció 543 casos por evasión impositiva, es decir, sólo un 15,8 %. Los datos reflejan que la mayoría fueron casos menores.

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