El Gobierno busca medidas alternativas para liberar espacios en las cárceles para alojar a presos de más complejidad

Desde 2016, el Ministerio de Justicia de la Nación realiza una mesa de gestión penitenciaria en la que, entre otras temas, se busca mejorar la capacidad de alojamiento en los penales federales.

Este es uno de los objetivos del Programa de Asistencia a personas bajo vigilancia electrónica. El Servicio Penitenciario Federal envía informes a la Justicia para que los jueces evalúen si presos con perfiles criminológicos de baja peligrosidad pueden pasar de estar detenidos en un penal a estar bajo arresto domiciliario con tobillera. También se evalúan los casos de las personas que ya cumplieron las dos terceras partes de la pena y están en condiciones de acceder a la libertad condicional.

"No se trata de liberar presos para tener un cupo, sino de un trabajo responsable junto a los jueces para mejorar las condiciones y la capacidad de alojamiento y cumplir con el proceso de Ejecución de la Pena como corresponde", explicaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Justicia.

Los voceros indicaron también que hay un aumento de población penitenciaria, sumado a un proceso del Ministerio de Seguridad que enviará a entre 300 y 500 detenidos en el proceso de la lucha contra el narcotráfico a los penales federales.

"En los últimos años hemos recibido cada vez más detenidos de perfiles criminológicos complejos, como los que están por causas de narcotráfico o por corrupción. Este tipo de detenidos deben ser tratados dentro de los penales, mientras que perfiles de bajo riesgo, como las mujeres embarazadas, los mayores de 70 o los enfermos terminales podrían tener un mejor seguimiento con prisión domiciliaria", indicaron desde el Ministerio. "Pero esto es una decisión responsable, a partir de informes, y lo define un juez", aclararon.

En ese sentido, sostuvieron que esto no es una medida nueva, sino un trabajo que viene realizando el Ministerio desde principios de la gestión. "También vamos a sumar 3000 plazas a partir del año que viene", añadieron las fuentes.

Cómo se define el arresto domiciliario

El Poder Ejecutivo no se encuentra facultado para otorgar arrestos domiciliarios o libertades anticipadas. Las personas detenidas se encuentran a disposición del Poder Judicial que toma las decisiones pertinentes. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) elabora información que se remite al Poder Judicial de manera no vinculante, para su oportuna resolución.

Desde enero de 2017, atento a la situación crítica que atraviesan las cárceles federales en cuanto a disponibilidad de plazas genuinas, el SPF informa regularmente a los jueces del fuero penal, a la Defensoría General de la Nación, al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre otros, el listado de internos alojados que podrían acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y derechos Humanos de la Nación.

Se informa acerca de todos los casos que presentan alguno de los criterios establecidos para arresto domiciliario en el Art 10 del Código Penal: Mujeres embarazadas, mujeres con hijos hasta 5 años a cargo, personas enfermas, personas con discapacidad, personas mayores de 70 años. Asimismo, se agregan dos categorías establecidas en el "Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control" del Ministerio de Justicia y derechos Humanos (Resolución 808/2016): personas pertenecientes al colectivo LGBTI y mujeres con hijos de entre 5 y 10 años a cargo.

Por otra parte, se informa el listado de internos que temporalmente estarían en condiciones objetivas de ser evaluados para el acceso a libertades anticipadas previstas por la Ley de Ejecución Penal (Ley 24.660 y modificatorias). Atento a los casos de internos condenados por delitos graves que han reincidido mientras gozaban de libertades anticipadas otorgadas por los jueces a cargo, se pone a disposición de la Justicia la herramienta de monitoreo electrónico con el objetivo de contar con mayores controles. Sin embargo, en los casos de ofensores sexuales para los que el Poder Judicial evalúa la concesión del arresto domiciliario, la gran mayoría de los informes técnicos de viabilidad del Programa desaconsejan su inclusión.