El miedo al delito le ganó en el país al desempleo

El miedo a los delincuentes logró desplazar el temor por el desempleo, con lo que la inseguridad se erige ahora como la principal demanda de los argentinos.

La percepción de inseguridad encarna también la mayor preocupación pública, lo que se sustenta en los índices de criminalidad que, desde 1990, se duplicaron en el país. A mediados de esa década, la tasa de los que padecieron delitos o conocieron personalmente casos criminales se ubicaba en el orden del 16 por ciento de la población, mientras que las últimas mediciones del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la Universidad Di Tella (Licip) revelan que, actualmente, la criminalidad afecta, en promedio, a casi un 30 por ciento de la sociedad argentina.

Las cifras del delito en el país surgen, en los últimos tiempos, de relevamientos de organizaciones no gubernamentales, ya que entre 2004 y 2007 el Gobierno restringió su difusión, y, a menos de 30 días del comienzo de 2010, las autoridades nacionales todavía no difundieron las cifras de 2008.

A la irrupción de Juan Carlos Blumberg, en 2004, como abanderado de un reclamo generalizado, le siguieron las sucesivas voces de los familiares de las víctimas de la inseguridad en el área metropolitana y de otros dirigentes sociales, como el responsable de Red Solidaria, Juan Carr el rabino Sergio Bergman o el presbítero Guillermo Marcó.

Pesan también las llamadas de atención de estrellas de la TV, quienes logran una adhesión superior a la suma de las convocatorias de las 19 marchas en las que, desde comienzos de este año, se reclama mano dura contra la delincuencia. De forma llamativa, esa brasa que antes de las elecciones de octubre pasado ya figuraba al tope de las prioridades, pero nunca fue mencionada por Néstor Kirchner ni por la Presidenta.

Los criminólogos atribuyen el progresivo aumento del delito a un conjunto de causas de larga data: el 34% actual en el nivel de pobreza, un índice real de desempleo cercano al 10%, junto a la profundización de la desigualdad, con su impacto en la marginalidad de sectores altamente vulnerables.

La degradación del rol socializador de la familia y del Estado como proveedor de educación y modelador de valores socioculturales altruistas son también parte del problema, al igual que el avance de la droga y la contradicción de muchos argentinos que se abastecen en los mercados de productos robados.

Se agrega que el crimen organizado es otra de las bases de sustentación de delito, pero poco se conoce de su real operatoria e incidencia en la criminalidad de nuestro país, según coinciden los expertos consultados por LA NACION.

Los economistas tomaron prestado de la física el concepto de histéresis, para entender el aumento en los pisos históricos del delito: "Cuando la situación socioeconómica se degrada, el crimen crece. Pero éste no vuelve a sus marcas originales cuando las condiciones mejoran. Y es así como la base de la pirámide delictiva aumenta y luego resulta difícil volver a los registros anteriores", explicó a LA NACION Eugenio Burzaco, licenciado en Ciencias Políticas y futuro jefe de la Policía Metropolitana.

Esa teoría, en parte, podría explicar por qué durante la prosperidad económica de 2004 al 2008, cuando el país crecía a razón de un 8% anual, el delito siguió su curva ascendente.

Otro aspecto sustantivo, según coinciden especialistas consultados por LA NACION, radica en la ausencia de una estrategia pública integral de seguridad, cimentada a partir de un abordaje interdisciplinario para paliar el problema.

Dentro ese vacío, afirman, se vienen instrumentando estrategias a modo de parches, que oscilan entre la prevención y la represión del delito.

Las políticas de seguridad, cuando las hay, parecieran estar condicionadas por sesgos ideológicos que, con el paso de las administraciones, pocas veces logran la continuidad necesaria para ser eficaces.

De acuerdo con el último relevamiento del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, el 73% de los argentinos califica de alto el nivel de inseguridad y el 65% lo percibe en continuo aumento. El robo es señalado, por siete de cada diez encuestados, como el tipo de delito predominante y casi el 60% afirmó haber cambiado sus hábitos por temor a la delincuencia.

Restricciones horarias, mayor atención en el espacio público y un cuidado extremo al entrar y salir de los hogares integran el menú de esos cambios. Al margen, se ubica el sinfín de dispositivos que hoy ofrece el mercado de seguridad privada. Desde cámaras, botones antipánico y cercos eléctricos hasta autos blindados y vigilancia comunitaria.

"Es más alto el porcentaje de pobres que son victimas de delitos que los damnificados de mayores ingresos, por la simple razón de que estos tienen seguridad y los pobres, no", apunta el abogado y analista político Rosendo Fraga. La relación es directamente proporcional: "A mayor pobreza, mayor inseguridad".

Con tanto apremio y tanta desigualdad, ¿por qué todavía no se delineó aún una política de seguridad de largo plazo? Dijo el economista Ernesto Schargrodsky, titular del Licip: "Porque enfrentar el problema implica importantes costos inmediatos por parte de quienes decidan encararlo, mientras que los beneficios tardan en llegar, aunque el rédito electoral de quien lo logre sería inmenso. Por eso, francamente, no entiendo tanta pasividad".

Hechos más violentos

El recrudecimiento de la violencia en el delito es otro de los factores percibidos como de mayor riesgo por la opinión pública. El sociólogo Gabriel Kessler, investigador del Conicet, quien desde hace varios años se dedica a estudiar esta temática, sostiene que si bien la tasa de homicidios dolosos en la Argentina, con siete víctimas cada 100.000 habitantes, es inferior a la de otros países de la región, como México (9), Brasil (25), y Colombia (43), el pavor en la gente surge de un hecho objetivo y de otro subjetivo.

"Si bien los hechos más violentos son menos frecuentes, tienen una gran repercusión en los medios. Sin embargo, las tasas de victimización de cualquier tipo de delito de alrededor del 30 por ciento en centros urbanos pueden considerarse elevadas.

"Así, la percepción extendida de inseguridad parte de la simultaneidad de este alto índice de delitos y la alta presencia mediática de los homicidios. La gente se enfrenta a la eventualidad de un delito con la incertidumbre respecto a un desenlace mortal y no en función de la baja probabilidad de que esto ocurra. Esa es una primera pista para entender la inquietud y el peso de la inseguridad como problema público".

Para el especialista en temas de seguridad y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín, existe "una significativa falta de estrategias de reformas policiales tendiente conformar nuevas policías estrictamente ajustadas a la democracia y a la protección de las personas.

"Hay un mutismo sorprendente -agrega- ante la necesidad impostergable de superar los graves defectos y fallas institucionales que pesan sobre la mayoría de nuestras policías en el ejercicio de la única función que justifica su existencia, esto es, el control del delito. También surge el imperativo de erradicar las prácticas signadas por los abusos y arbitrariedades en el uso de la fuerza y por la protección de delitos".

El sociólogo Alberto Quevedo, director del área de Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señala que el cambio en la experiencia de vida en las grandes ciudades llevó los temas policiales a las portadas de los diarios, cuando sólo estos eran antes "patrimonio" de la prensa amarilla.

"Los hechos policiales -añade- están hoy atravesados por una dimensión política que antes no tenían y que ahora es imposible soslayar. Hoy forman parte medular de la agenda de todos los medios sin distinción y han llegado para quedarse."

Preferencia por acciones "espectaculares"

Al evaluar lo hecho hasta el momento en materia de seguridad, el criminólogo Máximo Sozzo, director del Programa Delito y Sociedad de la Universidad del Litoral, dice: "La respuesta a la inseguridad frente al delito se ha transformado en una «mercancía» que los políticos pretenden intercambiar con los ciudadanos. Esta dinámica instala la preferencia por decisiones y acciones «espectaculares» que brindan la apariencia que se está haciendo algo con firmeza. Un ejemplo paradigmático de esta lógica es la propuesta del Daniel Scioli de cambiar la legislación contravencional, lanzando un proyecto violatorio de los derechos civiles".