Finalizó la segunda jornada del juicio político a Ibarra. El operativo de seguridad y asistencia médica, ejes de las declaraciones

La Sala Juzgadora de la Legislatura porteña escuchó hoy a ocho de los 126 testigos citados en el juicio político que instruye contra el suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, quien decidió no concurrir al recinto para oír los testimonios.

Las declaraciones de los citados, dos de los cuales no asistieron al Legislativo, giraron en torno de la "caótica" situación que produjo el incendio del boliche República Cromagnon en las inmediaciones del edificio y las consecuencias que esto ocasionó en el operativo de seguridad y asistencia médica.

El primer testimonio correspondió a la abogada Beatriz Campos, patrocinante de 150 padres de chicos fallecidos en el terrible incendio, socia y pareja del letrado José Iglesias, cuyo hijo Pedro murió la noche del 30 de diciembre de 2004 y dijo que existía la posibilidad que el joven y otras victimas hayan fallecido "por falta de atención" ante el "caos" que, sostuvo, se vivía en los hospitales.

Por su parte, el ex director de Defensa Civil porteña Víctor Capilouto aseguró durante su declaración que el suspendido jefe de gobierno "dio instrucciones para que no falte nada" durante el operativo montado para hacer frente a la tragedia.

Amelia Borrás, madre de una joven fallecida y de otra sobreviviente de la tragedia, debió ser asistida hoy por un médico ante una crisis de nervios que sufrió tras dar su testimonio en el marco del juicio político que se le sigue a Aníbal Ibarra en la Legislatura.

Borrás, que también concurrió la noche del 30 de diciembre del 2004 al boliche de Once, brindó un relato conmovedor de lo ocurrido en Cromagnon, que fue interrumpido en varias oportunidades por el llanto de la mujer al recordar la tragedia.

Esta noche llegó el turno del ex director médico del sistema de emergencias de la ciudad, SAME, Julio Salinas, quien afirmó que la asistencia a las víctimas de la tragedia de Cromagnon fue "adecuada" frente a la grave situación que se desencadenó en el boliche de Once.

"Los peritajes de los médicos forenses han sido muy claros en afirmar que el accionar del SAME fue adecuado para la situación del momento", señaló Salinas al mencionar el informe que fue incorporado a la causa judicial.

El funcionario -actual subsecretario de Salud de la ciudad- sostuvo que "todas las víctimas recibieron oxígeno lo cual derrumba la intencionalidad de algunos legisladores de decir que algunos fallecimientos se produjeron por no tener atención adecuada".

Ibarra ausente. Ibarra no estuvo presente hoy en la Legislatura, tal cual lo se preveía, y recién volvería para los alegatos, en tanto que su abogado Julio César Strassera, reveló que esperaba que los diputados de la sala juzgadora rechazaran las nulidades presentadas contra la acusación, y por ende el proceso, al argumentar que "posiblemente los parientes los lincharan".

Ibarra, no obstante su ausencia en la Legislatura, habló con la prensa e insistió en acusar a legisladores y al líder opositor Mauricio Macri por "este juicio a contramano de la sociedad, de la justicia, de peritos de la Corte".

Antes, se dio lectura del acta de lo ocurrido en la audiencia de ayer, en la que Ibarra planteó nulidades al proceso que fueron rechazadas por la Sala Juzgadora, por lo que la defensa del suspendido jefe de gobierno pidió esta mañana la incorporación en el acta de la reserva del derecho a presentarse a un tribunal de justicia.

Más testigos. Los testimonios de la tarde también se refrieron al operativo de seguridad montado el día del incendio en las inmediaciones del boliche del barrio de Once.

El superintendente Federal de Bomberos, Vicente Herrán, afirmó que la "situación de desesperación y gran cantidad de público que hubo que ordenar y dificultó el vallado para prohibir ingreso, que era responsabilidad de Policía Federal", y criticó la falta de clausura de Cromagnon. Herrán señaló que él conocía que el certificado de bomberos de Cromañón había caducado el 24 de noviembre de 2004 y que una ordenanza indicaba que tras el vencimiento se debía clausurar el local", pero agregó que se entero "´a posteriori´" de que esa ordenanza fue modificada por otra que no obliga al cierre.

En relación con la asistencia médica, un punto duramente cuestionado por familiares de las víctimas fatales, el jefe de Departamentos de Desastres del SAME, Vicente Carluccio, y el director Operativo de ese organismo, Carlos Soloaga, defendieron el operativo de emergencia.

"Hubo una respuesta adecuada al tipo del evento", aseguró Carluccio y remarcó que "todas las ambulancias fueron con tubos de oxígeno" al lugar.

En consonancia, su par Soloaga dijo que el SAME estuvo "a la altura" de las circunstancias y sintonizó con Carluccio en que la reacción fue "adecuada a la situación, que fue de mucha magnitud", aunque reconoció que se tornó "caótica" cuando los heridos querían entrar a la fuerza en las ambulancias.

Los dos testigos que no prestaron declaraciones fueron Jessica Lioy, esposa de un sobreviviente, que tenía previsto atestiguar pero sufrió una descompensación por su embarazo y debió ser trasladada al Hospital Argerich, y el coordinador del Consejo de Emergencia (COE) porteño, Julio Crespo Campos.

Esta noche, la Sala Juzgadora oía la declaración del ex legislador Milcíades Peña, el último testigo de la extensa jornada de la comisión legislativa, que escuchará otros testimonios hasta el miércoles 15 de febrero, un mes antes de que se venza el plazo para que decida el futuro de Ibarra.

Agencias Télam y DyN

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