En camino hacia el fin de los manicomios
En nuestro país hay unas 25.000 personas internadas en establecimientos y servicios de salud mental públicos y privados. Más de dos tercios de esa población permanece hospitalizada por motivos que exceden el problema que originó su internación.
Paradójicamente, los avances en este campo han demostrado que esas personas pueden mejorar sustancialmente su calidad de vida cuando acceden a programas de rehabilitación, desinstitucionalización y reinserción comunitaria. Entre otros beneficios logran una mayor autonomía, mejoran sus relaciones interpersonales y recuperan derechos perdidos.
Hasta ahora, la Argentina contó con programas de rehabilitación exitosos, pero aislados y autogestionados. El primer desafío es entonces la adopción efectiva de una política de salud mental que asegure el desarrollo de este tipo de programas en todo el país, de forma tal que puedan incluirse todas las personas que lo así lo requieran.
Pero independientemente de las situaciones de institucionalización, existen más de 6 millones de argentinos con problemas de salud mental, de los cuales, según estimamos en 2003, sólo un pequeño porcentaje recibe tratamiento especializado. Para ese año, investigaciones internacionales coincidían en que existe una enorme brecha entre personas afectadas y personas atendidas.
De este segundo diagnóstico, surge otro desafío: las políticas destinadas a fortalecer los programas de rehabilitación deben ser complementadas con otras medidas que disminuyan esa brecha asistencial, por ejemplo fortaleciendo los dispositivos de atención ambulatoria y su distribución territorial, evitando así que nuevas personas se institucionalicen y pasen a formar parte de los internados a desinstitucionalizar en el futuro.
Una de las propuestas que formulamos en 2005 para monitorear esa brecha asistencial es la inclusión de algunos indicadores específicos de atención de la salud mental dentro de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica nacionales o locales. Uno de estos indicadores, que hemos llamado Vigilancia de Necesidades No Atendidas en Salud Mental, podría instrumentarse rápidamente a partir de la información asistencial que ya producen los servicios y establecimientos de salud mental.
En síntesis, las políticas de desmanicomialización deben tener en cuenta ambos aspectos del problema: por un lado, el desarrollo de programas de rehabilitación-reinserción de las personas ya internadas, y, por otro lado, el fortalecimiento de la red de atención ambulatoria para el sostenimiento de las personas afectadas que no se encuentran internadas y que afortunadamente aún son la gran mayoría.
Hugo Barrionuevo
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