Preocupación de los vecinos: una infracción reiterada. En la ciudad hay 30.000 carteles que invaden ilegalmente la vía pública
El gobierno porteño sólo tiene 15 inspectores para controlar comercios y hacer cumplir las ordenanzas
En la ciudad están en infracción más de 30.000 carteles publicitarios que permanecen sobre la fachada de los edificios abandonados o en construcción, o bien aquellos que promocionan productos en locales comerciales y que invaden la vía pública, tal el caso de los llamados "sándwich".
Lo llamativo resulta que sólo 15 inspectores de la Dirección de Recuperación de Espacios Públicos (Recep), que el gobierno porteño creó en diciembre último para combatir esta problemática, están abocados a esta misión de recorrer la ciudad y también inspeccionar los casi 300.000 locales comerciales habilitados.
La mayor inquietud de los funcionarios radica en una cuestión central: ¿quién se haría responsable si uno de esos carteles que están en las calles se cae y lastima a peatones?
Ante el vacío legal, la Recep lleva adelante una acción que hasta ahora no se había realizado de manera coordinada y constante en la ciudad de Buenos Aires.
"Después de la tragedia de República Cromagnon, la intención del gobierno es potenciar los controles y prevenir posibles riesgos que puedan sufrir los habitantes de la ciudad. En ese sentido, la dirección apunta a realizar acciones coordinadas para limpiar la ciudad de todos los carteles que invaden la vía pública y no tienen la habilitación correspondiente", sostuvo a LA NACION Jorge Burdieza, coordinador del área.
Carteles secuestrados
En ese sentido, el gobierno porteño secuestró el mes último cerca de 733 carteles, que fueron retenidos en un depósito hasta que los dueños realizaran el respectivo reclamo. Caso contrario, después de 180 días, pasan a ser propiedad del gobierno.
"En realidad son muy pocos los que vienen a buscar los carteles, porque saben que estaban en infracción", sostuvieron los funcionarios.
Las zonas más poblada de carteles no permitidos son el micro y macrocentro, además de los centros comerciales de los barrios de Palermo, Caballito, Belgrano y Núñez, principalmente.
Prohibiciones
Según la normativa, no están permitidos los anuncios que afecten el aspecto urbanístico. Esto es, un cartel que por su ubicación, magnitud o estructura perjudique el punto de vista técnico urbanístico; ya sea lugares frente a fuentes, estatuas, monumentos, plazoletas o plazas, entre otros sitios.
Previamente, deberá tener la aprobación de la Comisión Asesora de Publicidad.
Además, se detalla que los anuncios frontales deberán ubicarse por encima de los 2,20 metros, debiendo integrarse a los lineamientos de la fachada, cuestión que se observa con muy poca frecuencia en la ciudad. En cuanto a los que se exhiben en obras, en el frente de las construcciones se puede instalar una cartelera para la fijación de anuncios siempre y cuando se respeten las normativas detalladas.
En tanto, están prohibidos los anuncios en los monumentos, estatuas, fuentes y edificios públicos, como en las plazas y en los paseos públicos. Tampoco se puede ubicar carteles a nivel de las vías férreas. No están permitidos los anuncios luminosos e iluminados en balcones ni aquellos que obstruyan la visual en la zona de seguridad en esquinas. Cualquier porteño que camine la ciudad puede comprobar fácilmente que esta normativa no se cumple.
En cuanto a los locales y los comercios, no pueden tener sobre la acera objetos que entorpezcan el paso de los peatones -carteles de promociones, bancos y heladeras por ejemplo-, algo que también se ve muy a menudo en la ciudad.
"Nosotros realizaremos operativos para comenzar a corregir todas estas irregularidades, pero es cierto que hasta tanto no se apruebe una ley de recobro o de multa, se da con frecuencia que los propietarios reinciden en las infracciones", dice Burdieza, que agrega más datos: "Nosotros retiramos la cartelería que está prohibida, pero notamos que, en algunos casos, después de unos días vuelven a ubicarla en el mismo lugar. Y por ahora es una lucha muy dificultosa. Con una multa, sería muy distinto".
La Recep, que depende de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, a cargo de Eduardo Epszteyn, y que también se ocupa de disuadir a los cartoneros que acopian residuos de papel y plástico en las esquinas e invaden la vía pública, sólo tendrá un presupuesto propio durante este año. Antes de eso, será muy difícil para sólo 15 inspectores controlar tal cantidad de infracciones.
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