Violencia de género
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España: "El Estado mató a mi hija", dijo la madre de una nena asesinada por su padre
Ángela González es la primera mujer en demandar al Estado como responsable civil del filicidio de su hija de 7 años; lo había denunciado 30 veces por violencia; condena de la ONU
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Madrid-. Angela González, la primera mujer en demandar al Estado español como responsable civil de filicidio, afirmó que sabía que su ex marido acabaría matándola a ella "o a la niña, o a las dos", por lo que lo había denunciado en más de 30 ocasiones.
"Me llamo Angela González, vivo en Madrid, tengo 44 años y durante los últimos 20 he sido una mujer maltratada. Tuve el valor de abandonar a mi marido, Felipe Rascón, con una bolsa en una mano y Andrea bajo el brazo en 1996", dijo la mujer en una entrevista con el diario español El Mundo.
Desde entonces y hasta que su hija fue asesinada pidió ayuda "a los jueces, a la Policía, a la Guardia Civil, a los servicios sociales... íA todo el mundo! Pero nadie nos protegió", dijo.
"Supliqué que se interrumpiera el régimen de visitas, que no dejaran que Felipe viera a la niña o, al menos, que los encuentros fueran vigilados. Pero un juez estimó que el padre tenía derecho a estar con ella a solas, que no era peligroso. El 24 de abril de 2003 Felipe le disparó en la cabeza y se suicidó", contó.
"El principal culpable está donde tiene que estar. Con él ya no se puede hacer justicia, pero sí con otros muchos que fallaron", apuntó.
La mujer pidió justicia y demandó hace unos 15 días al Estado español como responsable civil de la muerte.
Un daño moral irreparable
"Pido que se repare un daño moral que es irreparable, que se pague por los desaciertos y errores judiciales y administrativos que acabaron con la muerte de mi hija", enfatizó.
Contó además que el padre "nunca quiso a Andrea": "Cuando se enteró de que estaba embarazada lo primero que me dijo es que el hijo no era suyo, e incluso la sometió a la prueba de paternidad".
"Además quería un varón, así que al saber que era una niña la rechazó totalmente. No quería que naciera, hasta el primer año de vida no la cogió en brazos", expresó.
Ángela recordó que en ese entonces y tras 17 años de convivencia los maltratos eran "sobre todo psíquicos".
El hombre la golpeó, la tiró contra el suelo de la cocina y puso un cuchillo en su vientre delante de la nena, que tenía en ese momento tres años.
"Andrea entró en la cocina llorando. En cuanto él se calmó, cogí a la niña y me fui con lo puesto", contó la mujer, quien aclaró que, una vez establecido el régimen de visitas, a Andrea "le daba pánico quedarse a solas con él".
Luego de los informes psiquiátricos correspondientes, el juez impuso que las visitas fueran vigiladas por un asistente social. "Durante dos años y medio respiré tranquila, hasta que una nueva resolución judicial lo dejó de nuevo ver a la niña a solas. Me eché a temblar", dijo.
El día del asesinato se había realizado el juicio en el que se decidía quién se quedaría con la propiedad en la que vivían cuando estaban casados.
"Como todos los jueves, la llevé a los servicios sociales donde la recogía su padre. Cuando regresé por ella no estaba", recordó y agregó: "¿Cuántas madres estarán viviendo lo que viví yo?".
La condena de la ONU
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), condenó al Estado español por no actuar de manera diligente para evitar la violación de los derechos de Ángela González, mujer víctima de violencia de género, y su hija Andrea.
En su dictamen, el Comité explicó de manera contundente que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela, de siete años, a manos de su padre.
La falta de debida diligencia del sistema de protección condujo a que la niña, de entonces siete años, fuera asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor.
La condena que emitió el Comité obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas.
Para evitar la repetición de situaciones similares, se exige que se tomen "medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia, de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos".
Adicionalmente, el dictamen manda a que se refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género. Y obliga a que los jueces, juezas y personal administrativo competente, reciban formación obligatoria sobre estereotipos de género.
Agencia Télam y diario BBC
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