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Exigen a una ciudad argentina que devuelva dinero a España
El municipio madrileño de Pinto abrió una causa contra su homónimo en Santiago del Estero
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MADRID.– Hasta hace apenas un lustro, el municipio español de Pinto y su homónimo argentino en Santiago del Estero se encontraban "hermanados" por un convenio de cooperación internacional de asistencia financiera.
Sin embargo, el lunes pasado, este vínculo pasó a estar signado por el escándalo: desde la localidad ubicada a 20 kilómetros de la capital de España, su intendente acusó a las autoridades del pueblo santiagueño de no haber podido justificar convincentemente el uso de un préstamo millonario concedido por esa comuna en 2004 "para la construcción de 18 viviendas sociales" en esa provincia.
Ante la presunta falta de respuestas por parte de las autoridades del municipio argentino, el alcalde español de Pinto, el socialista Juan José Martín, inició un "expediente de reintegro" de la donación realizada con el fin de esclarecer lo sucedido o recuperar "hasta el último céntimo" del monto cedido que, aunque no fue especificado oficialmente, oscila entre los 2 y los 4 millones de euros según distintas fuentes consultadas.
"Hemos pedido al Pinto argentino los informes pertinentes y los criterios que han seguido para adjudicar las viviendas. Pero han tardado muchísimo en responder y sus informes no han satisfecho nuestros requerimientos; no justifican los criterios de adjudicación y desconocemos quiénes han sido los adjudicatarios", aseguró Martín a la prensa española, sobre este reclamo cuyo esclarecimiento, según reconoció, "es una de las prioridades" de su gestión.
No obstante, la declaración del alcalde no se agotó en el anuncio de la apertura del expediente, sino que también incluyó un ultimátum. "Pinto [de la Argentina] tiene ahora 15 días para presentar las alegaciones que considere pertinentes", dijo, en referencia al plazo que fijó la Comisión de Control creada para este caso con el fin de fiscalizar el verdadero destino final de los millonarios fondos.
"Esta comisión recibirá toda la documentación que remitan desde la Argentina, además de los informes externos encargados a un despacho de abogados que marcarán al Ayuntamiento de Pinto las líneas de actuación por seguir, tanto por vía administrativa como judicial", agregó el titular de la localidad de la comuna de Madrid, conocida, además, por estar emplazada en el centro geográfico exacto del mapa de España.
Las dos respuestas
De este modo, las respuestas que evalúa el Poder Ejecutivo municipal español son sólo dos: la documentación precisa y exhaustiva de cada euro donado por parte del gobierno de Pinto santiagueño para la construcción de "casas destinadas a personas de bajos recursos" o, en su defecto, la devolución íntegra de la suma total cedida gradualmente desde 2004.
Más allá de la inflexibilidad exhibida por Martín, hasta el momento, los procesados por este caso de presunta malversación de fondos son españoles.
Tanto al alcalde pinteño en ejercicio al momento de aprobarse la donación, Antonio Fernández, como a su hija, Patricia, se les ha iniciado un proceso judicial que se encuentra en la fase de instrucción.
En este contexto, la pertenencia de Fernández y Martín a la misma fuerza política, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), podría resultar clave en la urgencia demostrada por el actual alcalde para intentar dirimir este escándalo en la Argentina.
En los últimos meses, la creciente presión del Partido Popular (PP), desplazado el año último del gobierno comunal por una moción de censura encabezada por el actual intendente, ha empujado a Martín a pronunciarse sobre esta delicada polémica internacional.
La apertura del expediente por parte del alcalde se produjo algunas semanas más tarde de que el PP le exigiera al Ayuntamiento socialista la formalización de la acusación contra Fernández que, además de estar a cargo del gobierno de Pinto, presidía la fundación Pinares, organización encargada de coordinar la controvertida donación.
Un caso parecido en Rosario
El gobierno de las islas Baleares inició una investigación en agosto pasado al Centro Balear de Rosario por irregularidades en el manejo de fondos solicitados para encarar proyectos sociales y por falsificar documentación. La decisión tomada por las autoridades de esa comunidad autónoma española fue la de suspender la entrega de nuevos subsidios hasta tanto sean reintegradas las ayudas enviadas, que suman unos 20 euros de los cuales no se rindieron cuentas. Las irregularidades ocurrieron en 2007 y este año salieron a la luz después de que la comunidad cercana a España agotara toda las instancias de reclamo.
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