Expertos evaluarán el funcionamiento judicial

Un equipo de expertos, integrado por abogados y un antropólogo, hará durante todo 2004 un seguimiento de centenares de causas penales de relevancia con el objetivo de evaluar el funcionamiento del sistema judicial, identificar sus problemas latentes y plantear soluciones posibles.

El trabajo futuro es fruto de un convenio firmado ayer por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la Procuración General de la Nación y el Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia, Fores.

Llevará el nombre de Transparencia para el Sistema Penal; ocurre que uno de los objetivos de este programa es el de ofrecer, a los ojos de la sociedad civil, una mayor transparencia respecto del trámite y la resolución de las causas penales, a la luz de la complejidad propia del sistema penal, la sensación de inseguridad -producto de la ola de delitos- y las dificultades de comprensión de estos procesos por parte del ciudadano común.

El director académico de Fores, Héctor Chayer, explicó a LA NACION: "La intención es seguir causas penales relevantes por su repercusión pública o por su impacto en la eficacia del sistema judicial en su conjunto, como, por ejemplo, los casos con autores ignorados (NN).

"Se parte de la base de que el sistema penal es muy opaco para la sociedad -indicó-, que no funciona tan claramente ni con la racionalidad cartesiana que muestran los códigos Penal y Procesal, sino que existen en él zonas oscuras que surgen de la práctica, y que hay cierta irracionalidad en el sistema que da paso a manejos discrecionales y a disfuncionalidades."

El equipo

El equipo de trabajo de Fores (encargado del seguimiento de las causas) estará integrado por los abogados Juan Rodríguez Estévez, Hernán Martínez Solís y Martín Casares, y por el antropólogo Santiago del Carril, que ya ha hecho trabajos de evaluación sobre el impacto de los procesos judiciales en la sociedad.

Durante enero, dijo Chayer, evaluarán unas 200 sentencias dictadas por tres tribunales orales en lo criminal porteños y por un tribunal oral federal para, a partir del que es considerado el cierre de una causa penal, estudiar todas las alternativas del proceso desde su inicio.

El informe derivado del estudio de esos fallos permitirá al equipo de trabajo contar con un patrón de funcionamiento del sistema judicial con el cual comparar las causas que se seleccionarán a partir de febrero próximo.

El acuerdo firmado ayer prevé la realización de un "seguimiento sistemático" de entre 50 y 100 causas penales y la redacción de un informe mensual con los resultados del monitoreo.

Chayer, no obstante, dijo a LA NACION que bien podrían ser un millar los procesos monitoreados a fines del año próximo. "Con este trabajo no se pretende incidir en la decisión jurisdiccional [es decir, la decisión que tomará el juez de una causa]. Es sólo ver qué sucede con una mirada ajena al fondo de la cuestión y transmitir a la sociedad las opacidades que se dan en el trámite. El registro dejará a la vista el dato objetivo, que quedará reflejado en un informe mensual, que será de acceso público", dijo Chayer.

Esta intención de "no intervención" en la marcha del Poder Judicial quedó explícita en los fundamentos del convenio firmado ayer: "No se pretende en modo alguno influir en las decisiones jurisdiccionales ni una intromisión indebida en causas en trámite. Antes bien, el proyecto apunta a un seguimiento a posteriori del trabajo del sistema que genere información confiable para la ciudadanía".

"Tampoco se pretende merituar cualitativamente las decisiones de fiscales o jueces, pues más allá de unos pocos parámetros semejante tarea dogmática jurídica superaría la capacidad operativa del programa", señalan los fundamentos de la iniciativa.