Facilitarán la apertura de comercios en la ciudad: prometen menos burocracia y más rapidez

Un proyecto de ley que ingresó esta semana en la Legislatura porteña busca simplificar y agilizar el proceso para abrir comercios en la ciudad. Cada año se inician unas 12.000 habilitaciones en la Capital; el trámite exige la figura de un escribano, demora de uno a 90 días según la dificultad del rubro y, una vez obtenida, nunca caduca.

La iniciativa legislativa que impulsa la Agencia Gubernamental de Control (AGC) reforma el Código de Habilitaciones vigente. Propone que con apenas la presentación vía web de una declaración jurada y un informe técnico de un profesional responsable (arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra) casi cualquier negocio pueda comenzar a funcionar en el acto. Este proceso elimina la figura del escribano y reduce las demoras en la gestión. El objetivo: hacer de Buenos Aires lo más productiva posible.

"Desde el gobierno podemos mejorar las condiciones para que la producción sea mejor, más sencilla y más económicamente rentable. Este proyecto de ley sigue simplificando el marco regulatorio dentro del que se pueden hacer negocios en la ciudad", explicó Julián Cohen, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Económico porteña.

De instrumentarse, aplicaría para casi toda actividad económica que se desarrolle en el territorio de la ciudad, excepto para los rubros considerados críticos.

Locales con capacidad mayor a 350 asistentes, establecimientos de sanidad y estaciones de servicio, entre otras actividades con riesgo implícito, suman el 5% de las licencias existentes y se les seguirá exigiendo una habilitación para poder funcionar.

Para el resto de los comercios, los principales cambios serán los siguientes:

• Comienzo inmediato: bastará presentar la llamada Declaración Responsable –que aplicará para el 95% de los comercios minoristas, gastronómicos, industrias, mayoristas y empresas de servicios– para empezar a funcionar.
• Reválida cada cinco o 15 años: hoy se desconoce cuántos comercios habilitados están en funcionamiento en la ciudad, en parte porque los locales no están obligados a reportar el cese de actividades. Por la futura normativa, las declaraciones responsables deberán actualizarse cada cinco años y las licencias, cada quince.
• Sin inspecciones sorpresa: desde principios de mes, la AGC está trabajando en inspecciones anunciadas con anterioridad. "No estamos buscando la falta sino todo lo contrario, estamos acompañando para que el comerciante se vaya adecuando a la normativa que se encuentra actualmente en vigencia", explicó Ricardo Pedace, director del organismo.
• Poder de revocación: en la actualidad, cuando un determinado comercio viola sistemáticamente las clausuras no existe una herramienta que permita a la AGC revocar la autorización (y los casos terminan dirimiéndose en la justicia). El proyecto de ley le da la potestad a la AGC para revocar autorizaciones si se constata peligro de la salubridad o seguridad, falseamiento de datos, reiteración de violación de clausura o desvirtuación del rubro declarado.

"Vamos a darle un impulso mayor a las pymes", agregó Ricardo Pedace. Sostuvo que el actual Código de Habilitaciones, que data de 1976, no acompaña el progreso. "Hoy necesitamos un código de actividades más dinámico que ayude a los comerciantes a crecer y desarrollarse", opinó.

El proyecto reemplazará el actual código por una Ley de Regulación de las Actividades Económicas, un cambio que busca distanciarse hasta desde lo semántico: "Hablamos de regulación, no de habilitación", dice Andrés M. Bousquet, responsable de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, quien explica que la reforma se base en el principio rector de la buena fe del ciudadano para agilizar y desburocratizar. "El objetivo es el desarrollo económico, no el control", enfatizó.

La sanción de la ley solo necesita mayoría simple, por lo que el oficialismo puede aprobarla con votos propios.

El diseño de este proyecto incluyó un proceso participativo por medio de la plataforma Dialogando BA, en la que se presentaron públicamente los ejes sobre los que se estaba trabajando. Para María Andrea Conde, legisladora de Unidad Ciudadana, "en los fundamentos hablan de Dialogando BA como punto de partida de esta ley, pero cuando entramos y vemos en la minuta de esos encuentros queda claro que quienes participaron responden a las grandes cámaras empresarias y de comercio, o a grandes empresas". Según la diputada, en un contexto de "pérdida de empleos, ajuste a los sectores populares y tarifazo, las políticas de la Ciudad se orientan a una mirada fiscalizadora en vez de ayudar a pequeñas y medianas empresas, comerciantes y sectores de la economía popular".

La iniciativa se debatirá en los próximos meses; desde el oficialismo esperan poder implementar los cambios el 1° de enero de 2019.