Fallan los controles sobre los patovicas

Sólo tres de los 2200 vigiladores privados están inscriptos oficialmente; el gobierno reconoce inconvenientes para verificar
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13 de mayo de 2003  

De 2200 patovicas que trabajan en 450 empresas de seguridad en la ciudad sólo tres han cumplido -en los últimos 20 días- con el requisito de inscribirse en el Registro de Custodios de Seguridad Privada que funciona en la Capital. El dato es llamativo porque demuestra que no sólo los vigiladores no respetan la ley 118, que regula la actividad en cuestión y les exige anotarse en esa planilla, sino que tampoco el gobierno porteño realiza los controles correspondientes.

La agresión a Guido Anachuri -el joven que permaneció internado tres semanas como consecuencia del puntapié que le dio en la cabeza un patovica el 18 del mes último en el boliche El Sublime- generó el interrogante sobre qué resortes institucionales fallaron y por qué no pudieron prevenirse este hecho y otros similares (ver aparte).

Si Miguel Carpinacci, el custodio procesado por homicidio en grado de tentativa por el ataque a Anachuri, hubiera cumplido las obligaciones legales probablemente aquel joven no habría sido víctima del patovica.

¿Por qué? Porque Carpinacci ni siquiera habría podido inscribirse, ni por lo tanto desempeñar su tarea, en el registro del gobierno porteño. La norma, entre otras cosas, establece que los custodios no pueden tener antecedentes penales, pero Carpinacci figura como imputado en dos denuncias por lesiones ocurridas en El Sublime.

"Tampoco hubiera aprobado el examen psicofísico. Está en negro, por eso se aplicó la pena máxima (clausura del local)", afirmó Osvaldo Rizzo, titular de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, dependencia encargada de habilitar, registrar y controlar a los patovicas (voz que remite a la especie "vica" de los patos de pecho hinchado) y a las empresas de seguridad. El examen psicofísico al que hizo referencia Rizzo es otro de los requisitos previstos por la ley 118 -promulgada a fines de 1998 y reglamentada en 2002-, así como tener estudios primarios completos, ser mayor de 21 años y presentar un seguro de responsabilidad civil de 50.000 pesos. Carpinacci y otros 2196 custodios evadieron inscribirse. Al mismo tiempo, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada no controló. Sólo después de la agresión a Anachuri los inspectores del gobierno porteño clausuraron el local.

Sin inspectores propios

Ayer, Rizzo admitió a LA NACION que existen inconvenientes para verificar la tarea de los patovicas. "Cuando se realizan las inspecciones no se producen las agresiones y los patovicas se hacen pasar por concurrentes o por amigos de los dueños de los locales", afirmó el funcionario.

Según explicó, si bien es responsable de controlar el cumplimiento de la normativa en vigor, no tiene un cuerpo de inspectores propios. "Nosotros debemos solicitar a la Secretaría de Control Comunal que los envíen", dijo, pero no pudo recordar si alguna vez había pedido la inspección de El Sublime y de los otros boliches ahora denunciados.

Fuentes de la Defensoría del Pueblo no dudaron en que la responsabilidad sobre la falta de supervisión recae sobre la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, aunque las circunstancias la excedan.

Los especialistas en temas de seguridad coinciden en que no son necesarias nuevas leyes. El marco normativo es "suficiente y claro", según el diputado Roque Bellomo, uno de los autores de la ley 118 y actual integrante de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña.

La dirección a cargo de Rizzo, en tanto, instrumentó desde hace dos semanas un nuevo mecanismo de control: comenzó a enviar intimaciones a los aproximadamente 450 boliches de la Capital para que en el término de 72 horas contesten una declaración jurada sobre si tienen o no personal de seguridad.

"Ya respondieron 90 locales -sostuvo Rizzo-. El 30 por ciento declaró tener vigiladores de una prestadora habilitada y estamos verificando si es así. Si se comprueba que no tienen personal de seguridad habilitado se los clausurará. También se enviarán inspectores a los que no respondan o afirmen que no tienen custodios.

"Se están estudiando otras clausuras -continuó-, porque el jefe de gobierno dio instrucciones claras para que la pena sea máxima para los locales que no cumplen y donde se producen agresiones. Y les comunicamos a varios dueños de boliches que se presentaron ante nuestra dirección que les exigiremos policía adicional en la puerta."

Varios dueños de discotecas afirmaron estar en situación regular respecto de sus custodios. "Nosotros contratamos gente que está registrada y habilitada. Además, les prohibimos que levanten la mano a ningún cliente. Sólo pueden sacarlos a la calle, pero sin agredirlos", dijo Alberto Gómez, encargado de La Diosa, en Costanera Norte.

"Contratamos a una empresa, pero hacemos entrevistas personales con los custodios. Tratamos de que sean responsables, que tengan buenos sentimientos y que vigilen la seguridad, también de la persona a la que sacan", afirmó Javier Fernández, del boliche Niceto, de Palermo.

Seguidilla

18 de abril: un custodio del boliche El Sublime, en Núñez, dio un puntapié a Guido Anachuri, de 19 años, y lo dejó en coma.

18 de abril: Adrián Marcelo Capo, de 18 años, fue golpeado por custodios de la discoteca El Teatro, en Colegiales.

26 de abril: a pocos metros de la disco The Place, en Palermo, tres jóvenes fueron agredidos por alrededor de 15 individuos luego de que los custodios los echaron del lugar. Ariel Sciulli, de 19 años, quedó desfigurado.

30 de abril: José Ignacio Larrengina, de 22 años, sufrió lesiones en su rostro y la fractura del maxilar por los golpes que le dieron custodios del local bailable JL, de la ciudad bonaerense de Gonnet.

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