Fertilización in vitro: el sueño de ser padres, postergado por las pesadillas económicas

Desde hace unos años, además de búsqueda de la realización profesional, las mujeres suman otra causa para postergar la maternidad: la coyuntura económica y laboral. Según los centros de fertilización consultados, el 60 por ciento de las mujeres que se somete a tratamientos de fertilidad supera los 35 años; esto implica a su vez, un aumento de los embarazos logrados mediante óvulos donados ya que la calidad de los ovocitos decae con el paso de los años.

El coautor de la primera fertilización in Vitro realizada en la Argentina, Santiago Brugo Olmedo, señaló: "La inseguridad económica y la consecuente postergación de la maternidad pasa a integrar la lista de causas no médicas que condicionan la fertilidad, al punto de tener que recurrir a tratamientos de reproducción asistida para concretar el embarazo".

El especialista, también director médico de Seremas, agregó: "Existe un aumento paulatino en la media de edad de las pacientes que se someten a un tratamiento de reproducción asistida, situándose en más de 35 años".

Muchas mujeres recurren a la fertilización asistida porque postergaron la maternidad a causa de dificultades económicas. Pero, entonces, los problemas de dinero siguen condicionándolas. Un tratamiento de alta complejidad cuesta unos 50.000 pesos y uno de baja, entre 5 y 8 mil. A esto hay que sumarle los estudios previos, que se repetirán tantas veces como tratamientos se necesiten. Son excepcionales los casos en los que las mujeres quedan embarazadas con un tratamiento; el promedio ronda los tres intentos.

"En el tratamiento número quince llegó Selene", contó a LA NACION. Pudo concretarlo porque logró enmarcarse en la ley de fertilización asistida que rige en la provincia de Buenos Aires. Ya sin ahorros, nunca hubieran podido ser padres.

Julieta Iribarren ahora tiene 37 años y una hija de casi uno, Selene, que llegó después de diez años de intentar un embarazo. Se sometió a catorce tratamientos de fertilización asistida, que inició no bien se casó. "En el tratamiento número quince llegó Selene", contó a LA NACION. Pudo concretarlo porque logró enmarcarse en la ley de fertilización asistida que rige en la provincia de Buenos Aires desde 2010. Ya sin ahorros, nunca hubieran podido ser padres.

Le cuesta hacer los cálculos de cuánto gastó, pero lo intenta: se practicó tres tratamientos de alta complejidad y el resto de baja; por cada intento, le requirieron varias ecografías, estudios hormonales, espermogramas y cultivos. Invirtió algo más de 150.000 pesos (a valores de hoy).

Además de lo económico y del desgaste físico y psicológico de cada nueva tentativa de embarazo, Julieta perdió mucho tiempo. Con su pareja, ambos dedicados a las artesanías en madera, se tomaban casi dos años entre un tratamiento y otro, tiempo que dedicaban a ahorrar para concretar esa ilusión, para ellos impagable, de ser padres.

La necesidad de una ley

"Perdimos una eternidad de tiempo", dijo Julieta, quien desde siempre supo que quería más de un hijo. Al paso que va, sin trabajo ella, y con una entrada bastante ajustada de su marido, no encuentra la manera de cumplir con lo planificado para su vida. Y el tiempo sigue corriendo: tiene 37 años y cree que la única forma de emprender nuevos tratamientos sería si los contemplara el Plan Médico Obligatorio (PMO). "Para eso necesitamos una ley de fertilización que nos garantice tratamientos pagos", pidió.

Ella se refiere a la ley nacional de fertilización asistida, que hace casi un año obtuvo media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados de la nación y no logra ser aprobada en el Senado. A fin del mes pasado, en la sesión de la cámara alta, el bloque de Frente para la Victoria, que redactó e impulsó este proyecto de ley en Diputados, propuso modificaciones y así postergó su aprobación.

Varias asociaciones civiles militan activamente para que la ley sea un hecho en la Argentina: se reúnen con legisladores, hablan de sus experiencias personales, piden no dilatarla más. Consideran que esta ley forma parte de la ampliación de derechos que lleva adelante el gobierno nacional. Saben que la aprobación es el primer paso: la segunda conquista sería lograr una reglamentación lo más abarcativa posible respecto de los tratamientos que deberían cubrir las prepagas y el propio Estado en los hospitales públicos.

La presidenta de Concebir, Isabel Rolando, dijo: "No puede ser que por tener o no tener plata algunas parejas puedan ser padres y otras no. Es un derecho humano universal el de formar una familia".

La asociación civil de pacientes con dificultades para concebir Sumate a dar vida, manifestó en un comunicado: "La no aprobación de esta ley indica un evidente retroceso que deja sin la protección del Estado a un amplio sector de la sociedad". Son las personas que no pueden pagar de su bolsillo los tratamientos, o demoran años en ahorrar para concretarlos. A veces, el reloj biológico les gana en el intento. "Los pacientes seguimos padeciendo un profundo vacío legal y un doloroso vacío en nuestras vidas", señaló.

El grupo de apoyo para parejas con trastornos de reproducción Concebir también difundió un fuerte comunicado de repudio ante lo consideraron un fracaso legislativo. "Nuestros Senadores volvieron a dejarnos con las manos y los vientres vacíos", expresaron.

En diálogo con LA NACION, la presidenta de Concebir, Isabel Rolando, repudió la demora de esta ley que considera muy injusta: "No puede ser que por tener o no tener plata algunas parejas puedan ser padres y otras no. Es un derecho humano universal el de formar una familia".

Isabel, como las más de mil parejas que pasaron por Concebir en sus 17 años de existencia, padeció de la falta de dinero. Tuvo doce fecundaciones in vitro hasta quedar embarazada de su única hija y, por problemas de fertilidad, le llevó siete años de su vida esta decisión de ser madre. "Nos demorábamos muchísimo porque trabajábamos para ahorrar y hacernos el próximo tratamiento", recordó. "A cada frustración por el fracaso en la búsqueda de nuestro hijo, le sumábamos los problemas de dinero. Sabíamos que volver a intentarlo era privarnos de todo; lo que ganábamos iba para eso".

Pese a ser considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Argentina no incorporó la infertilidad al Plan Médico Obligatorio (PMO), esta especie de canasta básica de prestaciones a través de la cual los beneficiarios tienen derecho a recibir prestaciones médico asistenciales.

La presidenta de Sumate a dar vida, Mariana Contreras, expone sus estadísticas, consensuadas mundialmente. "Una de cada seis parejas en edad reproductiva tiene algún trastorno reproductivo", dijo. Estimó que entre 600.000 y 800.000 pacientes sufren este problema. "Somos personas que podemos planificar nuestra vida hasta cierto tiempo, porque la ciencia nos está vedada a los que no tenemos dinero", protestó. Tiene 42 años y un hijo de nueve, que buscaron durante cuatro años. "Queríamos tener otro hijo, pero en un momento dejamos de buscar. Era demasiado tiempo el que nos iba a demandar y nunca se sabe el dinero que podés llegar a necesitar", explicó Mariana.

En la asociación que preside, una de las dos que tiene personería jurídica (la otra es Concebir), decidieron ponerse en marcha con la junta de firmas para demostrar que son muchos y que quieren que la ley salga. Llevan juntadas 377.501 firmas y buscan 433.000, la cifra para obligar al Congreso a que el proyecto de ley se trate en un año.