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Frente a uno de los problemas estructurales

Daniel Gallo
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2 de febrero de 2019  

De tanto en tanto la Argentina tropieza con sus problemas estructurales. Quedan entonces a la vista las fallas sistémicas que estaban ocultas apenas por el último parche de ocasión. En cuestiones de seguridad pública esas fallas aparecen cuando se quiere resolver un problema puntual y se destapan, casi de casualidad, situaciones que se repiten sin solución desde hace años. El mapa del delito porteño expuso que los robos violentos no disminuyeron y que un considerable porcentaje de esos atracos son cometidos por motochorros. Poco después trascendió que no quedó en prisión ninguno de los 120 delincuentes atrapados en esa modalidad durante 2018. Y un par de casos concretos dejaron a la vista la puerta giratoria judicial. La defensa mediática de una jueza se resume en una frase: el fallo es ajustado a derecho. Poco discutible desde esa posición. Sin embargo, se impone una pregunta: ¿la Justicia y el sentido común avanzan en líneas paralelas?

Se dice que las leyes están abiertas a la interpretación del encargado de llevar adelante un proceso. Quizá, la falla estructural en este caso es no tener una línea clara a seguir en los juzgados. En otra situación se bajó un mensaje claro desde la propia Corte Suprema: los casos de violencia de género. Con una oficina de seguimiento encabezada por vocales del máximo tribunal, seminarios abiertos y reuniones más reservadas se transmitió el concepto de tolerancia cero frente a la agresión a una mujer. No cambió la ley, se modificó la mirada. La cabeza del Poder Judicial marcó el camino sin necesidad de una acordada sobre un caso individual. El problema que se observó en estos días no tiene que ver con una determinada jueza, sino con la idea que los magistrados nada tienen que hacer para mejorar la seguridad colectiva. Al pararse de manera diferente frente a la violencia de género -hoy un agresor no sería considerado dentro de un excarcelable expediente de lesiones leves-, jueces y fiscales se comprometieron a colaborar para frenar potenciales muertes. Para disminuir el delito callejero tal vez sea necesario también un posicionamiento claro.

La modalidad del delito, motochorros en este caso, y la nacionalidad del atacante pueden derivar en movimientos tácticos para evitar determinadas circunstancias. Sin embargo, la mirada estratégica debería mirar a las armas. ¿Solo la mala puntería o la habilidad médica determinan si un caso es de lesiones o intento de homicidio? El Poder Judicial debería tomar posición.

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