La millonaria evasión a los controles aduaneros. Fue allanada una financiera

24 de octubre de 1996

El juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, quien investiga el millonario fraude al fisco mediante la evasión a los controles aduaneros, ordenó ayer el allanamiento de una compañía financiera, situada en Uriburu al 400, donde se decomisó documentación para ser analizada pericialmente. El allanamiento fue efectuado por personal de la Brigada de Investigaciones de Quilmes de la Policía Bonaerense y de la Dirección General Impositiva (DGI) Otro procedimiento se realizó en Olleros al 2700, del barrio porteño de Colegiales. En ese lugar agentes de la DGI inspeccionaron las cuentas de una firma mayorista de productos textiles, de la que sospechaque vendió productos ingresados de contrabando.

Tiscornia ordenó la captura de un empresario, propietario de tres comercios de artículos importados de fotografía y de filmación.

Fuentes policiales señalaron que el empresario prófugo fue identificado como Claudio Sinardi, dueño de tres negocios de óptica situados en la localidad bonaerense de San Miguel.

Otro contrabando

Entre tanto, otro juez en lo penal económico, Jorge Brugo, ordenó el decomiso de un contrabando, por casi un millón de dólares, descubierto a bordo de un buque anclado en el puerto de Buenos Aires, mientras que la Prefectura Naval allanó un depósito de Lafayette al 1600, en Capital, donde se descubrieron raquetas de tenis y zapatillas ingresadas de contrabando.

Ocho toneladas de productos

La embarcación que estaba cargada con 8500 kilos de material quirúrgico, videocassetteras, filmadoras y computadoras, pertenecía a una organización de que está siendo investigada por el juez Brugo. Asimismo, el juez en lo penal económico Julio Cruciani allanó el Banco Mercurio, situado en San Martín 233, de esta capital, por la causa en la que se investiga a una supuesta organización dedicada al contrabando de productos electrónicos

Podrán donar lo decomisado

El presidente Carlos Menem firmò el decreto 1192 por el cual parte de los objetos decomisados en la investigaciòn de la "Aduana paralela" serán utilizados para fines de caridad.

La norma, que fue dada a conocer ayer en la Casa de Gobierno, autoriza también a usar para objetivos benéficos objetos que hayan sido abandonados en la Administración Nacional de Aduanas y que han pasado a propiedad del Estado.

El decreto establece que la Secretaría de Desarrollo Social distribuirá, "entre los sectores más desprotegidos de la población", alimentos, medicamentos, artículos para la higiene personal y el hogar, ropa de cama y de vestir.

Se determinó también que el Ministerio de Educación podrá asignar a establecimientos educativos los equipos y elementos de computación y audiovisuales que hayan sido decomisados.

Otros equipos de computación serán destinados a los ministerios de Defensa y del Interior y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con el objetivo de "contribuir a la modernización del cumplimiento de sus funciones".

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