Fuerte apoyo oficial al monitoreo de las calles
Los gobiernos alientan el uso de cámaras
La posición exhibida por el fiscal Marcelo Lloret, del departamento judicial San isidro, contraria al uso de cámaras de seguridad como prueba de delitos, se opone a la decisión oficial de utilizar esa herramienta tecnológica como uno de los pilares de la seguridad. Así lo entienden por estas horas los gobiernos nacional, bonaerense y porteño.
En abril de 2009 fue Sergio Massa, entonces jefe de Gabinete nacional, quien lanzó de manera oficial un plan de seguridad ciudadana sustentado en cámaras de seguridad. Con el apoyo económico de la Casa Rosada, los municipios bonaerenses aceptaron la convocatoria y empezaron a armar sus redes de vigilancia electrónica.
Un año después, con Massa distanciado del gobierno de los Kirchner, el ahora intendente de Tigre vuelve a exponer las ventajas del uso de cámaras en el caso registrado anteayer en General Pacheco (ver aparte).
La iniciativa que contó con el respaldo monetario del gobierno nacional montó sistemas de cámaras en varios puntos del conurbano. En Tigre, por ejemplo, unas 200 lentes apuntan a las calles para detectar potenciales delitos.
En su lindero municipio de San Isidro, el intendente Gustavo Posse también apostó a la colocación de unas 200 cámaras de seguridad, con la intención de contar con 450 antes de fines de año. Un informe de la Municipalidad de San Isidro indica que 32 personas fueron arrestadas en el último año por delitos o contravenciones observados en el centro de control. En 171 oportunidades la policía fue alertada de un hecho por el equipo de vigilancia.
En esta ciudad, el gobierno de Mauricio Macri dispuso 110 cámaras que se suman a otras 200 privadas o de otros organismos públicos, como la Prefectura, que controlan lo que ocurre en las calles del distrito. La determinación de la administración porteña es fortalecer ese sistema de monitoreo, según relataron en el Ministerio de Seguridad.
Una de las primeras experiencias se llevó adelante en Puerto Madero, con el control de los dispositivos a cargo de la Prefectura. La eficacia de ese monitoreo alentó la imitación en otros puntos de la ciudad y en la bonaerense Pergamino.
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