Costoso enfrentamiento entre funcionarios nacionales. Gastan US$ 1 millón en encuestas similares

El Estado pagará este año cerca de un millón de dólares para realizar dos encuestas nacionales que buscarán diagnosticar lo mismo: el problema de la adicción a las drogas.

La guerra de encuestas está declarada y no es más que la evidencia de un enfrentamiento político más profundo en el gobierno nacional, que anunció que está dispuesto a despenalizar la tenencia de drogas lícitas para su consumo.

El Ministerio de Justicia y Seguridad anunció que comenzó a realizar una encuesta nacional de hogares para diagnosticar el problema de la adicción a las drogas, que sirva de insumo para delinear un anteproyecto de ley que impulsa la despenalización de la tenencia de estupefacientes para su consumo.

Para ello, el 4 de julio de 2007, firmó un convenio con el Indec al que le pagará, en una contratación directa, 2.540.000 pesos para realizar el estudio que abarcará 51.000 viviendas.

En la otra orilla, dentro del mismo gobierno, la Secretaría de Lucha contra las Drogas (Sedronar), con una postura penalizadora, realizará desde junio la tercera edición de su encuesta nacional en hogares, que mide la cantidad de consumidores. Ya previó, según su página web, gastar 1.500.000 pesos para indagar en unos 15.000 hogares. No obstante, al ser consultadas por LA NACION, fuentes de ese organismo dijeron que tienen previsto un presupuesto de un millón de pesos.

Lo llamativo es que la última encuesta de la Sedronar, realizada durante 2006 y abonada en 2007, le costó 1.215.000 pesos. Para realizarla, llamó a una licitación que ganó la consultora OPSM, de Enrique Zuleta Puceiro. En esa misma licitación se presentó el Indec, cuya oferta fue rechazada porque era más cara, dijeron fuentes del organismo a LA NACION.

Ahora, llama la atención que para una encuesta de 51.000 hogares se destinen, directamente, 2.540.000 pesos, y al mismo tiempo, alrededor de un millón de pesos para una de 15.000 viviendas.

Encuestadores de primera línea consultados por LA NACION dijeron que no se justifica que se multiplique el costo casi por tres con la ampliación de la muestra. Si todo sigue como está planeado, entre agosto y fines de 2008, estos dos organismos del Estado estarán midiendo lo mismo.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y José Granero, titular de la Sedronar, están enfrentados al extremo de la incomunicación. Aníbal Fernández impulsó esta iniciativa, con el apoyo de la presidenta Cristina Kirchner, según dijo, y respaldado por un comité científico, integrado por jueces, fiscales y sociólogos.

Granero, casi solo, pretende seguir adelante y no piensa renunciar, al menos no antes de que se apruebe la ley de despenalización. Mientras, sin que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, le atienda el teléfono, ni que el ministro Fernández le responda los tres pedidos de audiencia que le trasladó, se refugia en el oído de Néstor Kirchner. Espera que se aplaquen el conflicto agropecuario y otras urgencias presidenciales para que la Presidenta lo reciba.

Pero, mientas tanto, todo sigue adelante. Aníbal Fernández anunció que comenzó a realizarse la encuesta y firmó un convenio con el gobierno bonaerense para que sumara a sus representes al comité científico.

Granero denunció que dos ONG -Intercambios y la Asociación de Reducción del Daño, (Arda), orientada por la pareja de uno de los integrantes del comité científico de Fernández- son las que llevarán adelante la política antidrogas del Estado.

Granero llamará a licitación para que una encuestadora privada haga su estudio, mientras -como se dijo- Fernández se la encargó al Indec. El relevamiento comenzó anteayer, aunque previamente se había realizado una prueba con un cuestionario modelo y se capacitó a los encuestadores. "Se trabajará durante cinco semanas en la calle y los resultados provisiionales estarán disponibles en julio de 2008", dijeron a LA NACION en el Indec.

Abarcará hogares en ciudades de todo el país con más de 5000 habitantes. Trabajarán en el estudio 869 personas, incluidas coordinadores provinciales, supervisores, encuestadores, jefes de análisis de datos y analistas. Se preguntará sobre el consumo de alcohol, tabaco, drogas ilegales y fármacos. También dónde se obtienen esas drogas. Desde la Sedronar se cuestionó esta última pregunta, defendida por los integrantes de la comisión de expertos de Fernández.

En el fondo, la diferencia es política. A pesar de su postura contraria a la despenalización, en la Sedronar dicen que están dispuestos a dialogar, abordando el problema desde una perspectiva de salud, como lo plantea el Ministerio de Justicia. Pero aún están lejos de sentarse a una misma mesa a conversar.

Mientras sigue adelante el trabajo del comité científico para la redacción del anteproyecto de ley, en la Sedronar avanzan con su propia encuesta, siguiendo un modelo de los organismos internacionales para poder comprar sus resultados con otros países de la región.

Para demostrar que el enfrentamiento no congela a la Sedronar, se realizó hace algunos días en Buenos Aires, en el Hotel Regente, la reunión del Comité Federal de Drogas, integrado por autoridades policiales de todo el país, para coordinar políticas de lucha contra el narcotráfico. No hubo representantes de las fuerzas federales, comandadas por el ministro Fernández. En la Sedronar dicen que les prohíben asistir, pero voceros de las fuerzas señalaron que no estaban al tanto de la realización del evento.

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