Guerra por el río Atuel: antes de que venza el plazo de la Corte, el Gobierno propuso un aporte de $700 millones

MENDOZA.- Mientras Mendoza y La Pampa tiran y aflojan en la histórica lucha por las aguas del río Atuel, la Nación busca interceder para lograr llegar a un acuerdo antes de que se venza el plazo final fijado por la Corte Suprema de Justicia, en menos de una semana.

Según pudo saber LA NACION, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH) propuso en la última reunión de la Comisión Interprovincial Atuel Inferior (CIAI) un valor inicial de correntía intermedio entre ambas demandas. Asimismo, dispone de una serie de obras clave para optimizar la cuenca de la zona con el aporte de $700 millones.

El organismo nacional, conducido por Pablo Bereciartua, presentó la iniciativa en la reunión de CIAI para intentar acercar posiciones en la puja por el caudal mínimo fluvioecológico que reclaman los pampeanos y que se convirtió en una demanda judicial que llegó hasta la Corte Suprema, que les dio un ultimátum a los tres actores para pactar un arreglo definitivo.

En este sentido, el planteo nacional viene a zanjar la discusión sobre la necesidad de una reparación integral de los daños ambientales y de la producción en las zonas donde escasea el vital recurso, a tono con el fallo de la Corte de diciembre pasado donde reconoce los efectos que produce esta situación en la provincia que conduce Carlos Verna.

La propuesta presentada por Nación establece una "inmediata" escorrentía inicial de 2,2 metros cúbicos por segundo para llegar luego a un valor de referencia mínimo de 3,2 m³/s. Hasta ahora se mantuvieron dos posturas, distantes: La Pampa exigía un escorrentía mínima permanente de 4,5 m³/s, mientras que la provincia cuyana planteaba 1,3 metros cúbicos permanentes, con aumentos progresivos en 12 años.

En tanto, la iniciativa de la SIPH llega con $700 millones con el objetivo de cubrir el 70% de las obras consensuadas. El dinero pertenece al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.

Entre las principales acciones propuestas por Nación para lograr mayor caudal en La Pampa se encuentran la realización de pozos y obras de captación de lluvia, trabajos de encauces de agua e impermeabilizaciones. También se propone establecer un orden de prioridad en las obras, en primera, segunda y tercera generación.

Además, se plantea la conformación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA), con presencia activa del Estado nacional y la creación de un consejo consultivo así como de un grupo de seguimiento de las inversiones y de evaluación de eficiencia de riego con medidas de innovación tecnológica.

El rol de la Corte

A fines de mayo, los jueces de la Corte tomaron la decisión de darles una última oportunidad: resolvieron que tanto las provincias como Nación debían avanzar en un plazo de 90 días en una respuesta. Caso contrario, vencida la prórroga, el máximo tribunal tomará una determinación final.

"En el intercambio entre las tres jurisdicciones deberá tomarse en cuenta la propuesta presentada por la provincia de Mendoza el 9 de mayo de 2018. En caso que no arribaren a un acuerdo, se deberán informar las razones que lo expliquen. De no alcanzarse ninguna solución acordada por las tres jurisdicciones, esta Corte definirá el curso de acción ulterior", indica el escrito firmado por Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rossati y Carlos Rosenkratz.

El 20 de febrero había vencido el plazo inicial de treinta días fijado en la sentencia del 1 de diciembre de 2017 sin que las provincias involucradas hubieran llegado a una solución para revertir el daño ambiental en el noroeste pampeano. Luego hubo nuevas instancias para intentar acordar. El 9 de mayo se realizó la audiencia donde quedó en claro que no había un avance concreto. Por tal motivo, el 22 de mayo la Corte hizo el último intento para que las partes puedan entenderse antes del 16 de octubre.