Habría en la ciudad 3000 talleres clandestinos

Cuando pasaron más de cuatro años del incendio en el taller de costura de Luis Viale al 1200, en el que murieron seis personas –cuatro de ellas niños– poco parece haber cambiado. Según Gustavo Vera, referente de La Alameda, organización que denuncia el trabajo esclavo, en la ciudad quedan unos 3000 talleres clandestinos.

"El sistema sigue funcionando y está más aceitado que nunca porque el gobierno porteño disminuyó el ritmo de las inspecciones. Desde que asumió, Mauricio Macri no ha denunciado a ninguna de las grandes marcas y todos sabemos que siguen utilizando talleres clandestinos para confeccionar sus prendas", dijo Vera ante la consulta de La Nacion.

Voceros de la Agencia Gubernamental de Control informaron que, desde el comienzo de 2008 hasta la actualidad, fueron clausurados unos 90 talleres y que cada año superó en clausuras al anterior; mientras que en 2008 no llegaron a cerrarse 20 talleres, en 2009 fueron más de 30 y, en lo que va de 2010, unos 40. Las fuentes explicaron que, durante este año, se concretaron más de 140 fiscalizaciones.

Según Vera, en los talleres clandestinos se trabaja entre las 7 y las 22. Allí –dijo– los trabajadores viven encerrados para evitar llamar la atención de los vecinos.

"Hay entre 7 y 12 personas por taller, es decir, unos 30.000 trabajadores que viven en condiciones paupérrimas. Llegan engañados, les prometen buenos trabajos, les pagan pasajes y, cuando llegan a los barrios, los encierran a trabajar en el taller por muy poco dinero y hasta les exigen que les devuelvan, con trabajo, el costo del viaje", denunció Vera.

Los talleres de costura ilegales funcionan, fundamentalmente, en el sudoeste de la ciudad y han prosperado en las villas. "En la 1-11-14 y en la 20 están la mayoría, los ponen ahí porque tienen más impunidad, ya que las inspecciones no pueden realizarse nunca", dijo Vera, y agregó que, en los últimos años, surgieron muchos talleres en torno de la avenida Avellaneda, donde funciona un polo textil.

Respecto del caso de Angélica Condorí Patty, la madre que trabajaba y vivía en un taller de costura y que abandonó a su hijo en un Coto (ver aparte), la responsable del área de protección de Unicef Argentina, Gimol Pintos, opinó que a la variable pobreza en la Argentina hay que sumarle el tema de ser migrante.

"Además de la situación de precariedad laboral, los inmigrantes tienen dificultad para acceder a servicios y derechos.

Habrá muchos que dirán que la mujer incurrió en una situación de negligencia. Pero una persona que trabaja siendo explotada no está en condiciones de pedir ayuda para sí", opinó Pintos.