Historias de urgencia detrás de la ley que protege a los hijos de víctimas de femicidio y sigue sin reglamentarse

"El miércoles pasado, que llovió mucho, no me quedó otra que abrir el paraguas adentro de mi casa. No podía freír las milanesas de la cena por el agua que entraba por el techo roto. Mis nietos se reían. Yo les decía que no era gracioso. Que más que para reírse, era para llorar".

Esther Robledo no lloró en ese momento. Desde que su yerno mató a su hija, Florencia Albornoz, de 22 años, se muestra fuerte delante de sus nietos. Tiene 67 años y mantiene con su jubilación a Lara, de 12 años y a Valentín, de 14. En diálogo con LA NACION en su casa en Quilmes, ahora sí, llora.

Su hija había denunciado varias veces a su marido, el policía Miguel Ángel Mazó. Las fuerzas de seguridad locales, asegura, lo protegían. Cuatro meses después del asesinato, en 2010, una asistente social de Quilmes llamó a su casa. Quería conocer el estado de la última denuncia. "Mi hija está muerta, la mató el hombre que ella denunciaba", le contestó.

Mazó fue condenado en 2012 a 18 años de prisión por el femicidio de Florencia y de un amigo de ella, Ernesto Escudero. Pero la familia Albornoz no confía en las políticas de Estado para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. "Cuando denunciábamos encajonaban todo, hasta que fue muy tarde", dice Esther junto a una de sus hijas, Valeria.

Fue verdulera y operaria en una fábrica. Hasta que mataron a su hija, trabajaba como empleada doméstica. "Tenía hasta nueve casas por semana. En mi casa no faltaba la plata, pero desde lo de Florencia me tuve que abocar a los nenes. No me alcanza para nada". Está preocupada por las cuentas, pero también por la tutela de sus nietos. Sospecha que el femicida, cuando salga de prisión, pedirá la custodia. Casación disminuyó la pena. La familia apeló y el caso está en la Corte Suprema. Esther necesita poner los documentos de identidad de Lara en orden y pagarle a un abogado. Para eso, como para el techo y la comida, necesita plata.

Unos 20 kilómetros al sur de Quilmes, en Almirante Brown, Lorena Fernández vive con sus dos hijos y sus tres sobrinos. Tiene 40 años y está desempleada. Los seis se mantienen con una asignación estatal insuficiente.

Cuando su yerno, Jorge Elgueta, apuñaló a su hermana María del Carmen delante de sus hijos, en Chile en septiembre de 2016, Lorena se tomó licencia en su puesto en un supermercado y voló a Concepción (al sur de Santiago) para pelear la custodia de sus sobrinos. Habían quedado al cuidado de la familia del femicida, condenado a prisión. "Me tocó dejar a mis hijos, de 12 y 16, y mi trabajo. Me instalé allá sin conocer nada. Nunca había ido a Chile, nunca había siquiera salido de Buenos Aires".

El proceso en la Justicia chilena demoró ocho meses. En septiembre de 2017 el Tribunal de Familia de Concepción le entregó la tutela y Lorena volvió a Buenos Aires con Alessio (13), Melisa (7) y Madelaine (3). Había perdido su trabajo y sabía que en el departamento donde vivía no entraban todos. Se mudó a lo de su mamá y hace malabares cada mes para pagar las cuentas, comprar la comida y cargar la SUBE. Este año consiguió que el municipio le entregue una casa en comodato y recibe una asignación estatal, pero apenas le alcanza para lo básico.

"Dentro de lo mal que la pasamos, puedo decir que tenemos un hogar y estamos saliendo a flote", dice. "No es fácil. No tengo trabajo y se me hace difícil incluso salir a buscar. Tengo cinco chicos en casa. Entre ellos una bebe de dos años y una nena de seis. Uno de los chicos tiene síndrome de Asperger y en muchas cosas hay que acompañarlo".

Esther y Lorena son dos entre miles de familiares de víctimas de femicidios que en todo el país se hacen cargo de los -aproximadamente- 3000 chicos que se quedaron sin madre porque las mataron sus padres.

Cada víctima colateral (como suele llamarse a los chicos menores de 21 años que quedaron "huérfanos" por un femicidio) debería recibir el monto equivalente a una jubilación mínima (8000 pesos). No lo perciben porque la "ley Brisa", sancionada por el Congreso Nacional en agosto por unanimidad, todavía no fue reglamentada.

"El texto está terminado y el expediente está en manos de la Secretaría de Legal y Técnica", aseguró a LA NACION la titular del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Fabiana Túñez. "Próximamente va a estar la firma del Presidente, que quería una reglamentación que realmente pudiera dar respuesta a los niños y niñas víctimas colaterales del femicidio", agregó.

Consultada sobre la demora, respondió: "Se discutió la normativa desde una perspectiva de género. Se formó una comisión interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Secretaría de Niñez, con el INAM y con la Anses, que abona la compensación económica. Esto causó que el texto nos tome más tiempo del que marca la ley. Lo importante, a veces, no es el tiempo, sino que sea la mejor norma posible. Entendemos las necesidades de las víctimas colaterales y por eso trabajamos lo más rápido que se pudo. Como Estado, la respuesta que tenemos que dar debe ser lo suficientemente sólida como para que se pueda sostener".

Lorena y Ester fueron entrevistadas por separado, pero están en contacto entre ellas y con otros familiares de víctimas que impulsaron la "ley Brisa", reclaman la reglamentación y planean formar una organización para exigir acciones estatales "concretas".

Uno de ellos es Oscar Galliano, el hermano de Rosana Galliano, acribillada en 2008 por un sicario contratado por su esposo, José Arce, y su nuera, Elsa Aguilar. Ambos fueron condenados, pero gozan de prisión domiciliaria y tienen la custodia de los hijos de Rosana. Es decir, los sobrinos de Oscar viven con los asesinos de su mamá. Él vivía en San Luis y se mudó a Buenos Aires para estar cerca suyo y pelear la tutela en la Justicia.

La "ley Brisa" no aplica en su caso. Pero acompaña a Lorena y a Ester en el reclamo. Y viceversa. En el grupo también participa Leónidas Matheu. Su hija, Mara, fue violada y asesinada hace diez años en Santa Teresita. Él también fue uno de los promotores de la sanción. Junto a otros familiares de víctimas se organizan para promover "acciones concretas" contra la violencia de género y por el resarcimiento de los allegados a las víctimas de los crímenes. Críticos de la gestión estatal contra la violencia género, creen que falta "voluntad" y "efectividad" política.

"En el Estado es todo folletería. La línea 144 no funciona. Si te atienden te derivan, el caso queda en nada", dice Galliano a LA NACION.

"Empezamos a pedir audiencias con distintos bloques de Diputados para hacer visibles las historias, porque era realmente importante. Hasta que se logró", agrega Lorena desde su casa en Almirante Brown. Su tono es suave, cariñoso. Con esa voz "militó" la "ley Brisa", que llevaba dos años encajonada y fue sancionada este año. "Ahora queremos que el Gobierno la ponga en práctica. Que los chicos puedan empezar a cobrar".

Muchos sufren secuelas por los femicidios, aseguran los familiares de las víctimas. Una de las nenas se corta el cuerpo; otra tiene depresión. De lo que más se lamentan los hombres y mujeres que se hicieron cargo de los hijos de sus familiares, más allá de los problemas para ocuparse de las necesidades básicas, es de no poder ofrecerles tratamiento psicológico. Lorena lo resume: "El femicidio de sus mamás los va a acompañar de por vida. No sólo necesitan comer, ir al colegio, jugar. Necesitan acompañamiento profesional. Y esto es urgente".

LEY BRISA

• La "ley Brisa" crea un régimen de pagos para chicos, chicas y adolescentes cuyos padres fueron procesados o condenados por el asesinato de sus madres.
• El problema, como con otras normas que ya fueron sancionadas pero no se ejercen en la práctica, es que la ley no está reglamentada.
• El plazo máximo de 30 días hábiles después de la sanción venció y los familiares de víctimas que promovieron la iniciativa en el Congreso temen que se transforme en letra muerta.