Hubo alguien que no cumplió su obligación

LA PLATA.- La rotura de las compuertas del bajo Vidaña, más allá del previsible conflicto que generó entre los pobladores de Rivadavia y Trenque Lauquen, planteó una cuestión vinculada con el grado de responsabilidades que deben asumir las autoridades a la hora de resguardar las posesiones del Estado.

El cuadro de situación es lo suficiente claro para que no genere dudas: la provincia de Buenos Aires ejerce la máxima potestad sobre sus bienes, por lo que, en consecuencia, tiene jurisdicción sobre la conflictiva compuerta. Por su parte, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por medio de la Dirección de Hidráulica, le pertenece patrimonialmente.

Sin embargo, las dudas surgen cuando de la protección de esos bienes se trata. Desde el propio ministerio de Seguridad se reconoció que es la policía la encargada de esa tarea. Pero, lejos de haber cumplido con ese rol, resultó evidente que no fue precisamente eficaz la presencia de esa fuerza de seguridad para evitar la rotura de las compuertas.

Un funcionario de la cartera de Seguridad admitió que "evidentemente, esa situación nos sobrepasó", y que "está claro que no se tomaron los recaudos necesarios para impedir lo que finalmente ocurrió", ante la certeza de que sólo se trataba de una "manifestación pacífica", tal como lo expresó el propio intendente de Rivadavia, Sergio Buil, cuando el lunes último se posicionó al frente de la marcha. Mientras las aguas bajaban sin control hacia Trenque Lauquen, la tardía presencia de uniformados no sirvió de mucho.

El ministro de Obras Públicas, Julián Domínguez, al ordenar el cierre de las compuertas, aseguró que "nuestro deber es velar por todos".

Esa misma frase, en realidad, se debería haber escuchado el lunes último.