Hubo más política que hechos concretos

La Ciudad recaudó en diciembre el 46% menos que hace un año; las deudas de la Legislatura No pudo ser votado el presupuesto 2002 Denuncias de ineptitud y corrupción terminaron con renuncias de funcionarios Tampoco se sancionó la ley de comunas
Cynthia Palacios
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31 de diciembre de 2001  

El jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, convocó de urgencia, en julio último, a la plana mayor de la Ciudad. El tema era cómo evitar que la crisis económica que vivía el país tuviera un efecto dominó sobre la ciudad.

Ibarra intentó llevar un mensaje tranquilizador. "Nosotros ya cumplimos con el déficit cero, así que acá se van a pagar los sueldos y el aguinaldo. No va a haber ajuste", dijo.

El secretario de Hacienda, Miguel Angel Pesce, que tenía enfrente las últimas cifras de lo recaudado por las arcas porteñas, disintió: la proyección hasta diciembre anunciaba que los ingresos fiscales se reducirían un 2% respecto del año anterior.

Se quedó corto. Los números hablan de que en el último mes la recaudación cayó el 46%. En todo el año, la sistemática merma de lo recaudado fue del 8,4 por ciento.

Ese fue uno de los temas del año. Tanto que, ante este panorama en el que las estimaciones oficiales no logran equilibrarse con los índices de la realidad, los diputados porteños resolvieron no sancionar el presupuesto previsto para 2002.

Por acción directa o indirecta de la economía, los cambios en la administración de Ibarra fueron constantes. En mayo, una reforma administrativa y política eliminó la Secretaría de Gobierno, que ocupaba Raúl Fernández, quien se convirtió en jefe de gabinete. El objetivo era delegar en la nueva figura atribuciones del jefe de gobierno. Así, se eliminaron una secretaría, tres subsecretarías y 22 direcciones generales.

El médico Marcos Buchbinder, luego de ser interpelado en abril en la Legislatura porteña por la falta de personal y el estado de deterioro de diversos hospitales públicos, fue reemplazado por el ex ministro de Salud alfonsinista Aldo Neri.

Al mover sus fichas, Ibarra fue particularmente cuidadoso en mantener un equilibrio entre radicales y frepasistas. El mensaje era "en la Capital, la Alianza se mantiene".

Sin embargo, a mediados de octubre último, Liliana Chiernajowsky dejó su cargo como vicejefa de gabinete, para acercar su posición al ARI, de Elisa Carrió.

La formación de esa fuerza obligó a más cambios. Norberto La Porta, secretario de Medio Ambiente, presentó la renuncia cuando decidió ser candidato por el ARI. Fue reemplazado por el subsecretario de Medio Ambiente, Eduardo Ricciutti. Más allá de los tiempos electorales, se dejó entrever que el cambio respondía a cierta disconformidad hacia la dinámica de la cartera.

El 16 de noviembre, el subsecretario de Seguridad porteño, Eduardo Thšlke, fue obligado a renunciar luego de afirmar públicamente que la seguridad de la ciudad había colapsado y de acusar a la Policía Federal de financiarse con la prostitución.

Aunque este año ingresó el primer proyecto de creación de la Policía Metropolitana a la Legislatura, el traspaso de la fuerza está trabado hasta que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate la denominada ley Cafiero, que impide a la Capital tener su propia fuerza de seguridad.

En realidad, el traspaso de la Justicia y de la policía sólo tendrá resolución cuando exista la voluntad política de realizar el cambio de órbita con el debido presupuesto.

El 27 de noviembre, luego de numerosas denuncias de corrupción contra la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, se aceptó la renuncia de su titular, Horacio Spandonari, y se impulsó un proyecto de reestructuración del área. El funcionario debió dimitir luego de que el cuerpo de inspectores fue sindicado como una enquistada cadena de corrupción.

El 23 de noviembre hubo más cambios: Gabriela González Gass reemplazó a Daniel Figueroa en Promoción Social. Alfredo Stern juró como secretario de Salud, cargo que quedó vacante al asumir Aldo Neri como diputado de la Nación.

Los diputados porteños no podrán terminar este año con el sabor del deber cumplido. Hay leyes importantes para la vida de la Ciudad que siguen pendientes. Sólo sesionaron durante 32 de los 52 jueves que tuvo el año. Y en el recinto, los discursos políticos se escucharon más que las necesidades de los vecinos.

Se votaron 173 leyes este año. Con 32 sesiones ordinarias, seis especiales y dos extraordinarias, los proyectos por discutir se acumulan. El 31 de septiembre último venció el plazo constitucional para que las comunas porteñas estuvieran en funcionamiento. Nadie se inmutó.

La ley de educación, la electoral y el Plan Urbano Ambiental deberán seguir esperando. Hasta el presupuesto para 2002, por primera vez desde la autonomía porteña, se postergó sin fecha cierta.

Así y todo se votaron leyes importantes. La norma que regula el funcionamiento de los geriátricos privados, la ley de turismo, la de la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra la hepatitis A, la que autoriza al Ejecutivo a llamar a licitación para construir nuevas líneas de subterráneos.

Otras, como la autorización a la Fundación Costantini para terminar el edificio del Museo de Arte Latinoamericano insumió muchas, pero muchas horas de debate.

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