Ibarra recusó a seis diputados porteños

Además pidió que se tomen los testimonios de más de 80 personas; el martes los legisladores decidirán los pasos por seguir
Laura Rocha
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10 de septiembre de 2005  

El jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, presentó ayer su descargo por el proceso de juicio político que le inició la Legislatura. En él pidió la recusación de seis de los trece legisladores que conforman la comisión investigadora y que se agreguen como prueba las declaraciones de más de 60 testigos. La presentación será analizada por la comisión investigadora que se reunirá el martes próximo, momento en el que decidirá a qué cosas hará lugar y cuáles rechazará.

El descargo, que tiene más de doscientas páginas, fue presentado a las 9.30 en la Legislatura y recibió el rechazo de algunos integrantes de la comisión investigadora de la sala acusadora y de un grupo de familiares de víctimas de Cromagnon que se encontraban allí, a pesar de que sabían que Ibarra no iría personalmente.

En su escrito, el jefe de gobierno rechazó -como lo había adelantado en conferencia de prensa- las 12 imputaciones que los legisladores le atribuyeron por supuesto "mal desempeño" de sus funciones. Y a primera hora de ayer reiteró sus acusaciones a los diputados porteños, al sostener que el trabajo que hicieron fue "muy poco serio" y que estuvo "operado políticamente".

Además, sostuvo que realizará denuncias penales contra el doctor Juan Antonio Mazzei, por falso testimonio, y contra la diputada María Eugenia Estenssoro (Bloque Plural) por instigación al falso testimonio, presentaciones que hará la semana próxima, según los voceros gubernamentales.

Los diputados porteños recusados por Ibarra son Ariel Schifrin -quien fue director de Descentralización durante su primer mandato-; los macristas Martín Borrelli y Alvaro González; Jorge San Martino (Recrear); Rubén Devoto (Bloque de Izquierda), y Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires). Entre otras causas para solicitar que los seis se aparten de la comisión, Ibarra apeló a la "enemistad manifiesta" en el caso de Schifrin; cuestionó a Borrelli y González porque antes integraron la comisión investigadora; a San Martino y a Devoto por sus anteriores proyectos de resolución de juicio político, y a Enríquez por ser parte involucrada, por haber sido funcionario cuando se habilitó, en 1991, El Reventón, donde después funcionó Cromagnon. A éste último también lo denunció por haber borrado su nombre de un documento.

La defensa comienza con la crítica a la comisión investigadora de la tragedia de Cromagnon. En ella señala la "parcialidad, vaguedad de los términos y manipulación" de los documentos presentados.

Sobre la habilitación del boliche, Ibarra sostuvo que "es un acto administrativo de carácter definitivo. No está sometido a revisión periódica o regular. Ningún inspector vuelve a revisar la habilitación; nunca se procedió así. Por eso este jefe de gobierno cambió este sistema. La tragedia de República Cromagnon no sucedió por falta de medidas y de políticas en el área ni como consecuencia de ellas, sino todo lo contrario, ocurrió a pesar de ellas. En pleno proceso de transformación ocurrió la tragedia".

Reivindicó el manejo de la emergencia esa noche y dedicó el capítulo final al pedido de pruebas. Solicitó que se escuchen las declaraciones de los bomberos y los policías que intervinieron; de especialistas en toxicología de distintas entidades; del fiscal en lo contravencional Luis Cevasco, y que se pregunte por escrito al ministro del Interior, Aníbal Fernández, si existieron comunicaciones telefónicas con el jefe de gobierno. También pidió que declaren otras 55 personas, entre ellas personal de la Morgue Judicial, del cementerio de la Chacarita y tres familiares de víctimas.

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