Indagarán por coimas a Chabán y a un policía
La onda expansiva de la tragedia en República Cromagnon ahora sacudió a la Policía Federal. Ayer, el juez Julio Lucini resolvió tomarle declaración indagatoria a un subcomisario de la seccional 7a. que fue señalado por dos ex empleados del boliche de la zona de Once como el uniformado que habría cobrado una suma de dinero de parte de Omar Chabán, supuestamente para dejar pasar por alto las infracciones que se cometían en el local.
Según fuentes judiciales, el oficial, acusado de cohecho, fue citado para el miércoles próximo. Pero no irá solo al despacho del juez Lucini; lo acompañará Omar Chabán, señalado por la Justicia como el "exclusivo explotador comercial de República Cromagnon" y procesado como presunto responsable de 193 casos de homicidio ocurridos durante el incendio del 30 de diciembre último.
Aunque Chabán fue convocado, no se sabe si declarará o se negará a hacerlo. Hasta el momento, en las dos oportunidades en las que fue llevado ante la Justicia se abstuvo de declarar y tampoco apeló su procesamiento.
La indagatoria del uniformado, identificado por las fuentes judiciales como el subcomisario Carlos Rubén Díaz, había sido solicitada el viernes último por el fiscal Juan Manuel Sansone.
Rueda de reconocimiento
Ese día, el oficial participó, junto con otros cinco jefes policiales, de una rueda de reconocimiento en la alcaidía de Tribunales.
Del otro lado del vidrio, dos ex empleados de Cromagnon señalaron al subcomisario como el uniformado que "recibió de Chabán billetes morados, similares a los de 100 pesos", los tres días en los que se realizaron los recitales del grupo Callejeros, es decir el 28, 29 y 30 de diciembre último.
Una importante fuente de la Policía Federal consultada por LA NACION desestimó la acusación contra el subcomisario. "La policía no tiene el poder para clausurar o permitir el funcionamiento de un boliche. Esa función les corresponde, por ley, a los inspectores del gobierno de la ciudad. Así que no sé por qué se pagaría una coima a alguien que carece del poder para clausurar o habilitar el local", manifestó el jefe policial consultado, que solicitó mantener su nombre en reserva.
Luego de procesar a los acusados que tuvieron que ver con la organización del trágico recital (Chabán, Raúl Villarreal, el jefe de seguridad de Cromagnon; Diego Argañaraz y Lorenzo Bussi, mánager y jefe de seguridad de Callejeros, respectivamente), el juez Lucini dirigió la investigación hacia los funcionarios que permitieron el funcionamiento del boliche.
En su indagatoria, Argañaraz manifestó que Villarreal le pagaba coimas a la policía.
Argañaraz y Villarreal fueron careados y, mientras que el primero insistió en su versión, el colaborador de Chabán la rechazó y negó haber tomado contacto con miembros de la Policía Federal. Argañaraz y Bussi fueron procesados por homicidio culposo, un delito con penas más leves que el imputado a Chabán y a Villarreal, por lo que fueron excarcelados.
En tanto, una testigo aseguró que, entre los gastos que los responsables de Cromagnon anotaban para ser cubiertos figuraban los montos por entregar a efectivos policiales.
Desfile de funcionarios
Un día antes de las indagatorias al policía y a Chabán, el juez escuchará a Fabiana Fiszbin, la ex subsecretaria de Control Comunal del gobierno de la ciudad, quien sería acusada de homicidio culposo.
En tanto que pasado mañana, el magistrado tomará indagatorias a Gustavo Torres y Ana María Fernández, que estaban a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control.
Con estas indagatorias y con las declaraciones de otros nueve funcionarios del gobierno de la ciudad, el juez intentará establecer si existía un acuerdo entre Chabán y los inspectores para que no revisaran sus boliches República Cromagnon y Cemento.
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