Informe preocupante sobre el Riachuelo

A ocho meses de la presentación del plan de saneamiento del Riachuelo, la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, dio ayer, por requisitoria de la Corte Suprema de Justicia, un detalle de los avances. Según informó la funcionaria, los estudios de impacto ambiental que hoy existen "no son confiables" porque no miden la capacidad de recepción de contaminantes del río y aún "no existe un plan activo" de salud para los habitantes de la cuenca.

La unificación de la regulación ambiental, la creación de la autoridad de cuenca -que sólo sería efectiva hoy, cuando los diputados bonaerenses ratifiquen el traspaso de facultades-, el lanzamiento de líneas de crédito para la reconversión de industrias y el fortalecimiento institucional para el control de las industrias fueron los puntos que la funcionaria destacó en una hora de alocución en la audiencia presidida por el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, secundado por los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

Es decir que, según la secretaria, que también habló en representación de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, durante este tiempo se trabajó en las herramientas que permitirán poner en marcha el plan con el que se pretende sanear el Riachuelo en un período de diez años a un costo que supera los 6000 millones de pesos.

Cuando se refirió a algunos controles que comenzaron en la cuenca, aparecieron algunos datos alarmantes: si bien no son totales, en el relevamiento que se presentó se indica que se inspeccionaron todas las curtiembres y las galvanoplastias (donde se hacen cromados) radicadas en la cuenca, así como el 54% de los frigoríficos. Y según las primeras muestras, un total de 19, sólo una empresa cumplía con las normas y la regulación ambiental vigente en cuanto al vertido de líquidos contaminantes. Además, el 82% de esas industrias "emite gases tóxicos". Sin embargo, no se precisó de qué empresas se trataba, que sanción les cabía ni quién había realizado la medición. Tampoco se difundió el número exacto de industrias instaladas en la cuenca, calculadas en 3000.

Cuando Lorenzetti preguntó sobre los estudios de impacto ambiental, Picolotti contestó: "Hoy se mide si lo que se tira cumple con la concentración pedida por la ley. Sin embargo, lo importante no es saber el porcentaje del contaminante, sino la concentración másica del mismo en las aguas, es decir, si éstas están en condiciones de poder procesar ese volumen arrojado". Ese volumen no fue precisado por la funcionaria.

La parte demandante, Beatriz Mendoza y dos centenares de vecinos damnificados, se mostró poco optimista. "Más allá de las explicaciones, entendibles, reiteramos al máximo tribunal que se expida sobre la atención médica inmediata a la población y sobre las políticas de saneamiento", dijo Daniel Sallaberry, del estudio Araya, Belossi Sallaberry & Kaplun.

En el mismo sentido se expresó el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino: "No hay un plan sanitario en la búsqueda de los que ya están sufriendo la contaminación".

También mostraron su descontento algunas empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Dock Sud que se niegan a mudarse de esa zona. "La secretaría no ofreció un plan de relocalización para las empresas. Y tampoco se contactó con las 300 familias que perderían su fuente de trabajo de cerrar los depósitos", expresó la cámara que los agrupa.

Según el plan del Gobierno, diez empresas químicas deben ser relocalizadas. "Yo no voy a negociar las políticas con las empresas. Es una decisión de los funcionarios, que para eso estamos", les respondió Picolotti.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales reiteró el pedido a la Corte de incorporación de un cuerpo técnico pericial que brinde asesoramiento y que aún no fue convocado.