Inhibieron los bienes de Aníbal Ibarra

El jefe de gobierno minimizó la medida y anunció que el viernes se presentará en la Legislatura, donde dará explicaciones
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25 de enero de 2005  

La jueza María Angélica Crotto dispuso la inhibición de los bienes del jefe de gobierno, Aníbal Ibarra; del ex secretario de Seguridad Urbana Juan Carlos López, y de la ex subsecretaria de Control Fabiana Fiszbin, para asegurar el eventual resarcimiento de las víctimas, el pago de las costas y la también eventual responsabilidad de esos funcionarios en la tragedia de la disco República Cromagnon, en la que murieron 191 personas y otras 800 resultaron heridas.

En el gobierno porteño aseguraron no haber sido notificados por la magistrada y, de cualquier manera, le restaron importancia a la medida judicial. A cambio, además, propusieron que el jefe del Estado local se presente el viernes próximo en la Legislatura. Así lo anunció Ibarra en una conferencia de prensa que empezó él y que, para impedir preguntas que pudieran comprometerlo, dos minutos después continuaron el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, y la legisladora Laura Moresi (Frente Grande).

"Voy a ir el viernes a la Legislatura para informar a los legisladores sobre los hechos ocurridos en República Cromagnon. La reunión se hará en el recinto y con la presencia de los medios", señaló Ibarra. Inmediatamente, se levantó y se fue, de modo de evitar responder sobre la causa judicial.

"No tenemos ninguna notificación sobre la inhibición de los bienes. De cualquier manera, es una medida que no involucra a la ciudad, porque es individual", aseguró por la noche la procuradora general porteña, Alejandra Tadei.

"Es una medida normal, natural en estos casos. Ibarra no está preocupado", respondió otro funcionario del gobierno porteño que también supuso que el jefe de gobierno apelaría la medida solicitada por el abogado Fabián Bergenfeld, patrocinante de la querella por la muerte de Luis Alberto Santana, redactor de Crónica TV y una de las víctimas de la tragedia.

La medida judicial

La resolución es cautelar. Esto no implica que Ibarra, López y Fiszbin ya estén sometidos efectivamente al proceso, pues aún no han sido citados a declarar como imputados ni pesa sobre ellos algún tipo de procesamiento o medida de coerción. En realidad, tal medida se toma en virtud de que al haber resultado acusados en el contexto del expediente podrían efectivamente ser sometidos a proceso. Entonces sí existiría una real posibilidad de que en el futuro puedan enfrentar demandas de tipo económico.

La jueza Crotto ya había dictado idéntica medida el lunes de la semana pasada sobre Omar Chabán, el único detenido por el caso.

El abogado Bergenfeld, que confirmó a LA NACION el dictado de la resolución, dijo que ya han sido librados los oficios judiciales a los registros nacionales de la propiedad inmueble, de la propiedad automotor, al Banco Central y al registro de buques y aeronaves para que se traben las inhibiciones correspondientes.

"El fiscal Juan Manuel Sansone había acogido favorablemente nuestro pedido en su correspondiente dictamen, a los fines de salvaguardar los derechos de las víctimas y para que los acusados puedan, eventualmente, hacer frente a la pena pecuniaria y a las costas del proceso. Con esto, dentro de las posibilidades, está asegurada la percepción de crédito de los reclamantes. Cuando se levante el secreto de sumario podremos ver el expediente y entonces podríamos estar en condiciones de solicitar la indagatoria de Ibarra y de los ex funcionarios", explicó Bergenfeld.

Para el querellante, al jefe de gobierno porteño podría caberle una imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Antes de esta tragedia había recibido claros indicios sobre las irregularidades de muchos locales. Había dictámenes de la Auditoría General de la Ciudad, de la Defensoría del Pueblo y de la propia Legislatura y él nunca respondió", explicó.

La sesión legislativa

En el gobierno porteño minimizaron las declaraciones del abogado y cambiaron el foco hacia la presentación de Ibarra en la Legislatura, tema adelantado por LA NACION en su edición de ayer.

El jefe de gobierno anticipó que dará las explicaciones correspondientes en el recinto, ante los diputados y con la presencia de los medios. No aclaró si también habrá público.

La sesión extraordinaria comenzará a las 17, horario que no fue del todo bienvenido por la oposición. "Está claro que está dispuesto a que termine bien tarde, de modo que los medios no puedan recoger bien las impresiones, y que es antes de un sábado, cuando hay menos repercusión radial. Pero no vamos a discutir eso. Lo importante es que Ibarra dé la cara y ofrezca las explicaciones del caso", señaló el vicepresidente de Compromiso para el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.

En la Legislatura, la bronca no pasó por el horario, sino por la discusión sobre si habrá o no público en las gradas. "Si se decide que no se permite el ingreso de los familiares, iremos a la Justicia. Es un tema central", adelantó el ex zamorista Daniel Betti, del Bloque del Sur.

"Esto se resolverá el miércoles (por mañana) en la reunión de Labor Parlamentaria", explicó Moresi. Raúl Fernández agregó que el gobierno "no buscará armar una sesión sin público, pero sí una sesión en la que se pueda hablar".

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