Investigan a la Magistratura porteña

Acusan a ex empleados del cuerpo encargado de elegir a los jueces locales; analizan la adquisición de edificios e insumos
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14 de mayo de 2003  

Cuatro sumarios administrativos internos señalan que, a comienzos de 2000, el Consejo de la Magistratura porteño, organismo encargado de la organización del Poder Judicial de la Ciudad y de proponer a los jueces y velar por su integridad, cometió serias irregularidades administrativas en la adquisición al contado de dos edificios por 3.800.000 dólares y en dos compras de 677 computadoras, 450 impresoras y 265 aparatos de fax, por unos 750.000 dólares.

Estas conclusiones, por las cuales se dispuso la suspensión de un director general de Ejecución Presupuestaria del organismo, de un ex secretario letrado y de una empleada, serán incorporadas a la causa penal en la que se investiga a todos los ex miembros del cuerpo que dejaron sus cargos el 20 de diciembre último. Esa causa, radicada en el juzgado de Ricardo Warley, está paralizada a la espera de que se designen los peritos para establecer a ciencia cierta el valor de los edificios adquiridos, aunque el juez, hace una semana, formó un incidente con este tema, para seguir adelante con el caso, dijeron fuentes judiciales.

En esa causa están imputados el ex presidente del Consejo,Juan Gauna y todos los ex consejeros, junto con Norberto Urfeig, el ex director exonerado. Zenón Ceballos, abogado de Gauna, dijo a LA NACION que todos los ex consejeros presentaron sus descargos ante el juez y aseguró que las tasaciones van a probar que las compras se realizaron por debajo de los valores de mercado.

Urfeig, que tras su cesantía presentó un amparo al que se hizo lugar, pero que fue nuevamente suspendido, dijo que está siendo objeto de una persecución y que su poder de decisión económica no excedía los 10.000 pesos. Explicó que las resoluciones eran tomadas por todo el Consejo. "Esto tiene un trasfondo político, donde el actual Consejo, dependiente de la Legislatura, persigue al anterior y pretende hasta anular los pliegos de nombramientos de jueces ya elevados", dijo Urfeig. La denuncia fue presentada por la legisladora del PJ Alicia Pierini.

No obstante, el ex funcionario aseguró que en la época fundacional del Consejo de la Magistratura, cuando recién se instalaba, "había una gran improvisación por falta de personal y de elementos", pero indicó que la compra de uno de los edificios se realizó por debajo del valor fiscal.

El sumario administrativo cuestiona la compra, en diciembre de 1999, de un edificio en la calle Hipólito Yrigoyen 932, pagado al contado en 1.550.000 dólares. Se dijo que la adquisición decía hacerse con urgencia para instalar juzgados y se realizaron tasaciones inmobiliarias que luego fueron desconocidas. Se cuestionó que el inmueble no era apto, hasta tal punto que a tres años de la compra aún está en refacciones. Se pagó una comisión inmobiliaria del 3 por ciento a un supuesto agente, que no figura en ninguna actuación administrativa, y se pagó el IVA, cuando estaba exento.

En la adquisición del edificio de Tacuarí 138, en diciembre de 2000, por 2.250.000 dólares, realizada en efectivo, el sumario denunció que existió un peritaje apócrifo del Banco Nación y que no pudo comprobarse la existencia de las inmobiliarias que intervinieron en otras tasaciones.

Pero, además, se lo compraron a María Cristina Graciela Bastida, que el mismo día de la venta aparece adquiriendo el mismo edificio a otra persona, por 700.000 dólares.

Además se cuestionaron dos adquisiciones de computadoras y de máquinas de fax. La mitad de ellas está aún depositada en el subsuelo del Consejo de la Magistratura porque los juzgados para los que estaban destinadas nunca fueron creados. Corren el riesgo de volverse obsoletas. La oferta se hizo por licitación privada y la adjudicación se realizó a un vecino de Ezpeleta, que arma clones en su garaje, y a un señor, propietario de una empresa "unipersonal".

Contratos polémicos

Edificios: se cuestiona la compra de un inmueble en la calle Hipólito Yrigoyen 932 y otro en Tacuarí 138. Se pagaron al contado 3.8000.000 dólares. Uno de ellos se adquirió a una mujer que lo escrituró a su nombre el mismo día en US$ 700.000. Se pagó un 3% como comisión a una inmobiliaria y se abonó el IVA, que no correspondía.

Computadoras: los sumarios cuestionan dos compras de computadoras y máquinas de fax para juzgados aún inexistentes. Se habrían hecho mediante licitación privada y los ganadores fueron dos proveedores que no reunían lo requisitos.

Aire acondicionado: ganó la licitación una empresa y sus competidores eran el padrastro y un amigo del vencedor, que se repartieron los servicios.

El centro de una pelea política

El Consejo de la Magistratura porteño aparece en el centro de una pelea política donde Alicia Pierini (PJ) desde la Legislatura acusa a ex integrantes. Si bien se previó que sea constituido por nueve miembros, lo conforman sólo seis representantes de los abogados y los legisladores. Aún no se incorporaron los representantes de los jueces.

La gestión anterior, la primera, fue presidida por el radical Juan Octavio Gauna. Los miembros salientes denunciaron que el actual Consejo está condicionado desde la Legislatura y reivindican su gestión como independiente. Actualmente, el órgano está conformado por Bettina Castorino, Juan De Stefano, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, María Magdalena Iraizoz, María Celia Marsili y Diego Jorge May Zubiría.

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